El sector sanitario privado de Andalucía aplica un ERTE a más de 21.000 profesionales en plena crisis de COVID-19

El sector sanitario y de servicios asistenciales se ha convertido en el puntal indispensable de la lucha contra la pandemia de coronavirus, pero también ha sido doblemente golpeado por la crisis sanitaria (el 28% de los contagios de Andalucía son profesionales de la Salud) y por la crisis económica (el 22% de los trabajadores afectados por una suspensión de empleo y sueldo pertenece al mismo sector sanitario privado), según datos facilitados por el Gobierno andaluz.

Los aplausos de las ocho de la tarde a los médicos, enfermeros, auxiliares o celadores no les han hecho inmunes al impacto del frenazo económico. En Andalucía, a fecha de 22 de abril, se han registrado 5.757 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) “por fuerza mayor” de empresas vinculadas a actividades sanitarias, de asistencia en residencias y de servicios sociales sin alojamiento (como los centros de día), según la información aportada por la Consejería de Empleo.

En total, esta cifra afecta a 21.432 profesionales que perderán provisionalmente su puesto de trabajo (o verán reducida su jornada y sueldo) como consecuencia del cierre de sus empresas o del desplome en la actividad. Del total de trabajadores afectados, 17.960 (un 83,7%) son profesionales directamente ligados a las “actividades hospitalarias, médicas, odontológicas y de otras áreas sanitarias”. Los recursos y el personal de la sanidad privada andaluza están “a disposición” de la Junta de Andalucía desde que se decretó el Estado de alarma, el pasado 14 de marzo, pero la Consejería de Salud no ha hecho uso de ellos porque “hasta ahora la presión asistencial en los hospitales públicos y en las UCI está muy controlada y no lo ha sido necesario”.

El impacto de la destrucción de empleo en el ámbito de la sanidad privada varía según la categoría profesional. Los expedientes de regulación de empleo están categorizados por epígrafes dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), regulada en un Real Decreto de 2007. La Consejería de Empleo, que dirige Rocío Blanco, contabiliza los ERTE en cada grupo y subgrupo profesional. Así, en los 64 hospitales privados de Andalucía se han presentado 75 expedientes de regulación temporal que afectan a 492 trabajadores.

El dato más llamativo es el volumen de suspensión de empleos en el subgrupo de “medicina general, medicina especializada y odontología”, donde se concentran 3.949 ERTE, que han dejado temporalmente en la calle a 12.990 facultativos de distintas ramas. En las más de mil residencias de la tercera edad de Andalucía se han solicitado 46 ERTE que afectan a 354 trabajadores.

De los 5.736 ERTE presentados por empresas del sector sanitario y asistencial, el Gobierno de Andalucía ya ha tramitado y remitido al Ministerio de Trabajo para su aprobación 3.069 expedientes, que dejarán en suspenso el empleo de 11.428 médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, dentistas, fisioterapeutas y otras categorías. Las actividades económicas relacionadas con la salud o con las residencias de mayores, primera trinchera contra el coronavirus, aglutinan el 21,9% de todos los ERTE presentados en Andalucía. El total asciende a 97.474 expedientes de regulación en empresas y afecta a más de 511.000 trabajadores. La Consejería de Empleo ya ha tramitado el 72%, en torno a 70.500 ERTE que enviará a las oficinas del SEPE (antiguo Inem) a 321.180 profesionales.

Cada grupo profesional tiene asignada una letra del abecedario dentro de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). El grupo Q engloba a todas las empresas del ámbito sanitario y de servicios sociales, que es donde el Ejecutivo andaluz ubica los 5.767 ERTE y los 21.432 trabajadores afectados por un despido temporal. Ese macrocampo empresarial se subdivide en otros subgrupos para separar, por ejemplo, a los médicos y enfermeros de los celadores; a los médicos de Atención Primaria de los especialistas; o a los cuidadores en residencias de ancianos de los responsables de un centro de atención a drogodependientes.

Dentro del grupo Q hay tres subcategorías: Actividades Sanitarias (hospitalarias; medicina general; medicina especializada; odontología y otras); Asistencia en Establecimientos Residenciales (residencias con cuidados sanitarios; residencias para personas mayores y discapacitados físicos y residencias para discapacitados intelectuales, enfermedad mental y drogodependencia).

“La sanidad pública y privada es una”

En Andalucía la sanidad pública cuenta con 47 hospitales, 1.500 centros de salud y alrededor de 105.000 profesionales. La sanidad privada, por su parte, está dotada de 52 hospitales o clínicas y proporciona empleo a más de 6.600 médicos y alrededor de 18.000 profesionales sanitarios, según datos de la patronal Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS). El porcentaje de conciertos de la Administración andaluza con hospitales privados ronda el 4%, siendo una de las cuatro comunidades con menos servicios externalizados.

La declaración del Estado de alarma para hacer frente a la pandemia de COVID-19 permitió al Ejecutivo central y a los gobiernos autonómicos intervenir la sanidad privada -sus recursos y personal- y ponerla al servicio de las necesidades de asistencia. “La sanidad andaluza es una para todos. Ya no hay pública ni privada”, recordaba este martes el consejero de Salud, Jesús Aguirre.

En efecto, cuando la Junta ha presentado su plan de contingencia contra el avance del coronavirus ha sumado los recursos disponibles de la sanidad pública y de la privada. El plan para atender a 15.000 contagiados, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 3 de abril, dispone de 20.000 camas hospitalarias y más de un millar en las UCI: 15.275 camas en hospitales públicos y 4.771 en los privados; 833 camas en UCI de la pública y 224 en la privada. Además se contempla la opción de convertir más de 300 salas de reanimación de clínicas privadas en UCI.

En paralelo, y a fecha de 20 de abril, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha fichado a 5.764 profesionales sanitarios de la bolsa de contrataciones para reforzar la asistencia en hospitales y centros de salud. El consejero también anunció en el Parlamento un plan previsto para contratar a alumnos de sexto curso de Medicina y del último curso de Enfermería, además de abrir una bolsa de voluntarios para reincorporar a sus puestos a facultativos ya jubilados “si fuera necesario”. Poner en marcha estos planes de refuerzo del personal sanitario ha sido necesario en las comunidades con más contagios y fallecidos, como Madrid o Cataluña, pero en Andalucía no se ha llegado a aplicar, confirman desde la Consejería de Salud.

Tampoco se han utilizado hospitales ni clínicas y profesionales sanitarios del sector privado, “porque el sistema de salud público se ha bastado con sus propios recursos y plantilla para contener el avance del virus”. La sinergia entre la salud pública y la privada sólo ha tenido lugar “en casos excepcionales”, pero no ha sido la “pauta general”, como en otras comunidades, de ahí que los ERTE y los despidos también hayan afectado masivamente a las actividades empresariales relacionadas con la salud.

En resumen, los profesionales del ámbito de la Salud y los servicios sociales en Andalucía se han visto golpeados por las dos crisis que ha destatado el coronavirus: la sanitaria y la económica. En cuanto al nivel de contagios, los profesionales de la Salud y de atención sociosanitaria representan más del 28% de los casi 12.000 infectados por coronavirus hasta la fecha en Andalucía (la media de España es del 12%). A fecha del 22 de abril, se han contagiado 3.375 facultativos, de los cuales 2.556 trabajan en hospitales o centros de salud (cuatro fallecidos), y 819 son empleados de centros de atención social. En las residencias de mayores se contabilizan 2.032 contagios y 377 fallecidos; y en otro tipo de residencias son 241 infectados y 19 víctimas mortales.