El número de personas que ha solicitado que se le prohíba jugar online en 2021 en Andalucía ha aumentado un 10,09% respecto al año anterior, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), situándose en las 15.124 personas que, motu proprio, solicitaron ser inscritas en el registro de interdicciones del juego online.
En España, durante el pasado año, 7.640 personas nuevas lo solicitaron, lo que supone que la cifra global de quienes han pedido que se les prohíba acceder a juegos de azar a través de Internet fue de 63.646 en 2021, frente a las 56.006 de 2020, según ha explicado la Delegación del Gobierno en un comunicado.
Por comunidades, es Islas Baleares es la que presenta el mayor incremento de autoprohibidos, pasando de 1.179 a 1.480 en un solo año, lo que implica una subida de un 25,53%. Le siguen la Región de Murcia, con un aumento del 22,44% (de 2.562 a 3.137 personas inscritas); Comunidad Valenciana, con un 22,21% (de 3.677 a 4.494); Navarra, con un 20,33% (de 531 a 639), y Castilla-La Mancha, con un 19,99% (de 2.791 a 3.349).
Tras ellas, se sitúan la Comunidad de Madrid, cuyo registro de autoexcluidos ha aumentado un 16,77%, La Rioja (15,56%), Cantabria (14,89%), País Vasco (14,80%), Cataluña (14,29%), Principado de Asturias (10,99%), Canarias (10,77%), Andalucía (10,09%) y Aragón (10,08%).
Menos significativos, aunque también destacables, son los incrementos de autoprohibidos registrados en comunidades como Castilla y León (9,48%), Galicia (9,38%) y Extremadura (7,97%), así como en las ciudades autónomas de Melilla (7,93%) y Ceuta (6,93%).
El Gobierno ha señalado que la inscripción en un registro de prohibidos es un derecho de los ciudadanos que, a petición de la persona interesada, impide el acceso a aquellos juegos online o presenciales sobre los que la administración pública competente haya determinado la necesidad de realizar la identificación previa del jugador.
Que no pueda “jugar en otro territorio”
En el caso de que la inscripción se realice en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) de la DGOJ, la prohibición afectará al juego online y loterías, mientras que, si se hace en los registros de las CC.AA., se bloqueará el acceso presencial a aquellos juegos de azar y apuestas donde la respectiva normativa autonómica determina la necesidad de comprobar la inexistencia de inscripción.
Por último, ha destacado que esta es la razón por la que el Ministerio de Consumo trabaja con los Gobiernos autonómicos en la firma de convenios de interconexión con el objetivo de mejorar la coordinación entre registros y, en consecuencia, avanzar en la lucha contra la ludopatía.
“De esta manera, se evitarán situaciones como, por ejemplo, que una persona que esté en el registro de autoprohibidos de una comunidad pueda jugar en otro territorio”, ha concluido.