El Gobierno andaluz ha dado un paso inédito al imponer a todos los centros educativos de su comunidad un reglamento interno “homogéneo” para regular el uso del móvil en las aulas. La Consejería de Desarrollo Educativo ha elegido una norma de rango inferior -unas instrucciones- para fijar el mismo modelo para todas las escuelas -basado en restricciones y medidas disciplinarias-, invadiendo así la autonomía pedagógica y organizativa de los centros blindada en la ley educativa.
El departamento de la consejera Patricia del Pozo ha enviado este lunes unas instrucciones de tres páginas a todos los colegios de Primaria. institutos de Secundaria, Bachillerato y FP de Andalucía -públicos y concertados- para “limitar el uso de los teléfonos móviles durante el horario lectivo”, incluido el tiempo de recreo y el de las actividades extraescolares y complementarias.
Se trata, no obstante, de una orden de relativo alcance, porque incluye una salvedad que puede eximir a la mayoría de escuelas que ya regula este asunto en sus aulas: “salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos debidamente justificados”, matiza el texto.
Las instrucciones incluyen, entre las medidas “correctoras”, “la retirada” al alumnado de sus móviles, que se depositarán (apagados) “en el despacho de la dirección del centro” para su custodia, y sólo se devolverán a sus padres o representantes legales. La medida fue anunciada por el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, la semana pasada durante el debate del estado de la comunidad en el Parlamento, y entra en vigor este mismo martes.
El departamento de Educación compartió el documento con los sindicatos de profesores en la tarde del lunes, luego se envió a los equipos directivos de las escuelas y estas, por último, lo han puesto en conocimiento de las asociaciones de padres y madres de alumno. El texto ha generado cierta incertidumbre en la comunidad educativa por el alcance jurídico real de esta medida.
Con estas instrucciones, la Junta trata de implantar en todos los centros educativos de Andalucía una norma “homogénea” sobre un aspecto -el uso de los móviles en el aula- que ya está regulado en la gran mayoría de ellos. La consejería “recuerda” en sus instrucciones que ya existe un prolífico marco normativo sobre el acceso a las tecnologías de la comunicación en la escuela -“y muy específicamente sobre el uso de móviles”-, y reconoce que cada centro es autónomo para dotarse de un reglamento propio.
Pero acto seguido fija una “interpretación” común para todos, con independencia de los planes de prevención que haya desarrollado cada escuela, y ordena una “aplicación homogénea en Andalucía” de sus instrucciones, a saber: limitar el uso, retirar y confiscar los móviles al alumno si fuera necesario. A partir de ahora, “la limitación de los móviles deberá quedar recogida en los reglamentos de organización y funcionamiento de los diferentes centros docentes”, reza el documento.
Las instrucciones de una consejería son una norma de rango inferior, están por debajo de las órdenes, de los decretos y de las leyes. Establecer un criterio “homogéneo” de funcionamiento para todas las escuelas puede entrar en conflicto, por ejemplo, con el decreto de Reglamento Orgánico de Funcionamiento los Centros -los llamados ROC-, que desde 2010 reconocen el mayor margen de autonomía pedagógica y organizativa de las escuelas en Andalucía. O con la propia legislación básica de educación, donde la autogestión de los centros es uno de los grandes pilares.
Las instrucciones sobre la limitación de los móviles se remiten a dos leyes fuera del ámbito educativo: la Ley estatal de Régimen Jurídico del Sector Público (2015) -“los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio”- y la Ley de la Administración de la Junta de Andalucía (2007), que dispone que los órganos superiores y directivos tienen el deber de impulsar y dirigir la actividad administrativa mediante circulares, instrucciones y órdenes de servicio“.
El documento también alude a la Ley del Menor, aunque la “protección del interés superior del menor” ya está incluida en toda la normativa básica educativa y en la autonómica.
Fuentes del departamento de Del Pozo han explicado a este periódico que las instrucciones “sólo prohíben el uso recreativo del móvil, no el pedagógico”. “La autonomía se entiende siempre que es para proyectos educativos o pedagógicos. Hasta ahora había centros en los que se prohibía completamente y otros en los que no se regulaba el uso, ahora hay una norma general y un criterio de uso pedagógico para todos”.
Andalucía tiene más de 7.000 centros educativos. La práctica totalidad se ha dotado de una normativa interna para regular el uso de los dispositivos móviles dentro del centro y durante la jornada escolar. El marco normativo es muy disperso: el propio proyecto educativo del centro, el plan de convivencia escolar, los planes de orientación y acción tutorial, los protocolos contra el acoso y el ciberacoso...
Todos estos programas -la mayoría de carácter preventivo- son de obligado cumplimiento para las escuelas, pero cada una disfruta por ley de autonomía pedagógica y organizativa para adaptar las reglas a su proyecto educativo, a las necesidades de su alumnado, al entorno socioeconómico y cultural de su centro.
Algunas escuelas directamente prohiben a su alumnado entrar con el móvil, otras obligan a depositarlo en un espacio controlado y recogerlo a la salida, hay colegios que limitan el uso a la hora del recreo, otros están en contra de aplicar medidas coercitivas y han organizado cursos y charlas a las familias porque creen que el abuso de los móviles no es un problema de escuela, sino del hogar, de la sociedad.
En la comunidad educativa hay voces críticas con la última decisión del Gobierno de Moreno, que enmarcan “en una política más pensada a contentar a determinadas familias que a escuchar y ayudar a las escuelas”. “Estas instrucciones vienen a cargarse, de tapadillo, la autonomía de los centros que es, junto a la libertad de cátedra del profesor, la piedra angular de la enseñanza”, denuncian ex responsables de la Consejería de Educación del anterior Gobierno socialista.
Las instrucciones complementan las medidas restrictivas y punitivas por el uso del móvil en las aulas con una oferta de “programas específicos dirigidos a docentes, equipo directivo y familias sobre educación en seguridad y privacidad digital”, que diseñará la propia Consejería de Desarrollo Educativo. La Inspección Educativa velará por el cumplimento de las instrucciones y asesorará e informará a la comunidad educativa.
Las instrucciones de la consejería no son obligatorias para los centros privados ni para los concertados subvencionados con fondos públicos, aunque el texto incluye un apartado en el que conmina a “adaptar” dicha orden “a su organización, en consideración a la legislación específica que los regula”. Aunque ninguna ley específica obliga a las escuelas privadas y concertadas a limitar el uso de móviles en sus aulas.
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