La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel para el expresidente de Invercaria

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado seis años de cárcel y 25 años de inhabilitación para Tomás Pérez-Sauquillo, expresidente de Invercaria, sociedad de inversión y capital riesgo de la Junta de Andalucía, por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a la ayuda de 300.000 euros concedida a la empresa Fumapa mediante un informe “de medio folio”.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita además la misma pena de prisión e inhabilitación para tres miembros del consejo de administración de Invercaria, como son Isabel de Haro, Jacinto Cañete y Ramón Martínez.

Asimismo, pide dos años y medio de cárcel y once años de inhabilitación para los administradores de Fumapa, Fulgencio Canales y Francisco Gutiérrez Cañizares, mientras que reclama que todos los acusados indemnicen a la agencia IDEA con 300.000 euros.

Se trata del primer escrito de acusación presentado por la Fiscalía en esta causa después de que el juez haya concluido la instrucción de las piezas relativas a las ayudas concedidas a Fumapa, Lolita Canalla, Juana Martín y Operador Aéreo Ándalus.

En este caso, la Fiscalía cifra en 359.581,60 euros “el perjuicio total” causado a Invercaria e IDEA, una cantidad que “puesta en relación con los fondos propios del año 2008 destinado a inversiones suponen un daño relevante en las propias cuentas de la entidad y en los posibles fondos destinados a otros proyectos en fase semilla o arranque”.

Anticorrupción relata que Fumapa es una sociedad limitada constituida el 13 de diciembre de 1988, cuyo objeto social es la fabricación y venta de carpintería metálica y aluminio y cristal y su capital social de 45.436,52 euros.

En fecha no determinada, los socios de Fumapa y Fumapra mantuvieron una reunión en La Carolina (Jaén) con Pérez-Sauquillo, “del que nació el compromiso de una inversión en alguna de sus empresas”, tras lo que, el 8 de abril de 2008, ambos socios se reunieron con el presidente de Invercaria en la sede de esta empresa pública “para la concreción de la petición de inversión y ayuda”.

“DOS FOLIOS MANUSCRITOS”

“A pesar de ser conscientes que no cumplían con los presupuestos exigidos por Invercaria como empresa capital riesgo, le propusieron una inversión a modo de préstamo participativo”, asevera la Fiscalía, que añade que, en dicha reunión, “como toda documentación, no le entregaron más de dos folios manuscritos, en el que contenía una serie de gastos entre 2005 y 2008, así como un inventario de inmovilizado de Fumapa y Fumapra”.

Ya a finales de 2006, dice que tanto Fumapa como Fumafra presentaban fondos propios negativos por 27.644 y 165.037 euros, respectivamente, y ambas “se encontraban en una situación comprometida desde el punto de vista económico a todos los niveles”.

Anticorrupción asevera que Pérez-Sauquillo, “a pesar de ser consciente de la irregularidad del inicio del trámite y de la inviabilidad en todos los sentidos de tal ayuda, con estos datos y documentos, hizo llegar a través de su secretaria el interés del mismo en que se analizara la inversión, dándose traslado de estos documentos a personal” del Departamento de Promoción, cuyo director era Cristóbal Cantos, denunciante del caso y cuya causa en esta pieza fue archivada.

En este departamento se realizó un preinforme que consistió en una ficha informativa “incompleta, y de apenas unos párrafos en medio folio y un informe informativo”, dice la Fiscalía, que agrega que este informe “de medio folio” concluía que ambas empresas mostraban “problemas de liquidez a corto y que se carecían de datos que indicasen la operación a realizar, inversión, y qué financiación se pedía a Invercaria”.

Posteriormente, y según relata, el propio Cantos “fue requerido” en una reunión con el acusado “a realizar un análisis de urgencia, dado que según se decía, el proyecto tenía una alta consideración para la sociedad”, de forma que Cantos elaboró un informe el 19 de mayo de 2008 que únicamente iba referido a Fumapa.

“El documento se realizó sin atenerse a los estándares de Invercaria y sin formato oficial” y en el mismo “se dice carecer de datos para los informes que se han requerido y se habla de la alta consideración e importancia del proyecto”, advirtiéndose también de la “deficiente situación de liquidez, fondos propios negativos y fuerte dependencia de un solo cliente”.

POR UNANIMIDAD

En el mismo informe, “se concluía acerca de la necesidad de la auditoría de cuentas del ejercicio 2007, la diversificación de la cartera de clientes y un informe sobre la gestión de la empresa”, a pesar de lo cual “se informó que una vez atendida esas recomendaciones, la solicitud de Fumapa presentaba un perfil positivo para recomendar la inversión solicitada”.

Así, “ninguno de los tres aspectos señalados” en ese informe “como necesarios se realizó posteriormente ni el presidente dio orden en tal sentido”, señala el fiscal, que indica que este acusado, “sin completar el expediente con las comprobaciones” a las que Cantos hacía referencia en su informe, “decidió presentarlo sin más” al Consejo de Administración de Invercaria “sin que pasara por el Departamento de Análisis ni por el Comité de Dirección ni de Inversiones”.

Para finalizar, recuerda que, el 1 de julio de 2008, el Consejo de Administración de Invercaria aprobó la inversión “de manera unánime sin contar con expediente de inversiones aprobado ni por el Departamento de Análisis ni por el Comité de Inversiones conforme a lo que se regulaba en el Plan Director” de la compañía.

De esta forma, el consejo de administración acordó “por unanimidad” la concesión de un préstamo participativo a Fumapa por importe de 300.000 euros a pesar de “no presentar plan de negocios, ni análisis de inversión”.

El préstamo finalmente se formalizó en póliza de 23 de julio de 2008, sostiene la Fiscalía, que añade que, dos días después, su administrador, el acusado Fulgencio Canales, realizó un traspaso de 150.000 euros a Fumapra, préstamo que “no se incluyó” en las cuentas anuales por parte de Fumapa.

Posteriormente, e instado el concurso de Fumapa, este acusado “no incluyó el préstamo” en la documentación presentada al Juzgado Mercantil y al administrador concursal, lo que “imposibilitó” que el Juzgado conociera el préstamo a Invercaria, lo que “unido a lo deficiente que eran los procedimientos de seguimiento en Invercaria dio lugar a que se comunicara el crédito al Juzgado de lo Mercantil de manera tardía, perdiéndose en definitiva el capital”.

Ya el 1 de octubre de 2009, Invercaria “era consciente de la comprometida situación económica” de Fumapa y “de sus problemas” con Hacienda y la Seguridad Social a través de una reunión mantenida con personal de la misma y donde “hasta entonces no se habían afrontado los pagos de principal e intereses del préstamo”.

El 15 de febrero de 2012, el Juzgado de lo Mercantil de Jaén decretó culpable el concurso de Fumapa, indica el fiscal, que asegura que, “además del desvío a Fumapra, el resto de la inversión en préstamo concedido, se dedicó al pago de deudas con terceros de la mercantil, sin que en ningún momento se realizara inversión alguna en material y bienes de equipo”.

Fumapra, de su lado, “destinó la cuantía desviada de 150.000 euros igualmente al pago de acreedores, Seguridad Social y Agencia Tributaria, así como a la compra de una nave industrial”.