La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un oficio a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares en el que anuncia que ha detectado “un presunto incremento patrimonial ilícito” por parte del exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que está citado a declarar como imputado el próximo viernes.
En el oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, el Instituto Armado subraya que la información facilitada por los diferentes organismos oficiales a lo largo de la investigación “revelaría un presunto incremento patrimonial ilícito” por parte de Rivas “pendiente de confirmar y cuantificar, pudiendo haber utilizado para ello a personas vinculadas directamente a su entorno familiar”.
Así, destaca “la vinculación laboral” que la novia de uno de los hijos de Rivas “habría mantenido” con empresas vinculadas al 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, refiriéndose en concreto a María del Carmen Rodríguez Borrego, “quien habría figurado de alta en el régimen general de la Seguridad Social” en las mercantiles Al Andalus Mass Media Channel y Consulting Social Siemur, “de las cuales habría percibido un importe total de 21.840,13 euros”.
En este oficio, la Guardia Civil recuerda que ya ha hecho entrega en el Juzgado de varios atestados donde se explicaba “cómo una vez que la Junta libraba el dinero de las primas de las pólizas hacia las compañías aseguradoras, éstas hacían llegar a las mediadoras unas sobrecomisiones supuestamente autorizadas directamente por los responsables de la concesión de las subvenciones”.
Según los agentes, “una vez que estas sobrecomisiones llegaban a las mediadoras, se comenzaba un proceso de distribución del capital con el objetivo de ocultar el verdadero origen del dinero”, todo ello con el fin de “reintroducirlo en el mercado económico, perfeccionando con ello un supuesto delito de blanqueo de capitales” y “haciendo llegar parte de estos fondos a otras personas que habrían facilitado la culminación de todo el proceso, entre ellas algunas autoridades administrativas con responsabilidad en la concesión de las subvenciones objeto de desvío”.
De esta manera, y “profundizando en esta línea de investigación, se está tratando de depurar, por un lado, todo aquello relacionado con el supuesto blanqueo de capitales, y por otro, delimitar las posibles responsabilidades penales de aquellas personas físicas y/o jurídicas que habrían sido receptoras de los fondos públicos que originariamente habían salido del erario andaluz con un fin subvencionador y sin embargo habrían acabado capitalizando otros intereses”.
Así, y en relación al blanqueo de capitales investigado, la Guardia Civil dice que en el marco de la investigación “se ha podido determinar la utilización de un entramado empresarial, organizado y dirigido” por Lanzas y a través del que “se canalizaba el dinero que procedía de la Junta y por donde fluía además otro capital que Lanzas recibía, entre otros, de las empresas que resultaban beneficiarias de las subvenciones conseguidas por éste”.
En los diferentes atestados se ha hecho referencia a la “participación” de Lanzas en los hechos investigados, “a las relaciones de amistad de éste” con Rivas y el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, y “a la utilización de un entramado societario y personas de su entorno familiar para introducir en el circuito financiero el dinero de origen ilícito, permitiéndole con ello un incremento patrimonial desproporcionado y su posterior distribución entre las diferentes personas físicas y jurídicas participantes en la trama, algunas de ellas con responsabilidades en el ejercicio de funciones públicas”.
Así, y además citar todo lo relacionado con Rivas, dice que el desarrollo de la investigación “ha puesto de manifiesto que la sociedad Canal Baeza y La Loma forma parte del entramado societario” aludido, “así como la utilización de cuentas bancarias titularidad” de la hija de Lanzas, María Lorena Lanzas Sierra, “para el trasvase de fondos indiciariamente de origen ilícito”.
La Guardia Civil anuncia que “también se ha podido determinar la vinculación de Lanzas” con la Asociación Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, asociación en la que ostentaba el cargo de presidente y que “habría solicitado ayudas públicas ante la Junta”.
A fin de “poder confirmar” lo anterior y de “determinar el fin último dado a los fondos públicos recibidos en concepto de ayudas diversas”, el Instituto Armado pide a la juez que ordene a la Asociación Española de Banca Privada (AEB), a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) y a la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) que recabe de sus asociados información sobre los productos --cuentas, préstamos bancarios, cajas de seguridad, transacciones, movimientos de capitales...-- de los que pudieran ser titulares cinco personas, entre ellas, María Ángeles Rivas Romero, María Lorena Lanzas Sierra, así como Canal Baeza y La Loma y la Asociación Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento.
La Guardia Civil también reclama que tanto la AEB como la Unacc y la CECA informen de los haberes existentes e identifiquen a otras personas que figuren en estos productos, y que en el caso de cuentas corrientes o de ahorros faciliten el listado de los movimientos habidos desde el 1 de enero de 2001 hasta la actualidad.
Tras ello, la juez Alaya ha dictado un auto en el que acepta esta petición “a fin de aclarar no sólo los verdaderos beneficiarios de las ayudas sino las operaciones comerciales mantenidas entre las empresas tramitadoras de expedientes, mediadoras, despachos de abogados, etc”, para lo cual “se hace necesario un estudio sobre la información registral de las empresas beneficiarias y un análisis financiero vinculado con determinadas personas físicas o jurídicas relacionadas con los hechos”.
La magistrada reclama que, “a la mayor brevedad”, las entidades financieras mencionadas informen sobre la fecha de apertura, titularidad y autorizados de los productos bancarios relacionados, interesando que “faciliten el listado de los movimientos habidos en los periodos indicados para cada producto”.
Alaya busca la cantidad “exacta” cobrada por los sindicatos
Por otra parte, Alaya quiere saber “el destino final de los fondos públicos recibidos en concepto de ayudas diversas”, y en ese marco ha ordenado a los sindicatos CCOO y UGT y a distintas federaciones vinculadas que informen “a la mayor brevedad” sobre los números de cuentas bancarias con los que operan diariamente para las gestiones corrientes de su organización, todo ello de cara a conocer la cantidad “exacta” que llegaron a cobrar.
En un auto, consultado por Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya argumenta que, en el marco de su investigación, la Guardia Civil ha analizado los pagos que las mediadoras que recibían las 'sobrecomisiones' de los ERE destinaban a diferentes organizaciones sindicales “justificándolo en la prestación de supuestos servicios, y como éstos supuestos servicios se facturaban a través de empresas vinculadas a los referidos sindicatos”.
Así, la juez dice que “se han detectado numerosos pagos de las mediadoras a los sindicatos, algunas veces directamente a las federaciones de los mismos, pero otras a través de empresas vinculadas a ellos”, como son Atlantis Asesores, para CCOO, y ASP-Asesoramiento Seguros, ITG y Temiqui para UGT.
Por ello, “se hace necesario profundizar en el estudio del flujo del dinero, cuyo origen se encuentra en la Administración andaluza, y comprobar si las comisiones que se facturan con las empresas citadas revierten en las federaciones que supuestamente han participado en la consecución de las ayudas públicas”.
El objetivo “es intentar determinar la cantidad exacta que las diferentes organizaciones sindicales hubiesen cobrado de los fondos librados por la Junta en el marco de las ayudas sociolaborales objeto de las presentes investigaciones”, ya que “el montante de las sobrecomisiones que las organizaciones sindicales han recibido de las mediadoras, que se ha podido calcular con el estudio de las cuentas bancarias vinculadas a éstas últimas, no coincide con la cantidad de pagos que éstas han reflejado en la declaración tributaria de cobros y pagos”.
Por ello, reclama los números de cuentas bancarias “donde reciben ingresos, emiten pagos, domicilian recibos y cualquier actividad que esté relacionada con su contabilidad, haciendo especial mención en su caso a las 'cuentas de enlace' que mantuvieran con sus respectivas federaciones a nivel regional y/o estatal”, en una petición que va dirigida a CCOO en el País Vasco; a la Federación de Industria de CCOO-A; a la Federación Andaluza Agroalimentaria de CCOO; a la Federación Agroalimentaria de UGT Cádiz; a la Federación de Metal, Construcciones y Afines de UGT-A; a UGT del País Vasco y a la Federación de Industria de UGT-A.
Asimismo, pide a distintas entidades bancarias que informen sobre la fecha de apertura, titularidad y autorizados de una serie de cuentas vinculadas a Atlantis Asesores, Atlantis Correduría de Seguros y Consultoría, ITG, o Temiqui.
La juez ha tomado esta decisión después de recibir un oficio de la Guardia Civil en el que ésta señala que “fruto del análisis de toda la información se habría comprobado, en numerosos expedientes que culminan con la formalización de pólizas mediante las que se instrumentalizan las ayudas, que el tomador es alguna de las federaciones sindicales”, a pesar de lo cual “no es la persona jurídica que figura como tomador la que verdaderamente hace frente a las obligaciones del pago de la prima, como legalmente está establecido, sino que las pólizas son financiadas por la Junta, tratándose además de expedientes en los que se han cometido irregularidades, tales como la inclusión de 'intrusos' y el cobro de una elevada sobrecomisión”.
“Este hecho ya ha quedado demostrado mediante el estudio que se ha realizado sobre varios expedientes, teniendo como nexo común la intervención de responsables sindicales de cada una de las empresas y la percepción por parte de la mediadora interviniente de una elevada sobrecomisión”, dice la Guardia Civil, citando los casos de diez expedientes de ayudas --Surcolor, González Byass, Cespa, Saldauto, Intesur, Matadero de Fuenteobejuna, Hotel Cervantes, SOS Cuétara, Bilore y Calderinox--.
De este modo, y en relación a estos expedientes, indica que, sobre un total de prima de 120.431.426,36 euros, “se han abonado comisiones a los mediadores por valor de 18.065.630,97 euros, que constituyen un 13,60 por ciento en promedio, mientras que la media de mercado en promedio habría sido del 4,60 por ciento, lo que implica que se han pagado sobrecomisiones por un importe de 12.176.626,55 euros”.
En concreto, y tras el estudio de la información tributaria efectuada sobre las citadas mediadoras, la Guardia Civil señala que “se ha podido acreditar que los sindicatos y sus entornos societarios han recibido de estas empresas más de siete millones” como “contraprestación por la labor desarrollada en los procesos de reestructuración de empresas”.