El alcalde de Carboneras demora la revisión de la licencia de El Algarrobico al pedir un informe sobre los pasos a seguir

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha solicitado a la secretaría municipal del Consistorio que emita un informe en el que se detalle el procedimiento a seguir para efectuar la revisión de oficio de la licencia de obras concedida a Azata del Sol en enero de 2003 para edificar el hotel de El Algarrobico y la legislación aplicable. La finalidad, dice, es dar cumplimiento a la sentencia que declaró nulo este permiso municipal.

Así lo ha trasladado a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que el pasado 9 de marzo dio un mes de plazo al primer edil carbonero para que ejecutara lo que ya le pidió en una providencia de 9 de febrero de 2024 (ejecutar una sentencia firme desde 2021), con la advertencia expresa de que si no cumplía podría multarlo y pedir a la Fiscalía que le investigase por un posible delito de desobediencia.

El TSJA pedía exactamente que Hernández le acredite “la incoación del procedimiento de revisión de oficio”. La respuesta del alcalde no da respuesta exacta a lo que le exigió el máximo tribunal andaluz, puesto que no incoa ningún procedimiento. El regidor opta por contar con un informe de manera previa a dar inicio al expediente de forma directa.

La respuesta no satisface a Greenpeace, cuyo abogado José Ignacio Domínguez cree que es una nueva muestra de la estrategia dilatoria que, desde hace casi una década, mantienen los alcaldes del municipio a la hora de ejecutar las sentencias judiciales. “No tiene que pedir ningún informe, fue el alcalde el que concedió la licencia y él puede iniciar el expediente, que consiste en pedir un informe al Consejo Consultivo Andaluz (que ya ha dicho que la licencia es ilegal y hay que demoler) y luego dictar una resolución anulando la licencia o legalizándola. Lo explica la Ley de Procedimiento Administrativo Común , artículos 106 a 111”, señala a elDiario.es Andalucía.

La licencia de obras fue otorgada el 20 de enero de 2003 por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Carboneras, que actuó por delegación del alcalde, a quien era el que tenía atribuida la competencia.

Dos sentencias pendientes de ejecución

La vía judicial para demoler El Algarrobico pasa por la ejecución de dos sentencias firmes desde hace años que el Ayuntamiento no termina de ejecutar. Una, ordena revisar la licencia de construcción; la otra, obliga a clasificar el suelo como no urbanizable de especial protección.

La Sala volvió a pedir la ejecución del fallo destinado a la revisión de la licencia ante la petición que Azata del Sol reiteró en diciembre de 2024, por la cual reclamaba el cumplimiento de la resolución de febrero por la que ya se dio un mes al anterior alcalde Felipe Cayuela para iniciar el expediente.

El objetivo es que se dé cumplimiento a la sentencia firme en la que se señala que la licencia presenta “vicios de nulidad”, de modo que su anulación sería uno de los pasos necesarios para acometer la demolición del polémico inmueble y “devolver a su estado originario” el paraje, “que debió mantenerse inalterable”, según concluyó el Tribunal Supremo (TS).

Esta es la vía preferida por la Junta de Andalucía, mientras que el Gobierno central prefiere ahora la expropiación, ante los reiterados fracasos que de momento cosecha la vía judicial.

El TSJA requirió al Ayuntamiento para que inicie ya la revisión, aunque no se pronunció sobre la posibilidad de que sea el propio TSJA el que, subsidiariamente, ejecute la sentencia y revise el expediente, tal y como interesó la propia constructora en su escrito inicial y también apoyaron los colectivos ecologistas.

A este extremo, sin embargo, se opuso la Junta de Andalucía, que si bien sostiene que la anulación de la licencia es la vía más corta para tumbar el hotel, cree que solo el Consistorio, en el que actualmente el PP conforma equipo de gobierno con el liderazgo de un único edil de CS, tiene la potestad para efectuar dicho trámite en virtud del “principio de identidad”, dado que fue al Ayuntamiento al que se impuso la “obligación de admitir y tramitar el procedimiento administrativo”.

El alcalde de Carboneras también remitió la semana pasada al TSJA la corrección de errores en los documentos técnicos de su plan de ordenación urbana en el procedimiento que se sigue para declarar de manera efectiva como “no urbanizables” los terrenos de El Canillar y El Algarrobico. En este caso, se trata de cumplir una sentencia dictada en 2016 y firme desde 2018, cuya ejecución ha pasado por todo tipo de circunstancias y sigue sin llevarse a cabo nueve años después.

El Ayuntamiento pretende que dicho trámite permita dar cumplimiento al fallo que obliga a reclasificar los suelos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en los que se asienta parte del hotel, aunque desde Greenpeace sostiene que, pese a dicho trámite, los suelos son aún “urbanizables” puesto que no se han cumplido “todos los trámites necesarios”, al no haberse publicado la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Almería ni haberse remitido el cambio a la Junta de Andalucía para su registro posterior.

La vía de la expropiación

En paralelo, el Gobierno inició el pasado 11 de marzo el procedimiento para expropiar la mitad de los terrenos en los que se asienta el hotel así como el propio inmueble en la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre, al publicar en el BOE la declaración de utilidad pública aprobada en Consejo de Ministros.

El Gobierno ha publicado ya dicho acuerdo además en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, en un diario de gran difusión de la provincia y a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carboneras. Con ello, el periodo de 15 días de exposición pública para hacer alegaciones a fin de subsanar únicamente “posibles errores en la identificación del bien a expropiar” comenzó a contar el pasado 2 de abril.

Finalizado el plazo de información pública, el Ejecutivo debe resolver sobre la necesidad de ocupación, previo informe preceptivo de la Abogacía del Estado. Cumplimentado dicho trámite y una vez firme el acuerdo de necesidad de ocupación, se debe iniciar la fase de determinación del justiprecio.

El Gobierno, que ha alentado a la Junta de Andalucía a adoptar un procedimiento paralelo para expropiar los terrenos y el hotel que ocupan parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, cifra en 16.432 metros cuadrados la superficie afectada por la servidumbre de protección del litoral que debe estar libre de edificaciones de uso residencial, esto es, poco más de la mitad de los 32.654 metros cuadrados de la parcela que, según Catastro, es propiedad de Azata del Sol.