“Andalucía no tiene un problema de deuda, porque sabemos gestionar”, ha sentenciado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ninguneando la condonación parcial de la deuda pública catalana -exportable al resto de comunidades- que recoge el pacto de PSOE y ERC para desatascar la investidura de Pedro Sánchez.
El Gobierno andaluz empezó la semana presentando unos Presupuestos para 2024 “expansivos”, de 46.735 millones de euros, que incluían una reducción inédita de más del 25% en la partida destinada a pagar la deuda pública, y una caída de ingresos tributarios del 22%, consecuencia en parte de las continuas rebajas de impuestos autonómicos aprobados y promocionados por Moreno.
Y terminó esa misma semana con una renuncia explícita a la quita de deuda propuesta por el Ejecutivo en funciones, al que sí exige más de 30.000 millones de euros de fondos extraordinarios: 17.800 millones como “equivalente” a la condonación de la deuda catalana, y otros 15.000 millones por la “infrafinanciación” que sufre Andalucía con el actual modelo de financiación.
Actualmente, el Gobierno andaluz tiene una deuda total de 38.018 millones de euros, casi el 75% (25.409 millones) con el Estado a través de distintos mecanismos de financiación [Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), Fondo de Facilidad Financiera y pago a proveedores], y el resto con entidades bancarias (12.609 millones). En 2018, cuando el PP llega al poder, la deuda pública de Andalucía era de 35.439 millones. En los seis años de Gobierno de Moreno, el endeudamiento ha crecido en términos absolutos unos 3.000 millones de euros, aunque en relación al PIB, el porcentaje ha mejorado dos puntos (del 22,1% al 20,2%).
La deuda siempre genera deuda, funciona como un recurso sistemático de financiación de todas las administraciones, y la Junta de Andalucía, que lleva 12 años denunciando su infrafinanciación (con gobiernos del PSOE y del PP), necesitó y necesita recurrir a los mecanismos estatales para financiar su gasto público. Pese al portazo de Moreno a la quita catalana, la Junta ha solicitado este mismo año 2.478 millones de euros al Fondo de Facilidad Financiera, según datos del Ministerio de Hacienda. La última vez que recurrió al FLA fue en 2020 -año de la pandemia- y en 2021 logró autorización de la ministra María Jesús Montero para volver a buscar financiación en los mercados privados.
Las cuentas andaluzas están más saneadas que las de Cataluña, la región con la deuda más abultada del país -86.800 millones de euros-, un 32,40% sobre el PIB regional y un 26,6% de la deuda total de España. La deuda andaluza representa el 11,5% del conjunto nacional, supone 4.473 euros por habitante -frente a los 11.139 euros en Cataluña-, sólo por detrás de Canarias y Asturias. Con esta comparativa, Moreno trata de relativizar el peso del endeudamiento andaluz respecto al lastre de otras regiones, singularmente la Hacienda catalana.
Pero la amortización de deuda de estos seis años de Gobierno del PP en Andalucía no ha reducido el volumen total. Sigue siendo la tercera más abultada y las continuas subidas de los tipos de interés se comen cada vez más parte de las cuentas autonómicas. En el proyecto de Presupuestos para 2024, que se presenta esta semana en el Parlamento andaluz, el pago de intereses por la deuda pública experimenta un incremento del 33% -el capítulo que más sube- frente al 2,5% que aumentan las cuentas.
Es el mayor repunte desde 2018, desde que Moreno es presidente, puesto que en estos seis años el incremento del coste en intereses de la deuda pública andaluza ha oscilado entre el 14 y el 16%. El encarecimiento del dinero y la política monetaria del Banco Central Europeo contra la escalada inflacionista explica este repunte abrupto, que afecta invariablemente a todas las administraciones públicas. Con este panorama, el Ministerio de Hacienda ha tratado de enmarcar el pacto PSOE-ERC en un contexto internacional “hostil” para la sostenibilidad financiera, augurando que todas las regiones se acogerán a la quita que ya ha logrado Cataluña.
En los cinco primeros años de Moreno como presidente de la Junta, su Gobierno ha gastado 24.577 millones de euros del Presupuesto autonómico en amortizar deuda (3.535,8 millones más previstos para 2024), prácticamente la misma cifra que aún adeuda al Estado a día de hoy.
El anterior consejero andaluz de Hacienda y actual vicesecretario económico del PP nacional, Juan Bravo, ponía especial énfasis en esta partida, abanderando el cumplimiento de las reglas de estabilidad por encima de otras consideraciones con más tirón político y mediático, como el gasto social. “No se puede gastar lo que no se tiene”, repetía Bravo.
La Consejería de Hacienda actual, pilotada por Carolina España, mantiene la política de “gestionar una deuda que sea sostenible, fácil de pagar, y que no hipoteque los recursos de la administración comprometidos para tema sociales”. Las cuentas del próximo año, esbozadas la semana pasada, incluyen una reducción del 25,7% en el gasto destinado amortizar deuda, respecto al presupuesto en vigor.
Las cuentas autonómicas de 2024 ascienden a 46.735 millones, ha crecido apenas un 2,5% respecto al presente ejercicio, de ahí que el presidente andaluz, al adelantar la cifra global del Presupuesto en el Parlamento, eligiera destacar a continuación el incremento del 5,5% del gasto no financiero (el dinero que se puede invertir, sin contabilizar la partida destinada a pagar la deuda).
El crecimiento de la economía andaluza que acompaña estos presupuestos es “prudente”. Moreno arrancó la legislatura con la “sexta bajada de impuestos” autonómicos, convencido del frontispicio ideológico del liberalismo: “menos impuestos, más consumo, más reactivación económica”.
La llamada curva de Laffer se ha torcido sobre sí misma, empujada por los acontecimientos que arrinconan el ciclo económico: la pospandemia, una guerra en suelo europeo, los efectos devastadores del cambio climático, la sequía, una guerra en Oriente Próximo, la escalada inflacionista. Laffer dibujó su curva sobre una servilleta, no sobre el mapa geopolítico de nuestros días.
La previsión de crecimiento que vaticinó Moreno cuando proclamó todos los beneficios fiscales -sobre todo a las rentas más altas- no se cumple en el informe del Presupuesto andaluz para 2024. Las cuentas no crecen por una mayor recaudación de tributos propios, al contrario, la Consejería de Hacienda dibuja un desplome del 22% respecto al presente año: en torno a 760 millones menos de ingresos.
La rebaja del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Documentales provoca una caída del 20% de ingresos, unos 600 millones menos. La eliminación, de facto, del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, reduce otro 5% la recaudación de este año por este concepto, y la supresión del Impuesto del Patrimonio, anunciada este mismo año, detraerá el próximo año los 103 millones en los que se valoró esta medida.
Por contra, la reactivación del canon del agua -el gravamen sobre el consumo de agua doméstica e industrial que Moreno eliminó durante un año preconizando una “revolución hídrica” en esta legislatura- devolverá a las arcas públicas 145 millones de euros, que volverán a pagar los ciudadanos.
El Presupuesto “más expansivo de la historia autonómica”, como lo ha bautizado el PP tomando el relevo de lo que solía hacer el PSOE, crece gracias a las entregas a cuenta del Estado, esto es, gracias al sistema de financiación autonómica y las transferencias del 50% de recaudación de impuestos estatales, como el IVA o los impuestos especiales. Esos donde Moreno y Alberto Núñez Feijóo, en su discurso sobre la inflación, acusaban a Pedro Sánchez de “estar forrándose”. Las comunidades comparten la mitad de esa recaudación y también “se han forrado”. Andalucía recauda un 13% más, unos 3.135 millones de euros.
La condonación parcial de deuda pública, pactada por PSOE y el independentismo catalán, ha puesto sobre la mesa, de sopetón, el debate de la financiación autonómica, un asunto enquistado hace nueve años (desde que caducó el modelo actual de reparto de fondos). Las comunidades de régimen común -la mayoría gobernadas ahora por el PP- podrán negociar también una quita de su deuda autonómica [en el conjunto del país asciende a 327.346 millones de euros, cifras del Banco de España del pasado junio].
Pero los presidentes autonómicos del PP, con Moreno a la cabeza, han reaccionado de forma hostil: primero, porque el PSOE de Sánchez ha negociado de forma “bilateral” con Cataluña a cambio de los votos independentistas a su investidura, en vez de usar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano donde se dirime este debate.
Y segundo, porque el acuerdo sólo cuantifica con exactitud la deuda catalana: 15.000 millones de euros, más otros 1.300 millones en intereses que el Estado habría percibido por ese dinero. En total, 16.300 millones, que representa en torno al 20% de la deuda total de Cataluña. Moreno ya ha adelantado que no acepta una quita del 20% de la deuda andaluza, que superaría los 5.000 millones.
La Junta reclama 17.800 millones de euros al Estado, el “equivalente” al montante catalán. Es decir, hasta el 46% de su deuda, aunque los de Moreno han hecho sus cuentas usando el peso poblacional de Andalucía, un criterio de financiación avalado por el propio Estatuto de Autonomía. “Los 16.300 millones para Cataluña equivalen a una condonación de 2.099 euros por habitante, según el último dato del censo de Cataluña publicado en el Instituto Nacional de Estadística. De ahí salen los 17.800 millones que reclama Andalucía, según también el último dato del censo de Andalucía publicado por el INE”, explican fuentes del Ejecutivo andaluz.
Además, la Junta mantiene la reivindicación del fondo de compensación transitoria para “recuperar los 15.000 millones en los que el actual sistema de financiación ha perjudicado a Andalucía con respecto a la media de España desde 2009”, una partida que también reclaman las otras dos regiones infrafinanciadas: la Comunidad Valenciana y Murcia.
De modo que tras el acuerdo entre PSOE y ERC en materia de financiación, Moreno ha elevado la factura que reclama al Gobierno de Sánchez hasta los 30.000 millones de euros, dos tercios del Presupuesto andaluz para el año que viene. Es una reivindicación que el PP hace a lomos del discurso del “agravio”, la “ruptura del principio de igualdad” y el “no ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie”, los leit motiv de la lucha autonomista.
El PSOE andaluz, pilotado por Juan Espadas, se está movilizando ahora para que Moreno no capitalice el legado del 28F en solitario, y este lunes ha registrado en el Parlamento una proposición no de ley para obligar al Gobierno andaluz a solicitar formalmente la convocatoria de la Comisión de Comunidades Autónomas para liderar el debate de la reforma de la financiación autonómica.
Ya hay una propuesta del Parlamento andaluz sobre la mesa -aprobada hace cinco años con el voto de PSOE, PP y las izquierdas-, con la firma de la ex consejera y hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que reclama para Andalucía 4.000 millones extra de financiación. Espadas quiere retomar el debate desde ese documento, pero Moreno acusa a Montero de haber sido la primera en sepultar aquella iniciativa, que contó con su apoyo cuando era el jefe de la oposición en Andalucía.
La condonación de la deuda autonómica es un debate indisociable de la financiación de las administraciones, también de los ayuntamientos. Todos están interesados en abordar ese debate, pero este también es indisociable de la política fiscal, y ahí los planteamientos de las comunidades gobernadas por PP y PSOE chocan irremisiblemente.
Los socialistas, y la propia ministra Montero, reprocha al presidente andaluz que exija más financiación, fondos estatales y europeos, mientras con la otra mano abandera una “bajada masiva de impuestos” autonómicos, que habría evidenciado un frenazo o retroceso de las cuentas públicas, de no ser por el incremento de la recaudación de los impuestos estatales, la inflación y la subida del coste de la vida que el PP achaca genuinamente a las políticas de Sánchez.
El Gobierno en funciones ya ha advertido de que la quita del 20% de la deuda de Cataluña “no es extrapolable” al resto de comunidades y se compromete a hacer un cálculo 'a la carta' para cada región, separando la parte de deuda vinculada al “impacto negativo del ciclo económico”, esto es la crisis financiera de 2012 que golpeó a todas las administraciones públicas, y la parte de deuda relacionada con la mala gestión en el gasto público. Ese análisis de la letra pequeña aventura una nueva batalla ideológica en torno a la política fiscal y el desarrollo autonómico.
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