La 'desimputación exprés' de la consejera andaluza sorprende a la acusación particular

La reciente citación a Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, para declarar como investigada en el caso Halsa, fue seguida de su casi inmediata “desconvocatoria”. Apenas dos días después de conocerse que se la investigaba y que debía declarar en el juzgado, fuentes judiciales informaron de que era un error. “Se anula la citación como investigada. Es decir, se le cita como investigada y antes de la citación no lo estaba. Por tanto, se anulan las dos cosas, que en el auto del 21 de diciembre iban unidas”, informaron. La imputación y “descitación” de Crespo son últimos jalones de un proceso plagado de recovecos procesales.

La jueza titular del juzgado de instrucción 3 de Almería investiga el presunto amaño de concursos públicos a favor de la constructora Hispano Almería en diversos municipios de la provincia gobernados por el PP a cambio de mordidas que iban a parar a técnicos municipales, políticos locales o a financiar las campañas electorales del Partido Popular.

El abanico de presuntos delitos es amplio, y abarca casi todos los posibles relacionados con la corrupción: contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios y organización y grupo criminal.

¿Por qué fue citada como investigada Carmen Crespo?

En este contexto, Carmen Crespo fue citada para declarar como investigada en la pieza separada en la que se investigan los presuntos delitos cometidos en La Mojonera. Este municipio estuvo gobernado durante años por José Cara, también investigado y estrecho colaborador de Crespo. Fue ella quien propuso su nombramiento como presidente de IFAPA cuando llegó a la Consejería de Agricultura, en 2019.

La citación de Crespo obedecía a que, en el marco de un convenio con la Junta de Andalucía, ella participó en la concesión de la subvención (como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos de Poniente, en su calidad de alcaldesa de Adra) para construir el Museo de la Agricultura. Esta construcción fue adjudicada a una UTE en la que participaba la constructora Hispano Almería, la firma sospechosa de haber pagado comisiones. Finalmente, y a pesar de la adjudicación inicial, la UTE no presentó la documentación necesaria para ejecutar la obra, que finalmente asumió otra empresa.

Crespo se defendió el martes alegando que la obra se adjudicó en 2012 y ella dejó de ser presidenta en 2011, cuando fue sustituida por su teniente de alcalde. Pero lo que está en cuestión no es su participación en la adjudicación de la obra, sino en la previa adjudicación de la subvención, y si esta se hizo a sabiendas de la existencia de irregularidades.

Así lo denunció el PSOE (acusación particular), que había pedido su citación como investigada “por su participación en la gestión de subvenciones en el expediente del Museo de la Agricultura-Centro de interpretación, informado desfavorablemente y con pagos no justificados”. También lo había hecho la Fiscalía -sin explicitar los motivos-, según el informe fiscal que este medio ha podido consultar. Y la jueza acordó toda la prueba propuesta por Fiscalía.

Según ha podido documentar este medio, su cese como alcaldesa se produjo en un Pleno Extraordinario el 24 de diciembre de 2011, y el informe policial recoge que el 11 de diciembre, 13 días antes, se remitió la documentación justificativa de la “subvención concedida”.

Un error

Carmen Crespo, consejera y parlamentaria, es aforada. Por tanto, en una investigación penal debe declarar ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA). Fuentes oficiales del poder judicial explicaron este miércoles que para que eso ocurra, el juzgado debe encontrar antes en la causa indicios suficientes de delito y elevar “una exposición razonada a la Sala Civil y Penal del TSJA para que sea ésta la que lleve el asunto”.

Por eso, causó sorpresa a la acusación su citación en el auto dictado por la jueza Ana María Vico el 21 de diciembre. Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar que, al citarla, la jueza cometió sin duda un error. En esa resolución ya había un detalle que llamaba la atención: de las veinte personas llamadas a declarar, solo el nombre de Carmen Crespo (la última que debía desfilar ante el juzgado) aparecía en mayúsculas.

Y “desimputada” de forma peculiar

Crespo ya anunció el martes que recurriría. También dijo que no tiene “nada que esconder” y trasladó su “disponibilidad absoluta” para “colaborar” en la instrucción de la causa. Sin embargo, no renunció a su condición de aforada ofreciéndose a declarar ante el juzgado de Instrucción 3 de Almería, como podría haber hecho. El miércoles, un día después, fuentes judiciales oficiales anunciaron que no tendría que declarar, al menos por ahora. El Confidencial había adelantado, apenas unas horas antes, que todo era un error y que la jueza rectificaría.

El error de citar a una aforada es un hecho, pero su “desconvocatoria” se ha producido de forma peculiar. De ella informaron fuentes oficiales, pero ni las partes han sido notificadas, ni los medios de comunicación han recibido la providencia. Este medio lo ha intentado, sin éxito.  

Las fuentes han informado de que se trata de una providencia que la jueza ha dictado para “dejar sin efecto la citación como investigada”. Sin embargo, funcionarios de tribunales lo ven raro: “No se puede corregir un auto con una providencia. Hay que dictar otro auto”, explica un funcionario de un juzgado de instrucción. Lo mismo opinan fuentes de AMAyT, la asociación denunciante y acusación particular en el procedimiento.

La información oficial también señala que la anulación abarca tanto la citación como la propia imputación: “Iban unidas”. Pero AMAyT no lo ve claro: “Puede anular la citación porque se ha equivocado en la forma de citarla. Está claro que la citación es un error material. Pero no puede anular la imputación, porque ya no es un mero error material y tendrá sus argumentos para investigarla”.

La citación y “desimputación” (o al menos, su citación para declarar) exprés de la consejera Crespo es el último episodio de una investigación judicial que entra ahora en su octavo año de vida.