El juez abre juicio contra el exconsejero Fernández y otros seis exaltos cargos por dos ayudas de los ERE

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y otros seis ex altos cargos por las ayudas sociolaborales concedidas a las empresas Acyco y Surcolor, por las que la Fiscalía Anticorrupción pide para el exconsejero un total de 20 años y 4 meses de cárcel.

En dos autos distintos fechados el 16 de noviembre y a los que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado abre juicio oral contra el exconsejero y otras 15 personas, entre ellas cinco ex altos cargos de la Junta, por la ayuda de 2,3 millones de euros a Surcolor, mientras que en el caso de la ayuda de 3,2 millones a Acyco el auto va dirigido contra 12 personas, entre ellas el propio Antonio Fernández y otros cinco ex altos cargos autonómicos.

En el caso de la ayuda a Surcolor, el juez abre juicio oral y tiene por formulada la acusación contra el exconsejero; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.

Asimismo, abre juicio oral contra el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas; el representante sindical José Hurtado; los representantes de Surcolor, Antonio Manuel Bustamante León y Manuel Rafael Castilla Bustamante; dos 'intrusos', como son José Antonio Márquez Sánchez --concuñado de Rivas-- y Juan Manuel López Espada; el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín; los extrabajadores de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo y un letrado de un despacho sevillano.

El juez, que tiene también por formulada petición de condena en vía de responsabilidad civil y con carácter subsidiario contra la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO, abre juicio oral contra estas 16 personas por los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación continuada, prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, continuado de falsedad en documento mercantil y continuado de falsedad en documento oficial.

En el auto, el juez ratifica las medidas cautelares acordadas en la causa y acuerda incorporar a esta pieza separada testimonio de las piezas de responsabilidad civil creadas en la causa matriz de los ERE.

Por la ayuda a Surcolor y Surcolor Óptica, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ocho años de prisión para el exconsejero de Empleo, Agustín Barberá, Guerrero, Antonio Rivas, el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas y el presunto 'testaferro' Juan Francisco Algarín, mientras que ha pedido seis años de cárcel para Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y penas de entre cuatro y ocho años de cárcel para el resto de acusados.

De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta ha solicitado la libre absolución de Antonio Fernández, Agustín Barberá, Juan Márquez, Daniel Alberto Rivera y José Hurtado, mientras que ha solicitado dos años y medio de cárcel para el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas.

Por su parte, el PP-A, personado como acusación en el caso, ha solicitado diez años de cárcel y 32 años de inhabilitación para el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía.

La ayuda de Acyco

Por la ayuda a Acyco, el juez abre juicio oral contra seis ex altos cargos de la Junta, como son Antonio Fernández, Agustín Barberá, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Daniel Alberto Rivera, y el ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano, así como contra la presidenta del consejo de administración de Acyco, Encarnación Poto; el director de Recursos Humanos y abogado de la empresa, Gabriel Barrero Raya; un segundo letrado; un 'intruso', y dos extrabajadores de Vitalia.

En el caso de Acyco, el magistrado señala como delitos objeto de acusación los de prevaricación continuada, malversación continuada, prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, asociación ilícita, y tráfico de influencias, ratificando también las medidas cautelares acordadas y ordenando traer a esta investigación las piezas de responsabilidad civil individualizadas creadas en la pieza matriz de la causa de los ERE.

Cabe recordar que, por la ayuda a Acyco, el Ministerio Público ha pedido para Antonio Fernández y Miguel Ángel Serrano ocho años de prisión; 12 años y medio de cárcel para Agustín Barberá; y ocho años, seis años y cuatro años y medio de cárcel para Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, respectivamente.

De su lado, la Junta ha pedido seis años y medio de cárcel para el exconsejero de Empleo, mientras que el PP-A eleva su solicitud a 14 años y medio de prisión para Antonio Fernández.

15 días para presentar la defensa

Tanto en el caso de Surcolor como en el de Acyco, el juez da a los investigados un plazo de 15 días para que presenten sus respectivos escritos de defensa frente a las acusaciones formuladas, concediéndoles asimismo diez días para que comparezcan de manera voluntaria en el Juzgado.

En ambos casos, el magistrado declara a la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para el conocimiento y fallo.

Se trata de la tercera pieza separada en la que el instructor abre juicio oral tras el auto dictado en la pieza del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso, donde hay acusados un total de 26 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.