Andalucía agota su reserva de médicos y pedirá al Gobierno autorización para fichar a sanitarios extranjeros contra la pandemia

“La bolsa de médicos está a cero”. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha reconocido este jueves en el Parlamento que no tienen banquillo para reforzar los hospitales y centros de salud en esta segunda ola de la pandemia, y que su Ejecutivo pedirá autorización al Gobierno central para poder contratar a sanitarios extracomunitarios, como ha hecho la comunidad de Madrid. La falta de reserva de profesionales sanitarios es común a todo el país, aunque son las regiones más afectadas por el coronavirus las que han dado la voz de alarma. La Consejería de Salud asegura que agotó su remanente de médicos en agosto, cuando se contrataron a 4.254 facultativos y enfermeros (el Sistema Andaluz de Salud cuenta con más de 118.000 profesionales).

Fuentes próximas al presidente admiten que en las últimas contrataciones, tras el verano, “estamos tirando de chavalines recién salidos de la Universidad”, y avanzan que pedirán permiso al Gobierno central para poder fichar a facultativos extracomunitarios de refuerzo. Conscientes de que otras comunidades (y países miembros de la UE) se enfrentan a la misma situación y de que el mercado está “saturado”, la Junta de Andalucía prevé que estos médicos serán “extranjeros”, pero “tendrán que tener el título homologado por la Unión Europea”. Salud no ha cifrado aún cuántos sanitarios de refuerzo necesita (Madrid ha solicitado 400 médicos extracomunitarios).

El déficit de profesionales sanitarios es un problema endémico en Andalucía, que ha dado la cara con el impacto de la pandemia. En una comunidad con 8,5 millones de personas y diez universidades públicas, hay cinco facultades de Medicina en las provincias de Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Cádiz. El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) aprobó en abril de 2010 la creación de las facultades de Medicina de Almería, Huelva y Jaén, pero la crisis financiera de 2008 frenó y empantanó estos proyectos, que diez años después siguen sin ver la luz.

La entonces consejera de Salud (hoy ministra de Hacienda), María Jesús Montero, ya contaba con un denso informe que advertía del déficit de profesionales sanitarios que se produciría en Andalucía a partir de 2020, como consecuencia de una oleada de jubilaciones en el sector. Dado que los médicos tardan en formarse 10 años (seis cursos de Universidad más la especialización MIR), el acuerdo entre la Junta y las universidades de Almería, Huelva y Jaén fue que las facultades de Medicina estuvieran listas en 2012 (los estudios no hubieran empezado antes de 2015).

De entre las titulaciones con mayor volumen de personas egresadas en Andalucía [últimos datos del curso 2017-2018], destacan el Grado en Medicina por su alto nivel de inserción (82,10%), seguido de Enfermería (74,1%), las dos titulaciones más demandadas hasta este mismo año. Un total de 7.497 alumnos solicitaron Medicina como primera preferencia, para alrededor de 1.300 plazas en las cinco facultades mencionadas.

La Atención Primaria, colapsada “para largo tiempo”

“No hay médicos de especialidades disponibles”, admiten fuentes próximas al presidente andaluz, que reconocen que “los centros de Atención Primaria están colapsados y van a estarlo largo tiempo”. La saturación de los centros de salud ha centrado el cara a cara entre Moreno y la líder de la oposición, la socialista Susana Díaz, que le ha reprochado la falta de recursos materiales y profesionales “en la primera trinchera contra la COVID-19”. El presidente andaluz ha admitido que “no hay médicos suficientes”, pero subraya que “esto no es nuevo”. “¿Por qué no se pregunta qué hice yo en los seis años que fui presidenta de Andalucía para que la Atención Primaria esté hoy tan deteriorada?”, le ha respondido a Díaz, tras recordarle que entre 2012 y 2015 –años del cogobierno PSOE-IU, que se enfrentó a la gran recesión– “el gasto público en salud cayó más de un 14%”.

Los centros de salud concentran hoy la atención de pacientes contagiados en residencias de mayores y en los más de 7.000 centros escolares que abrieron sus puertas hace apenas unos días. El sobreesfuerzo de la Atención Primaria ha desbordado el servicio, y las protestas de sindicatos y el colectivo de médicos y enfermeros se amontonan. Esta semana, Andalucía ha encadenado tres datos consecutivos de contagios pésimos, por encima de los 1.300 y 1.500 diarios, con más de mil pacientes por COVID-19 hospitalizados y más de un centenar en la UCI.

En el inicio de la pandemia, el Gobierno andaluz hizo un llamamiento para reclutar a 2.000 médicos jubilados, en caso de que fuera necesario, y ya entonces se constató que en el mercado laboral no había especialistas disponibles. Antes de esta crisis sanitaria, la Consejería de Salud ya necesitaba 1.800 médicos especializados, y advirtió de que el calendario previsto de jubilaciones para los próximos diez años iba a triplicar ese déficit. El otro factor determinante es el éxodo de médicos andaluces a otros países, huyendo de una década de contratos por meses, semanas y días, contratos al 50% de jornada y una rebaja salarial, en plena crisis, del 25% de media.

El Ejecutivo de Moreno decidió elevar la jubilación voluntaria hasta los 70 años y reducir la eventualidad del 40% al 15% para retrasar el calendario de jubilaciones mientras se agilizaban otras fórmulas de contratación. Por ejemplo, un plan de retorno para recuperar a jóvenes médicos licenciados que se marcharon a trabajar al extranjero, donde los salarios son mucho más competitivos que aquí. Para convencerlos, la Administración andaluza planteó un aumento del sueldo de un 20% a lo largo de la legislatura, y ya se ha eliminado el complemento de exclusividad. De momento, estas medidas no han convencido a muchos profesionales, y el hueco en la sanidad pública sigue siendo considerable.

El deterioro de los centros de salud, la tardía reacción de los rastreadores, la tardanza en la realización de las pruebas PCR y la entrega de resultados ha centrado la sesión de control al presidente andaluz. El reproche de las fuerzas de izquierdas ha sido común, tanto de la portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, como de Susana Díaz. La socialista ha denunciado que la Consejería de Salud tarda de media siete días en dar los resultados de una PCR, tiempo en el que el paciente espera en cuarentena sin saber si es positivo o negativo, mientras que la sanidad privada ha empezado a ofertar pruebas PCR a un precio medio de 150 euros, garantizando la entrega de resultados en 24 horas.

Fuentes próximas al presidente de la Junta admiten que el promedio de pruebas PCR en Andalucía es inferior a la media, y explican que el mercado de los reactivos que necesitan estas pruebas está “saturado”, porque todos los gobiernos, central y autonómico, precisan este material. “Si un niño da positivo por COVID en un colegio, tenemos que hacer PCR a todo su entorno próximo, familiares y amigos, en torno a 150 personas”, explican desde Salud. El plan es incorporar al sistema nuevos test rápidos de antígenos para frenar la segunda ola de contagios.