La Junta de Andalucía ha admitido la posibilidad de que su exviceconsejero de Salud y exgerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, trabaje para Grupo Asisa como su director médico en Andalucía siempre que la incorporación se produzca a partir del próximo 29 de julio. Se decanta así por una compatibilidad condicionada por la fecha, razonando que transcurridos dos años desde su cese como director gerente del Servicio Andaluz de Salud es libre para fichar por la empresa que quiera. Incluida aquella a la que adjudicó contratos de emergencia (sin publicidad ni concurrencia, a dedo) por valor de 43,6 millones de euros siendo gerente, y a la que Salud acreditó los dos únicos hospitales universitarios de Andalucía cuando ya era viceconsejero.
Esta interpretación de la Ley de Incompatibilidades de Andalucía, resuelta en menos de 48 horas a través de un informe que no se ha hecho público (y que este medio ha requerido expresamente, sin éxito), despierta dudas entre los expertos consultados por elDiario.es Andalucía, que ven cuanto menos “discutible” que el conflicto de intereses solo exista por razón de su cargo de gerente del SAS (que ocupó entre noviembre de 2019 y julio de 2022), y no por haber sido viceconsejero de Salud (julio de 2022-diciembre de 2023).
La oposición salió este viernes en tromba a criticar la decisión de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, encargada de emitir un informe que el PSOE calificó de “más político que jurídico” y de “tomadura de pelo”. Sin embargo, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, aseguró que la Ley de Incompatibilidades supone una “injusticia” y abogó por reformarla: “Fíjense qué injusticia. A esa persona que le decimos que durante dos años no puede volver a dedicarse a la actividad a la que ya se dedicaba cuando accedió al Gobierno andaluz, le compensamos con tres meses. ¿Y el resto del tiempo? ¿Cómo mantiene a su familia? ¿Cómo paga su hipoteca o cómo cubre sus gastos?”.
Hasta el pasado 27 de diciembre, el ex viceconsejero de Salud percibía un salario de 66.900,44 euros al año. Tras su cese, Guzmán solicitó la cesantía -una suerte de indemnización- a la que tiene derecho por haber sido alto cargo del Gobierno andaluz y, desde enero, percibe en torno a 5.000 euros al mes, confirman fuentes del departamento de Salud.
De momento, la incorporación de Guzmán en Asisa, prevista para el lunes, se retrasa. El ex número dos de Salud ha retirado el anuncio de su fichaje de su perfil de LinkedIn, como hacía hasta este viernes, y la compañía valorará nuevamente su contratación a partir de septiembre, cuando tendría vía libre por parte de la Junta de Andalucía. “Ya se verá si [en septiembre] se dan las circunstancias”, ha explicado una portavoz a este medio: “Es un perfil interesante para nuestra empresa y eso no ha cambiado, pero no hay un compromiso”.
La Ley de Incompatibilidades de Andalucía prohíbe a los altos cargos de la administración ejercer “cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias”. También ejercer cargos “que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento de toda clase de compañías, sociedades mercantiles y civiles”, y ello aunque “no realicen fines o servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones”. Para ambos supuestos, la incompatibilidad se extiende durante dos años “después de su cese”.
Además, el artículo 7.2 señala que “se abstendrán de desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese en el desempeño de dicho alto cargo”.
Los expertos consultados por este medio creen que el alcance del régimen de incompatibilidades a este caso es interpretable, y coinciden en que es “discutible” que la norma permita establecer una barrera entre su desempeño como gerente del SAS (cuando adjudicó 14 contratos a Asisa) y como viceconsejero, a partir de cuyo nombramiento ya no se aplicaría la incompatibilidad.
“La Junta entiende que el viceconsejero no tenía relación directa en el ejercicio de sus funciones con Asisa, porque esta contrataría con el SAS”, observa Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla, quien apunta que es una interpretación “cogida por los pelos”. “Es cierto que formalmente las relaciones con Asisa las tiene el SAS, no la consejería; pero la consejería tiene una labor de dirección política y de adopción de decisiones en el consejillo, en el que participan todos los altos cargos de Sanidad”. Su conclusión es que los dos años de incompatibilidad deberían alargarse hasta diciembre de 2025: es decir, desde que cesó como viceconsejero.
El informe del Gobierno andaluz parece poner el acento en la firma de los 14 contratos. “Los contratos son un elemento indiscutible a tomar en consideración, pero la ley habla de relación, y pueden existir cuestiones que también determinen relación del alto cargo con la empresa sin que él participe en la celebración de los contratos”, señala el catedrático: “Puedes no haberlos firmado, pero haber participado en la programación de contratos sucesivos, o establecer las bases de licitación de otros contratos, aunque no los haya firmado”.
Carlos Amoedo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, cree que el informe “no es descabellado”, pero también que “hace una interpretación excesivamente literal y formalista” del artículo 7.2 de la ley. En su opinión, el informe es “acertado”, pero vulnera el “espíritu de la Ley de Incompatibilidades”. “La potestad y competencias de un viceconsejero de Salud es difícilmente desligable de la del gerente, porque tienen funciones compartidas, y porque uno depende de otro”.
Según Amoedo, “las puertas giratorias en este país no están bien reguladas, la legislación actual no es todo lo estricta que debiera”, y debería hacerse una lectura más amplia de la ley para no pervertir el objeto de la misma, esto es, “garantizar que no hay un conflicto de intereses entre las decisiones de un alto cargo público y el sector privado”. Amoedo cree que sería necesario “prolongar otros dos años” el plazo para volver al sector privado cuando el interesado pasa de un alto cargo a otro de mayor rango dentro de la misma administración que tiene competencias directas sobre dicho sector. En este caso, el ámbito sanitario.
Para Julio González García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, la clave está en si Guzmán participó en algún asunto vinculado con Asisa mientras era viceconsejero. “Si no, no hay problema. Pero si inició, tramitó, impulsó o resolvió, hay incompatibilidad dos años más. Y es muy complicado que un viceconsejero no haya participado en ningún asunto vinculado con una gran empresa del sector sanitario, como Asisa”.
Según este experto, también miembro del Observatorio de Contratación Pública, hay asimismo una clave de ética pública. “Uno debe ser consciente de que cuando entra al sector público en un cargo relevante, la vuelta a otro trabajo es complicada. Y cuanto más alto, más limitaciones”.
El fichaje del ex número 2 de la Consejería de Salud por Asisa, uno de los grandes grupos de salud privados del país, ha desatado esta semana una tormenta política en Andalucía. Para la oposición, es la piedra de toque del proceso privatizador de la sanidad, y se produce después de que el Gobierno andaluz adjudicara sin publicidad ni libre concurrencia contratos por valor de más de 242 millones de euros, justificándolos primero en las listas de espera generadas por la pandemia, y luego mediante prórrogas sucesivas que llegaron hasta mediados de 2023.
Guzmán, como gerente del SAS, firmó el expediente inicial que abrió el proceso, y al menos dos de las cuatro prórrogas. Entre enero de 2021 y junio de 2023, Asisa recibió 43,6 millones de euros por medio de estas contrataciones de emergencia, el 17,9% del total, tal y como desveló en exclusiva elDiario.es Andalucía. Después se convirtió en viceconsejero, cargo del que cesó en diciembre de 2023. Tres meses después fichó por Asisa, regresando así a la empresa privada, en la que había ejercido hasta su nombramiento como gerente del SAS.
Inicialmente, Guzmán defendió su fichaje subrayando que Asisa no tiene en este momento ningún vínculo contractual con el Gobierno andaluz. El asunto pilló con el pie cambiado al Gobierno andaluz, que asegura que su exviceconsejero no informó previamente de su pretendido fichaje. El miércoles, la Consejería de Justicia abrió un expediente informativo para determinar posibles incompatibilidades, cuyas conclusiones ha divulgado (parcialmente) este viernes. Mónica García, ministra de Sanidad, definió el caso como una “puerta giratoria de libro”, y este mismo viernes, Antonio Sanz, dio por zanjado el asunto: “No hay caso”, dijo.
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