El Constitucional solo falló a favor de Andalucía en uno de los 20 conflictos con el Estado resueltos esta legislatura

El debate constitucional del momento se centra en la propuesta del PP de ampliar las atribuciones del alto tribunal, con un ojo en Cataluña, para poder sancionar a quienes incumplan sus resoluciones. ¿Qué pasará con las sentencias del Tribunal Constitucional y sus consecuencias? Eso podría ser el futuro pero, mirando al pasado y a nivel exclusivamente de Andalucía, el caso es que solo uno de los 20 conflictos o recursos sobre los que ha sentenciado el TC desde noviembre de 2011 hasta ahora en relación con Andalucía se resolvió totalmente a favor de la comunidad autónoma.

Desde el inicio de la X legislatura, el alto tribunal ha resuelto un total de 271 impugnaciones planteadas por el Estado o por las comunidades autónomas contra leyes, decretos-ley, órdenes o resoluciones de las distintas administraciones, según el último Informe sobre conflictividad Estado-Comunidades Autónomas durante la X Legislatura. La renovación de magistrados en el Constitucional se produjo en junio de 2013 y conllevó el cambio de mayoría: de progresista a conservadora. 

En lo que respecta a Andalucía, de las 20 controversias planteadas por el Estado o por la comunidad autónoma, el TC ha emitido siete sentencias a favor del Estado, cinco parcialmente favorables al Estado, una a favor de la comunidad autónoma y siete parcialmente a favor de Andalucía. Entre las más conocidas se encuentra la sentencia del pasado mayo contra el Decreto-ley 6/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, parcialmente a favor del Estado.

La única vez que un fallo del TC en estos cuatro años respaldó la postura de la comunidad autónoma andaluza fue en el conflicto planteado por el Estado acerca de la incompatibilidad ser alcalde y diputado. El alto tribunal avaló la ley andaluza y, entre otras cuestiones, varios alcaldes y parlamentarios andaluces se vieron obligados a dejar su escaño en la Cámara andaluza a pocos meses de las elecciones municipales.

El que pudo haberse convertido en un nuevo conflicto entre ambas administraciones ha sido esta semana el anunciado contra determinados preceptos de la Ley de Parques Naturales. Finalmente, y aunque el gabinete jurídico de la Junta había autorizado la interposición de recurso de inconstitucionalidad, una comisión bilateral in extremis evitó el conflicto y el Gobierno central aceptó las apreciaciones de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Controversias extinguidas por sentencias del Tribunal Constitucional en la X Legislatura

Favorable al Estado (7):

Real Decreto 844/1999, de 21 de mayo, por el que se autoriza la explotación de una lotería instantánea o presorteada y Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre, por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles la explotación de una lotería instantánea o presorteada.

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

Ley 24/2001, de 27 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Real Decreto 716/2005, de 20 de junio por el que se restablece el funcionamiento de las apuestas hípicas externas de ámbito nacional y se autoriza su explotación a la entidad pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado.

Real Decreto 1336/2005, de 11 de noviembre por el que se autoriza a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la explotación de una lotería instantánea o presorteada.

Ley Andalucía 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.

Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los colegios profesionales de Andalucía.

Parcialmente favorable al Estado (5):

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de universidades.

Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía.

Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, el Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social y del Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.

Ley de Andalucía 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía y Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda.

Favorable a la Comunidad Autónoma (1):

Ley de Andalucía 9/2011, de 5 de diciembre, relativa a la modificación de la Ley 1/86, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Ley 2/05, de 8 de abril, por la que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía, y la Ley 3/05, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros cargos públicos.

Parcialmente favorable a la Comunidad Autónoma (7):

Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.

Ley 53/2002, de 31 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el subsistema de formación profesional continua.

Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.

Real Decreto 2396/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Renfe Operadora.

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades.

Orden FOM/897/2005, de 7 de abril, relativa a la declaración sobre la red y al procedimiento de adjudicación de capacidad de infraestructura ferroviaria.