Greenpeace trolea al PSOE por El Algarrobico utilizando su imagen para anunciar la demolición

Este miércoles, un cartel de aproximadamente dos metros de alto y cinco de largo frente a la estación de Santa Justa, en Sevilla, amaneció con un anuncio inesperado. “Defiende lo que piensas, Algarrobico demolición”, era el mensaje junto al logo del PSOE, flanqueado a la izquierda por una imagen de José Luis Amérigo (alcalde socialista de Carboneras, donde está El Algarrobico) y Juan Espadas (secretario general del PSOE-A). El cartel fue retirado casi de inmediato, pero se colocó otro en Sevilla y otros dos en Almería.

El PSOE de Carboneras no tardó en reaccionar en Facebook: “En el PSOE siempre vamos de frente. A todos en Carboneras nos gustaría saber quién está detrás de esta manipulación en forma de cartel (ya retirado) en Sevilla. Quién se dedica a manchar nuestra imagen como pueblo y a tratar de interferir en las elecciones”. Además, el post aseguraba que “un ayuntamiento socialista en Carboneras siempre actuará como tiene que hacerlo: acatando las decisiones de la justicia, al mismo tiempo que defendiendo los intereses de nuestro pueblo. Y nunca tratando de manipular. Ni aquí, ni en Sevilla, ni en Pekín”. También Juan Espadas reaccionó en Twitter: “El Ayuntamiento de Carboneras ya ha comunicado al TSJA que hará la modificación puntual de planeamiento para declarar ese suelo no urbanizable. Las sentencias se acatan, no lo duden”.

Aunque en un primer momento el PSOE local apuntó al PP, los carteles son obra de Greenpeace, que ya ha realizado acciones similares, y lleva veinte años embarcada en una batalla legal con otros grupos ecologistas para lograr la demolición del hotel, colocado en dominio público marítimo-terrestre y en suelo del parque natural de Cabo de Gata. En 2003, el ayuntamiento de Carboneras, entonces gobernado por el socialista Cristóbal Fernández (tío del actual regidor Amérigo) le concedió una licencia ilegal, pero la obra fue parada por orden judicial en marzo de 2006.

Desde entonces, el ayuntamiento se ha opuesto judicialmente a su demolición y el caso se ha enmarañado con medio centenar de sentencias en más de veinte juicios. En los últimos tiempos el consistorio ha virado su estrategia hacia una suerte de pasividad burocrática con las sentencias firmes, que irrita a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJA). Hace ya siete años que sentenciaron que la construcción era ilegal y el ayuntamiento debía dar los pasos para demolerla: primero reclasificar el suelo como no urbanizable y después revisar la licencia.

Esa sentencia de 2016 es firme desde 2018, pero Carboneras, con Amérigo al frente, no solo no la ejecuta sino que parece arrastrar los pies, de modo que el TSJA le ha advertido ya cinco veces (la última esta semana) de que puede imponerle una multa y dar traslado a Fiscalía para que lo denuncie por desobediencia. De ahí el cartel, que apunta a la “inacción” del PSOE-A y su pasividad ante el incumplimiento del ayuntamiento.

Ataque a la identidad corporativa del PSOE

“Hemos hecho esto porque el PSOE, y en concreto Amérigo, tiene la llave para iniciar la demolición”, explica Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace Andalucía, que asegura que las “decenas” de reuniones que han mantenido se han quedado en “palabras”. Por eso, apuntaron a donde más puede doler a un partido, especialmente a un mes de las elecciones: su identidad corporativa, que el PSOE vincula con la sensibilidad ecologista. “Es el cartel que nos hubiese gustado ver, pero lamentablemente han salido a decir que no son ellos”.

No es la primera vez que Greenpeace recurre al “hacktivismo” para denunciar la inacción de las administraciones públicas. El pasado 16 de enero, la organización colocó en marquesinas de Málaga carteles que daban la vuelta a una campaña de la Junta de Andalucía. Se trataba de apuntar con refranes a la política hídrica del gobierno de Juan Manuel Moreno: “Agua robada no mueve molino”. “En abril, regadíos mil”. “Cuando el río suena, el campo de golf se lo lleva”. O “la agricultura intensiva se lo lleva”.

El objetivo ahora es similar. “Están obligadas a cumplir leyes y sentencias y no lo están haciendo”, lamenta el coordinador de la entidad ecologista. “Hay 43 resoluciones judiciales incumplidas. Hace 15 años que se dictó la sentencia que fija que la anchura de la costa son 100 metros; once la de protección de los terrenos de El Algarrobico; cinco la que obligaba a modificar el PGOU… Es cínico decir que las sentencias se acatan, cuando no es lo que estamos viendo desde hace muchos años”.

Las “maniobras dilatorias” del Ayuntamiento

Cada quince días, Greenpeace registra un escrito ante el TSJA recordando la necesidad de cumplir la sentencia. Ahora, el propio TSJA parece haber endurecido el tono con el alcalde: después de un año insistiendo en vano, acaba de decirle que no hay lugar para más excusas. Le impondrá una multa de 700 euros cada veinte días hasta que cumpla la sentencia de 2016. Pero le vuelve a dar cinco días para que alegue, un trámite “preceptivo previo” a la “posible” adopción de las medidas.

En marzo, y por sorpresa, el ayuntamiento aprobó en Pleno Extraordinario redactar un nuevo PGOU para, entre otras cosas, dar cumplimiento a los pronunciamientos judiciales sobre El Algarrobico. Tal posibilidad, calificada como “óptima” por un informe elaborado por el abogado externo Jorge Muñoz, suponía retrasar años la demolición del hotel. Hasta entonces, tan solo se había contemplado la modificación puntual de los elementos que afectan a ese sector de terreno, un trámite a priori mucho más sencillo. Los ecologistas lo calificaron de “maniobra dilatoria”.

Pero la semana pasada, el consistorio informó a los magistrados de que opta por la modificación puntual, que está a punto de hacerla, y de que esa interpretación (que va a aprovechar el nuevo PGOU para corregir la clasificación del suelo de El Algarrobico) es una invención de los ecologistas. Es lo que el propio ayuntamiento señalaba en la noticia de su web y fue ampliamente difundido por medios y agencias. Pero hoy, la noticia en la web municipal ha sido modificada y ya no recoge la referencia a El Algarrobico. Para los ecologistas, no hay duda: son maniobras dilatorias para evitar cumplir con sentencias firmes.

Los “intereses” de Carboneras

El cartel y la reacción del PSOE de Carboneras generaron ayer las chanzas de quienes se preguntaban en redes sociales si es que Amérigo tiene algo en contra de demoler El Algarrobico, que es el único final posible de una construcción ilegal, según sentencia firme del Tribunal Supremo. Cuando se le pregunta por los reiterados requerimientos para que cumpla, el ayuntamiento replica por sistema que siempre ofrece su colaboración a los tribunales, aunque los propios apercibimientos judiciales demuestren lo contrario.

Indirectamente, la respuesta del PSOE local este miércoles ofrece una pista, pues parece contraponer el cumplimiento de la sentencia con la defensa de “los intereses de nuestro pueblo”. En Carboneras no existe excesiva preocupación con la presencia de El Algarrobico, y el alcalde no está presionado por los vecinos para cumplir la legalidad. En el pasado, decenas de ellos se manifestaron para pedir la legalización de la mole y la batalla judicial la han liderado grupos ecologistas nutridos en gran parte con activistas de fuera del pueblo.

Como suele ocurrir con este tipo de proyectos, a los vecinos les prometieron que generaría empleo, en un municipio sobre cuyo terreno rural pesan las restricciones para usos industriales o agrícolas por estar en el parque natural. Los resultados de la reconversión de la central térmica, cerrada hace dos años, están por ver, y la pesca languidece. Y el pueblo apenas tiene hoteles capaces de atraer el turismo al Cabo de Gata. Los ecologistas dicen que no se oponen al turismo, siempre que sea compatible con la conservación de la naturaleza.

La reacción inmediata y ofendida del PSOE de Carboneras y del propio Espadas demuestra que la denuncia irónica molesta y preocupa al partido. Está por ver si lo suficiente para avanzar de forma efectiva en el cumplimiento de las sentencias judiciales.