Antonio Rivas, delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla entre 2000 y 2010, ha sido imputado por tres delitos (malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias) en el caso de los ERE, si bien ninguna de las partes personadas ha pedido su ingreso en prision provisional. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado como medida cautelar la imposición de una fianza civil de 5,6 millones de euros en relación a su supuesta participación en cinco ERE en concreto. La Junta, por su parte, ha pedido una fianza de unos 4,3 millones de euros. Rivas se ha acogido ante la jueza Mercedes Alaya a su derecho constitucional a no prestar declaración, aunque ha presentado un 'escrito de manifestaciones' donde cree dar cumplida contestación a las cuestiones que se le han imputado.
Condenado por cohecho en el 'caso Mercasevilla', que dio origen al caso de los ERE, Antonio Rivas es considerado por Alaya el “portillo de entrada” del “dispendio” en las subvenciones de la Junta por su “gran capacidad de influencia en sus superiores”. Su condición de delegado provincial le permitía asistir a los denominados consejos de dirección ampliados donde se aprobaban las ayudas a través de las llamadas transferencias de financiación, según entiende la jueza.
Alaya le acusa de que, como autoridad laboral competente, autorizaría un considerable número de ERE de empresas que recibirían subvenciones sociolaborales de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo “con total ausencia de procedimiento” para la prejubilación de sus trabajadores. Esa presunta falta de procedimiento, según Alaya, “era conocida” por Rivas pues “era evidente que ni siquiera existían unas bases reguladoras”. Pese a ello, “fueron comprometidas previamente” por el entonces delegado, “influyendo en el otorgamiento de las mismas, así como en la inclusión de ciertos intrusos”.
La Audiencia de Sevilla recogió entre los indicios de imputación contra Rivas que el ERE de Mercasevilla de 2007 fue autorizado por él pese a que en el año 2003 se había aprobado otro expediente para despedir a 74 de los 184 trabajadores fijos. En el de 2007 se incluyó a Antonio Rivera Martín, que había sido contratado el mismo día de su inclusión en el expediente, Antonio Garrido Santoyo, exresponsable del PSOE de Baeza (Jaén) que nunca había trabajado en Mercasevilla, y a su cuñado José Antonio Márquez Sánchez. Alaya, este viernes le ha dado detalles de su presunta participación ilegal en los ERE de las empresas Intesur, Surcolor, Aglomerados Morell y Calderinox.
El abogado de Rivas, Jon Ander Sánchez, ha querido precisar ante la jueza que “ningún expediente de regulación de empleo de los estudiados en estas actuaciones, o de ningún otro, tiene irregularidad alguna, ni se ha constatado ni tan siquiera de modo indiciario, la existencia de ningún intruso o de ninguna inclusión indebida en los expedientes de regulación de empleo aprobados por el hoy declarante”.
Asimismo, la defensa ha afirmado que todos los ERE “lo han sido previo informe favorable de la inspección de Trabajo y Seguridad Social, que legalmente es el garante de la legalidad en estos procedimientos”, habiendo actuado “en todo momento conforme a la legalidad y en el ejercicio de las competencias que tenia asignadas”.
Rivas y el 'caso Mercasevilla'
El 'caso Mercasevilla, que aúna varios sumarios por presunta corrupción en la gestión de la lonja sevillana, tiene una primera sentencia de un alto tribunal (el TSJA) y en ella sale mal parado Antonio Rivas. Dos empresarios del grupo hostelero La Raza denunciaron que dos exgerentes de la sociedad, Fernando Mellet y Daniel Ponce, les pidieron una comisión de 450.000 euros como condición para adjudicar una Escuela de Hostelería, subvencionada por la Junta con 900.000 euros, que se iba a abrir en Mercasevilla durante unas conversaciones que fueron grabadas por los empresarios denunciantes de dicho soborno.
El TSJA confirmó a mediados del pasado junio la pena por cohecho, basándose en estas grabaciones, dictada por la Audiencia de Sevilla contra Mellet, Ponce y Rivas, condenados a una multa de 600.000 euros y 21 meses de inhabilitación como autores de un delito de cohecho. El tribunal recordaba que Mellet declaró a un policía que Rivas le dijo que pidiera dinero a los empresarios encargados de la gestión de la escuela. En el momento de solicitar el soborno, sólo Rivas podía cumplir, por su condición de delegado de Empleo, la promesa hecha a los empresarios de que obtendrían la gestión de los cursos de formación de la escuela de hostelería, señaló el TSJA.