Las víctimas de abusos sexuales reclaman poner fin a las prescripciones para evitar la impunidad

En la plataforma Charge.org hay una campaña de recogida de firmas para que no prescriban nunca los delitos de abusos sexuales contra menores, que inició hace 10 meses Miguel Ángel Hurtado, víctima de un pederasta, y ya lleva casi 350.000 firmas recogidas. Esta semana se unían a esta petición, pero para abusos sexuales también a adultos, las mujeres integradas en la asociación Veritas, creada en Sevilla por 32 presuntas víctimas del psiquiatra Javier Criado, quien acaba de ver archivado el grueso del caso contra él por la prescripción de los hechos, pese a que la Fiscalía de Sevilla vio “indicios de culpabilidad”.

Es el ejemplo más reciente de los casos más mediáticos del último año en Andalucía en los que el tiempo ha jugado en contra de los denunciantes de abusos sexuales favoreciendo la impunidad en estos casos. El caso de este psiquiatra ha sido especialmente polémico por tratarse de uno de los profesionales de su sector más prestigiosos en Sevilla y a quien acudían sobre todo mujeres muy relevantes y conocidas en la ciudad. 

Impulsaron la asociación Veritas, que tras recibir este jarro de agua fría contra ocho de las que se atrevieron a denunciar han emitido un comunicado pidiendo que no prescriban delitos como los que dicen haber sufrido y cuyas secuelas muchas de ellas han arrastrado mucho tiempo “como consecuencia de unos hechos que se han mantenido en silencio durante años hasta que en 2015 conocieron otros casos por redes sociales” que les hicieron “tomar conciencia del drama sufrido”.

“Los abusos sexuales tienen un impacto devastador”

La abogada Vanessa Casado, que trabaja en un Punto de Información a la Mujer de Sevilla, sostiene que en el caso de los menores deberían “revisarse muy alza” o incluso no contemplarse “nunca” la prescripción. “Muchas veces no tienen capacidad para darse cuenta de lo que les está sucediendo y poder comunicarlo para que pueda tener unas consecuencias jurídicas, de manera que cuando lo hacen, ya es demasiado tarde”, remarca en relación a abusos sexuales a menores.

En el caso de los mayores, es también partidaria de una revisión, más moderada, porque pese a que entiende que el Código Penal contempla distintos periodos según los tipos de delitos, insiste en que “los abusos sexuales tienen un impacto mucho más devastador en las víctimas que otros hechos delictivos y por eso a veces pasa tanto tiempo hasta la denuncia, a lo que se suma que la administración de justicia también se toma su tiempo”.

Es esto lo que ha aliviado la condena contra el catedrático de la Universidad de Sevilla (US) Santiago Romero Granados, cuya condena a siete años de prisión por abusos sexuales a tres profesoras se conocía el pasado lunes. En la sentencia, el Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla reconoce “atenuantes” para este hombre, cuya condena no es firme y ha anunciado que va a recurrir, por “dilación indebida”. El caso no llegó a los tribunales hasta que la US lo elevó a la Fiscalía de Sevilla en 2011 y no se ha fallado hasta 2017, seis años después. Los hechos se produjeron entre 2006 y 2010, cuando tras casi cuatro años en silencio se atrevieron a contarlo. 

El psicólogo Ignacio Sánchez Barranco explica que “a nivel psicológico el problema es muy parecido al de las mujeres inmersas en el círculo del maltrato, que terminan acostumbrando y normalizando determinadas situaciones e incluso las tapan y se avergüenzan en su entorno y fuera de él”.

Como trabaja en Protección de Menores de la Junta de Andalucía, está sobre todo familiarizado con niños que han sufrido abusos sexuales, que es difícil que los revelen porque en ocasiones “se sienten partícipes activos de todo porque no se dan cuenta de la manipulación” y por tanto hay una componente de “culpabilidad”, no son conscientes “hasta que han llegado a cierta edad y tienen conocimiento de la sexualidad” o incluso hay veces que “como mecanismo de defensa son capaces de borrar del cerebro estos recuerdos”.

“Los procesos judiciales son tan lentos que cuando toca ir a declarar a un menor han pasado tantos años que el testimonio se ha podido transformar, reprimir o modificar para que incluso lo use la defensa del acusado para desmontar la carga de prueba”, continúa. Es más, apunta la paradoja de que “cuanto más grave es el presunto delito más sube en la jerarquía judicial, por lo que más tiempo tardan en escuchar al niño”. En su opinión, más que revisar la prescripción, sería necesario contar con juzgados especializados en delitos en los que los menores sean las víctimas “como se ha hecho con la violencia machista”.

Todo esto nos lleva a un tercer ejemplo reciente: el caso del clan de los Romanones de abusos sexuales a menores. La Audiencia de Granada emitió un auto que “no discute la veracidad o no de los hechos denunciados”, sino que parte de considerar que son ciertos pero “los posibles delitos ya habrían prescrito”. Por todo ello, acusaciones de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares fueron declarados prescritos. De nuevo, sin culpables.