La población andaluza afronta las secuelas emocionales de la Covid-19 con déficit de profesionales públicos en salud mental. Confinamientos, aislamento social, medidas restrictivas y el largo etcétera derivado de la pandemia está generando desde hace ya un año un aumento de cuadros ansiosos y depresivos, entre otros trastornos. La reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre los efectos psicológicos de la pandemia lo dejaba claro: la Covid-19 nos pasa y nos va a pasar factura en nuestra salud mental. No solo lo dice este primer estudio científico sino todo tipo de expertos en la materia ante algo nunca antes vivido. ¿Cómo afronta la población andaluza esta situación? Pues, de momento, con recursos insuficientes en la sanidad publica, al menos a tenor de los datos y de las consideraciones de Antonio Vázquez Morejón, presidente de la Sociedad de Especialistas en Psicología Clínica del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SEPCA), y de Manuel Mariano Vera Martínez, decano del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental
A finales de año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió en la necesidad de fortalecer los servicios de salud mental en la actual crisis sanitaria. Pero las cifras no acompañan en el sistema sanitario público. La ratio de profesionales psicólogos en la sanidad pública en España era en 2018 de 6 por cada 100.000 habitantes, tres veces menor que la media europea, de 18, según un informe del Defensor del Pueblo de España publicado poco antes de la pandemia, a primeros del año 2020 . En Andalucía la media es aún más baja: hasta poco más de 3 profesionales por cada 100.000 habitantes, según la SEPCA, y eso que ese dato ha crecido medio punto gracias a la reciente incorporación de 25 nuevos psicólogos clínicos en las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental de Andalucía. Vázquez valora el “refuerzo” pero, sin llegar a 4 psicólogos por cada 100.000 habitantes, aún se está “muy lejos de lo que Andalucía tendría que tener”. Reclama, en ese sentido, “un plan estratégico operativo para ir igualando” esos datos para que “en un plazo de cinco o diez años nos vayamos acercando a poder dar un servicio de calidad en cuanto a tratamientos psicológicos”.
Antonio Vázquez Morejón pone voz a una preocupación surgida de profesionales de la psicología clínica que, sumada a las consecuencias de la pandemia, se torna bastante grave porque, según explica, “se agranda cada vez más la brecha entre la demanda de la población y la dificultad para ofrecer los recursos, porque no crecen de igual forma”. “La asistencia que podemos dar está muy por debajo de la que necesita la población”, reconoce. El acceso a los servicios de salud mental en la sanidad pública se produce a través de la atención primaria, que ha estado “bloqueada” por la Covid-19. “Nos preocupa que, en el momento en que esto pase, todo el efecto de lo que ha sucedido con la pandemia, mucha gente con ansiedad y estrés, va a crear una demanda añadida cuando ya antes no podíamos responder adecuadamente”, resume.
Más brecha entre demanda y recursos
Profesionales de Psicología Clínica de diversas Unidades de Gestión Clínica interesados en potenciar las aportaciones de la Psicología Clínica a la salud de la población andaluza y preocupados por la falta de accesibilidad a intervenciones psicológicas eficientes ya plantearon esta necesidad de recursos en la qe llaman 'Declaración de Antequera', firmada y avalada por casi 300 psicólogos clínicos que desarrollan su labor en el SAS, lo que supuso un apoyo de más del 90% de los mismos a la declaración y sus reivindicaciones. Aunque data de finales de 2017, su vigencia es absoluta, más aún en tiempos de pandemia y sus consecuencias mentales, tal y como insiste la SEPCA y como ha advertido el CIS acerca de las consecuecias de la Covid-19.
“El crecimiento en los últimos diez años ha sido muy lento”, dice Vázquez. Según el referido documento del Defensor del Pueblo de España, Andalucía pasó de tener 259 psicólogos clínicos en 2009 a 271 en 2017. “La población cada vez demanda más, porque hay más conciencia. Hay más evidencias de que el tratamiento psicológico está más recomendado para muy diversos trastornos como primera elección, para evitar el hiperconsumo de psicofármacos”, reflexiona Vázquez. La pandemia ha generado un aumento en la prescripción de psicofármacos (más del doble que los recetados con anterioridad), sobre todo ansiolíticos, antidepresivos e inductores del sueño, y con una duración del tratamiento superior a los tres meses en el 68,7 % de los encuestados en el último CIS.
Desde el Servicio Andaluz de Salud, que no puede aportar los datos oficiales de evolución de la plantilla, comentan a este periódico que “se ha mejorado la estabilización de la pantilla con las últimas ofertas de empleo público”, y ponen como ejemplo que un total de 103 facultativos especialistas de Psicología Clínica estan tomando posesión en estos días“.
Para Antonio Vázquez, “los tratamientos psicológicos no son un lujo. La salud mental es parte de la salud. Hay tratamientos que son efectivos y recomendados por las guías clínicas, pero no podemos ofertarlos en las condiciones que hay que hacerlo”. Otro problema que destaca el experto es la media de citas de los pacientes del SAS en problemas de salud mental. “Cuatro citas al año”, resume. “Para problemas de ansiedad, trastornos depresivos, etc. deberían tener al menos 12-15 sesiones garantizadas en los seis primeros meses. ¿Podríamos aceptar que un paciente con una infección, en lugar de tomar una dosis de antibiótico diaria durante nueve días, tomara la mitad y a lo largo de una semana?”, ejemplifica. “A nivel físico no lo aceptaríamos”. Según el Defensor, en Andalucía los datos de lista de espera en salud mental no diferenciaban psiquiatra/psicólogo clínico: 26,7 días/primera consulta. La mayoría (el 46%) son consultas para ansiedad, depresión, somatización, y solo el 19% para trastorno mental grave.
Según Vázquez, “los plazos se cumplen para una primera cita”. “Los pacientes se atienden a tiempo, es cierto. Desde hace años, no hay ninguno al que se tarde más de 60 días en atender en una primera cita, pero el tema está en que, si entra en un tratamiento psicológico, la segunda cita puede tarde dos o tres meses cuando tendría que ser a la semana o a los 15 días como mucho. Los datos que tenemos son de acceso a la primera cita, pero eso no nos dice nada si no se tiene en cuenta el número de citas a lo largo de un periodo. Y de eso no hay visibilidad, no hay indicadores para que tratemos de mejorarlo. A este ritmo del aumento de recursos de salud mental, podemos tarder más de cien años en igualarlos a lo deseable”, señala el presidente de la SEPCA.
“Los problemas de salud mental están en manos privadas”
Según Vázquez, en otros países se ha desarrollado “un proceso de cambio” en este sentido, para lo que “hace falta un liderazgo político”. “Pasó en Inglaterra, junto al liderazgo de profesionales, con una apuesta muy seria por acercar los tratamientos psicológicos a la población en atención primaria. En 2006 se hizo un estudio en la Escuela de Economía de Londres que decía que, en el plazo de unos años, el coste que suponía incrementar los recursos de una forma muy considerable se traducía en un ahorro porque se intervenía muy pronto, empezando a trabajar con los problemas cuando se detectaban. Supuso la contratación de 5.000 psicólogos clínicos, con otros más de 4.000 en 2012 y está dando resultados, por lo que se han sumado otros países como Noruega, Finlandia o Australia. Es una apuesta para que no todo se centre en los psicofármacos, como ocurre aquí, que tienen su función pero no que se utilicen porque no haya otras alternativas más adecuadas”, concluye Vázquez.
La SEPCA pide un incremento progresivo del número de plazas de facultativos especialistas en Psicología Clínica que, con un progresivo acercamiento a las medias europeas, permita ofertar tratamientos psicológicos de calidad a la población de referencia. También solicitan la cobertura de todas las plazas estructurales, incluidas las correspondientes a las Unidades de Hospitalización de Salud Mental, y un aumento de plazas PIR (Psicólogo Interno Residente), ajustada a las necesidades de los problemas de salud mental de la población.
Para Manuel Mariano Vera Martínez, decano del Ilustre Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, se ha producido un “aumento en las consultas privadas de los cuadros ansiosos y depresivos en toda la población, y de la que nadie se escapa”, en alusión a problemas que padecen ancianos, adultos y niños. “Era una cuestión que preveíamos”, apunta, pero hace hincapié en la misma cuestión: “Los puestos que tenía que haber en la administración pública brillan por su ausencia”.
“Los problemas de salud mental están en manos privadas”, sentencia el decano, que añade que aquella persona que padece un trastorno de ese tipo “tiene que rascarse el bolsillo”. “La sanidad pública no llega ni de lejos. Es un problema muy grave de salud porque, si grave es la pandemia, no menos grave es cómo afecta a la salud mental de la población. Y la sanidad pública no está lo suficientemente atendida”, insiste. “Pensábamos que, con la pandemia, la administración se daría cuenta, pero no”, concluye.