Antonio Fernández pide una pensión alimenticia de 1.840 euros al estar al borde de la “indigencia”

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha solicitado a la jueza que investiga el caso de los ERE irregulares que le conceda una pensión alimenticia de 1.840 euros mensuales a fin de atender “sus necesidades más básicas”, pues alega que “de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia”. En un escrito, el abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, pide a Mercedes Alaya que fije dicha pensión de alimentos con cargo a la indemnización de 37.935 euros que le correspondió por su despido de la empresa González Byass y que le fue embargada por la magistrada.

El letrado señala que, tras su ingreso en prisión, Antonio Fernández “fue objeto de despido y perdió su puesto de trabajo” como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez de la Frontera, “habiendo sufrido desde entonces y a partir del momento en que, tras más de tres meses de privación de ella, recuperó la libertad, una situación de completo rechazo social”. De este modo, se le “han cerrado todas las puertas” y sus intentos de encontrar trabajo han resultado “inútiles”, a lo que se suma el “agotamiento a día de hoy de toda clase de prestaciones, incluida la ayuda familiar”, por todo lo cual el exconsejero “carece en este momento de medios económicos con los que atender a sus necesidades más básicas”.

Para ello, el abogado acompaña su petición de la certificación emitida por el director provincial en Cádiz del Servicio Público de Empleo Estatal según la cual Antonio Fernández “no figura, al día de la fecha -5 de noviembre de 2014-, como beneficiario de una prestación/subsidio por desempleo”. En el escrito argumenta: “Es por ello que nuestro representado se ve en inimaginable posición -si se considera su condición de exconsejero y la realidad de decenios de dedicación al servicio público, con más el posterior desempeño de un cargo electivo y de alta remuneración como presidente del indicado consejo regulador- de completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos”.

Desde la luz hasta el agua

El abogado relaciona y aporta documentación acreditativa de los gastos que el exconsejero “ha de afrontar con periodicidad mensual”, como el préstamo hipotecario que pesa sobre su vivienda de Jerez de la Frontera, ascendente a 710,47 euros mensuales, los gastos de la comunidad de propietarios de la misma, de 60 euros mensuales, o el suministro de agua y basuras, de 35 cada dos meses. También hace alusión al gasto por el suministro de gas en su vivienda habitual, de 15 euros bimensuales, el de electricidad, de 120 también cada dos meses, o los de alimentación, vestido y consumo básico, “prudencialmente estimados en 900”.

Por todo ello, pide que se le reconozca a su defendido el derecho a la percepción de alimentos por 1.840 euros mensuales, “cantidad que, siendo sustancialmente inferior a la que percibía anteriormente a la pérdida de su empleo, creemos mínimamente ajustada a las necesidades de sustento elemental y obligaciones económicas personales” del exconsejero.