En Andalucía hay 327.583 viviendas irregulares, ilegales o alegales, cuyos propietarios no podían inscribirlas en el registro de la propiedad ni acceder legalmente al suministro eléctrico y de agua, según una estimación del Gobierno autonómico. Hasta ahora. La mayoría se construyeron al margen del ordenamiento urbanístico, algunas en zonas protegidas, muchas de ellas próximas a la costa. Hace una década (para las más tardías) que esta situación está enquistada y sin solución administrativa, una anomalía en el conjunto de Europa. El anterior Gobierno socialista trató de resolver el problema por la vía de un decreto ley que pusiese orden en el territorio urbanístico andaluz, pero el asunto siguió enredado en la burocracia y las viviendas irregulares siguieron en el limbo: no podían legalizarse ni demolerse.
El nuevo Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha tomado el testigo y este martes ha aprobado esa norma que busca regularizar la mayor parte de esas viviendas, no todas. “No es para nada una amnistía”, se ha adelantado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, para advertir de que la regularización se hará “con sentido común”. Esto es, podrán acogerse a la normativa viviendas aisladas y edificios de vecinos afectados, pero no se regularizarán pisos cuyo proceso de regularización haya prescrito -tienen al menos seis años- ni aquellos que estén ubicados en zonas próximas protegidas (a cien metros de la costa) o cercanas a ríos o arroyos y zonas inundables (Fomento no las tiene contabilizadas).
El llamado decreto ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, aprobado este martes en Consejo de Gobierno, abre la puerta a la regularización masiva, pero en dos fases, según el tipo de construcción: para aquellas viviendas con la consideración de Asimilado fuera de Ordenación (AFO), el plazo para legalizarlas es de seis a ocho meses. Desde 2012, año en el que existe la figura administrativa AFO, tan sólo se habían regularizado 1.500 viviendas legales. En cambio, las que requieran de un plan especial por parte del Ayuntamiento del municipio en el que se ubican, el plazo estimado es mayor: de 12 a 18 meses (contando desde que el Gobierno local aprueba dicho plan).
El éxito de esta medida de la Junta de Andalucía va a depender mucho de la colaboración de los ayuntamientos, principales implicados en el proceso de regularización. Los primeros en solicitar la regularización de sus inmuebles deben ser los propietarios. El nuevo decreto ley acelera la tramitación porque, dice la consejera, se ha reducido al mínimo el papeleo y el marco legislativo (se derogan dos leyes, un decreto y una orden). Los dueños de viviendas irregulares -la mayoría situadas en la zona de la Axarquía granadina (52.927), en Málaga (68.652) y Almería (55.265)- dependían hasta ahora de la aprobación de un PGOU en sus municipios (Plan General de Ordenación Urbana), más un plan especial que les habilitara el acceso a agua, electricidad y otros servicios básicos.
Carazo ha asegurado que el tiempo de media para la aprobación de un PGOU era de nueve años, mientras que un plan especial podía demorarse casi dos años de media. Sin que el PGOU estuviera aprobado, no podían iniciarse los trámites para pedir un plan especial. Hasta ahora. “Este decreto ley viene a integrar y regularizar el territorio urbanístico andaluz”, dice la consejera.