Cuál es la contaminación radiactiva de Palomares y dónde se concentra son cuestiones esenciales para garantizar la seguridad de los vecinos de esta pedanía de Cuevas del Almanzora, marcada desde hace 56 años por un accidente nuclear en el que cayeron en su territorio cuatro bombas nucleares, dos de las cuales se rompieron parcialmente liberando material radiactivo. El Consejo de Seguridad Nuclear acaba de recibir una denuncia para que garantice que las zonas con riesgo radiológico son inaccesibles a cualquiera que pasee por Palomares.
Solo en 2007, 41 años después del accidente, el Consejo de Seguridad Nuclear ordenó el “vallado inmediato” de ciertas zonas (alguna, en mitad del pueblo), tras constatar que en ellas se generaba una radiactividad peligrosa para el ser humano. Se trata de un vallado “poroso”: una verja metálica que impide el acceso a las personas, pero no, por ejemplo, que lo hagan algunos animales. Tampoco se indica que se trate de una zona con riesgo radiológico, aunque sí se informa de la restricción de acceso. España no ha informado a la Comisión Europea de sus avances para limpiar definitivamente el lugar, aunque había sido requerida para presentar un informe, tal y como ha informado elDiario.es Andalucía.
Ecologistas en Acción siempre ha defendido que el vallado es insuficiente para proteger la salud de las personas: en primer lugar, porque habría puntos radiactivos fuera del vallado. También porque el viento, la lluvia, la fauna silvestre y la doméstica siguen esparciendo las partículas de plutonio al colarse en el interior de la zona restringida. Por último, por la falta de señalización adecuada.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) mantiene que fuera del vallado no hay zonas peligrosas.
José Herrera Plaza, periodista e investigador del accidente, acaba de presentar una denuncia por la supuesta existencia de elevados niveles de radiactividad fuera del perímetro vallado, según los análisis independientes realizados en Suiza que ha acompañado a la denuncia. En dos casos se trata de zonas de tránsito, por las que cualquier persona puede circular sin restricciones.
Herrera comprobó con sus propios ojos cómo la aguja roja de un medidor alfa se disparaba en el primero de los puntos que ahora denuncia, situado junto al cementerio. Allí se realizó un desmonte para instalar un poste eléctrico. “La tierra presenta un elevado nivel de radiactividad con migración horizontal por escorrentía”, advierte la denuncia.
El segundo punto está en calle Diseminado de la Punta, en la denominada zona 3. En este terreno, situado en mitad del pueblo, cayó la tercera de las bombas liberando plutonio radiactivo tras el impacto. El terreno está vallado, pero según Herrera, el perímetro no cubre la totalidad de la zona radiactiva. Tres de las cinco muestras que tomó a cinco centímetros de profundidad superan los límites reglamentarios, alcanzando un máximo de 61 bequereles/gramo de americio 241, según el análisis. Habría además actividad radiactiva de isótopos de plutonio 238, plutonio 239+240 y plutonio 241. Esta es una zona de tránsito diario de personas a pie. Hay, además, signos que indican que el ganado podría haber removido esta tierra y comido de ella. “La valla tendría que haberse instalado en el inicio del asfalto, sin dejar arcén”, señala Herrera.
La tercera denuncia se refiere al almacenamiento de 670 kilogramos de tierra “de baja actividad radiológica” (según el CIEMAT) que fue trasladada sin aviso de vuelta a Palomares en noviembre de 2016, tras permanecer durante años en sus instalaciones de Madrid. Está dentro de los terrenos vallados, pero Herrera no comprende por qué ese material, almacenado en Madrid en una instalación radiactiva de segunda clase y controlado por personal especializado, ha sido devuelto a Palomares en contenedores de obra. “Aunque no suponga riesgo para las personas, supone una publicidad negativa, un estigma adicional y un quebranto a la dignidad de los palomareños”, subraya la denuncia.
El CSN niega cualquier actividad radiológica fuera del perímetro de seguridad. “El CSN no tiene constancia de la existencia de zona alguna, fuera del vallado, con índices de radiactividad superiores a los permitidos para zonas sin restricción”, asegura el organismo en respuesta a este medio. También, que la tierra que devolvió a Palomares suponga riesgo alguno para la salud. Se trataría de “muestras ambientales inalteradas” necesarias para la caracterización radiológica de los suelos. Fueron devueltas a la zona donde son almacenadas por si fueran necesarias en momento posterior. En su día, el CIEMAT señaló que se trataba de material de “baja intensidad” radiactiva.
Otra de las herramientas esenciales para medir la radiactividad en Palomares es el mapa de valores radiológicos ambientales PVRA REM, que muestra la radiactividad de los isótopos de americio 241 y plutonio 241. Son datos recogidos en una treintena de puntos, a partir de muestras muy diversas: lechugas, brócoli, sandías, caracoles, conejos, acelgas, hinojos, suelo, agua de lluvia o miel. En un análisis remitido a la Dirección General de Energía de la Comisión Europea a finales de 2020, España admitió la existencia de 72 muestras contaminadas con partículas radiactivas de un total de 107.
En ese informe, el CSN anunciaba también la colaboración de un cazador para obtener muestras de conejo, un animal que puede ser representativo al constituir uno de los primeros eslabones animales que podría incorporar los elementos radiactivos a la cadena trófica. Ya en 2012 se tomaron muestras de estos animales.
Pues bien, las muestras de conejo de la zona 6, obtenidas el 15 de octubre de 2020, muestran un incremento respecto a la cifra de 2012. El americio-241 en la muestra conejo de caza pasó de 2,900 bequereles por kilo húmedo en 2012 a 4,39 en 2020, mientras que el plutonio 239+240 pasó de 2,72 bq/kg húmedo a 5,37. El aumento también se registró en el otro punto donde se tomó la muestra, en la zona dos: de 2,254 bq/kg de plutonio 239+240 en 2012 a 3,500 en la muestra tomada el 17 de noviembre de 2020; y de 2,600 de americio 241 en 2012 a 4,51 en 2020.
Herrera es una de las personas que mejor conoce todo lo relacionado con el accidente de Palomares. Lleva años investigando el accidente y sus consecuencias, ha escrito varias obras sobre el asunto, y asesoró en la labor de documentación de la reciente serie documental Palomares Días de plutonio y playa (Movistar +). Cree que estos tres ejemplos ponen de manifiesto la dejación de las autoridades para proteger de manera efectiva la salud de los vecinos y visitantes de Palomares. “Está vallado un metro por delante de lo que debería, pero no mueven un dedo ni para mover una valla”, lamenta.
“Siguen diciendo que no hay riesgo para la población, pero están mintiendo e incumpliendo la legislación internacional: los riesgos de los isótopos son insoslayables, y más en zonas aledañas. Es uno de los tóxicos más potentes. Que haya plutonio espurreado en la zona aledaña del pueblo ya es un riesgo”.
“La radiactividad no está esparcida de forma uniforme”, añade José Ignacio Domínguez, abogado de Ecologistas en Acción. Aún recuerda cuando acompañó a la televisión alemana y registraron miles de bequereles. “Cien metros más al sur no hay nada”, dice. “Están jugando con la salud de la gente. Es una salvajada tener a la gente conviviendo con la radiactividad, y ningún político se rasga las vestiduras. Los tienen de cobayas: un laboratorio a cielo abierto”, denuncia.
No es la primera vez que se denuncia la radiactividad en zonas no valladas de Palomares. Ya lo hizo Greenpeace después de tomar muestras en 2015, y anunció que pediría una investigación. En 2017, Francisco Castejón (científico del CIEMAT, hoy consejero del CSN y colaborador de Ecologistas en Acción) admitió en El Objetivo que la lluvia y el viento siguen esparciendo residuos radiactivos fuera de la zona vallada.
Durante décadas, nadie puso límites al acceso a tierras sobre las que se había esparcido el polvo radiactivo de una de las bombas que soltó un B-52 estadounidense, que colisionó en el aire con un avión cisterna. Aquello era seguro, se decía, porque Estados Unidos se había llevado parte del material nuclear y enterrado el resto. Pero cuando los habitantes de Palomares quisieron remover la tierra a gran escala para construir dos grandes balsas de riego o ser parte, ellos también, del boom del ladrillo, saltó la liebre. Lejos de estar limpia, aquella tierra no debía tocarse porque estaba contaminada.
En 2001, un informe del CSN advirtió del riesgo que suponía aumentar la actividad de la zona: “La inhalación de polvo se puede ver sensiblemente aumentada en el caso de los niños, debido a su menor estatura y a la naturaleza de sus juegos”. El CSN sabía que la radiactividad había aumentado como consecuencia de la resuspensión de partículas motivada por los movimientos de tierra, pero tuvieron que pasar seis años más para que alguien actuara.
El 4 de julio de 2007, Carmen Martínez Ten (por entonces presidenta del CSN) anunció que se vallaría “ya” dos hectáreas de terrenos (adicionales a las ya expropiadas), sin esperar a su expropiación definitiva. “Lo que le interesa al Consejo de Seguridad Nuclear es que se vallen, que esté muy claro que ahí no se pueden construir urbanizaciones, que no se pueden hacer plantaciones, que no debe haber usos agrícolas... Eso es lo que queremos asegurar”.
El “Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia Radiológica” permite la expropiación de los terrenos contaminados de Palomares. Desde 2009, estos terrenos estaban arrendados o en régimen de ocupación temporal. El Gobierno inició la expropiación definitiva el pasado mes de julio, y acaba de citar a los titulares de las 44 fincas privadas bajo vigilancia radiológica (con un total de 40 hectáreas de extensión).
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