“Bankia intentó vendernos la parcela hotelera de la playa de El Palmar por tres millones de euros”

Lola Yllescas (1946), nacida en Córdoba pero afincada en Conil (Cádiz), es una voz serena y rotunda en la historia de los movimientos ecologistas de Andalucía. Esta geóloga y catedrática en Ciencias Naturales ha liderado dos décadas de oposición a la explosión urbanística de la costa. Defiende que el tiempo ha cargado de razón a los colectivos conservacionistas (“éramos clarividentes en muchas cosas que denunciamos”), pero denuncia que la región sigue hoy sin política de protección del litoral y “en manos de los especuladores”.

Cuénteme el episodio en el que Bankia intentó venderles la parcela de la playa de El Palmar, en Vejer, en la que van a construirse hoteles.

No lo hicimos público en su día, incluso Bankia en su momento nos dijo que, en tal caso, lo iba a desmentir. Fue un episodio rarísimo. Primero contactó con nosotros un corredor, un chaval relativamente joven, con buen aspecto, parecía de fiar. Era 2010. Otoño o final de año.

¿Cómo contactó con ustedes?

A través de la plataforma Salvar El Palmar. Contactó con un compañero de la asociación. Primero nos reunimos nosotros para valorar aquello. Después fuimos a Sevilla a hablar con ellos en la sede de Bankia, en la Plaza de San Francisco. Nos recibió un vendedor, no recuerdo su cargo. Nos ofrecieron Malcucaña por una precio de tres millones de euros y sugirió que era negociable; que por tratarse de nosotros... se podría hablar.

Les propuso que si querían proteger ese espacio, lo compraran.

Eso. Vio que había una plataforma con muchísima gente adscrita, algo muy dinámico. Nosotros hicimos un cálculo y dijimos: si tenemos tantos miles de seguidores, ponemos equis euros cada uno y lo compramos. Estuvimos planteándolo. Sería algo novedosísimo...

A la estadounidense.

Tengo una hermana que vivía en Estados Unidos. Ocurre que, junto a su casa, tiene una entrada de mar muy bonita que se iba a urbanizar, así que un movimiento ecologista se dedicó a pedir dinero a todos los vecinos de allí para comprar la zona y protegerla. Ahora es pública.

¿Por qué, al final, no llegaron a ningún acuerdo?

Salimos de allí pensando que era una locura. Estábamos tratando con tiburones que sabían mucho más de aquello que nosotros. Lo vimos demasiado complejo y desistimos.

Quizás en este momento de oposición social contra el ladrillo y el impulso que logró la plataforma Salvemos El Palmar, la idea habría funcionado. Euro a euro...

No niego que ese pueda ser un camino, pero el análisis que hacemos de nuestra página en Facebook nos dice que no íbamos a poder conseguirlo. Era mucho dinero. Hay mucho apoyo pero de gente que es lejana, sobre todo de Madrid. No sé si la gente invertiría su dinero en proteger una playa, ni siquiera si hay conciencia suficiente como para organizar algo así. Hemos hecho un proceso de crowfounding para pagar el contencioso-administrativo contra el proyecto urbanístico de Valdevaqueros, que puede costar entre 500 euros y mil euros, pero entonces hablábamos de tres millones.

¿Por qué las plataformas contra macroproyectos urbanísticos y hoteleros tienen más respaldo de ciudadanos de otras provincias que de los vecinos?

Lo he vivido desde los tiempos de Hohenlohe, en Sanlúcar, con la urbanización de golf Las Lomas de Martín Miguel, que hoy es una ruina. Recuerdo debates durísimos con gente de Sanlúcar que me impactaban. Intentas defender tus argumentos y te salen con cosas como “estoy luchando por el pan de mis hijos”. Se defienden puestos de trabajo de poca cualificación, albañilería, jardinería y limpieza. Los otros puestos vienen de fuera. Ahí tenemos, a dos kilómetros, un Barceló en Sancti Petri, que por cierto está la mayor parte del año cerrado, y donde los puestos de trabajo son de este tipo. Se han comido un litoral precioso con un edificio mefistofélico.

¿No cree necesario que se generen puestos de baja cualificación, porque no todo el mundo tiene alta cualificación, y porque no hay oferta empleo?

Es indudable, pero no podemos hipotecar recursos que son de todos. Nosotros nos definimos como ecologismo social. Pero preservar un recurso que puede ser público y de todos nos parece que hace que la balanza se incline hacia la protección frente a un empleo temporal, de baja cualificación y precario.

Otra característica de los movimientos que están surgiendo en redes es que se diluyen en la calle: 60.000 seguidores en Facebook, 100 seguidores en la manifestación...

Las redes son multiplicadoras de ideas. Como activismo, funcionan mucho menos. Las redes sociales son altavoces, pero yo sigo creyendo en el activismo tradicional puro y duro.

¿Cree que se construirán hoteles algún día en El Palmar?

Urbanísticamente, aquello está preparado para construir, todo aprobado. Nosotros hemos presentado un recurso porque después de la aprobación del plan parcial y del proyecto de urbanización, la entonces Agencia Andaluza del Agua sacó un documento de zonas inundables, a raíz de las inundaciones de 2010, que declaró El Palmar zona inundable. Entonces dijimos: “oiga, esto es un hecho sobrevenido. La propia Junta dice que las zonas inundables no son urbanizables. Ahora mismo aquella zona es intransitable, no puede caminar ni una vaca del barro que hay”.

Quiere decir que ahora hay permisos administrativos pero no hay inversión efectiva.

Grupo Tarje no tiene dinero para comprar a Bankia su parte del proyecto y Bankia no tiene dinero para hacer nada. Bueno, nosotros decimos que esto es un activo tóxico de Bankia. Nos preguntamos si lo habrán puesto ya en el banco malo. Ahora quien sabemos que puede estar moviéndose es un inversor árabe que se ha hecho una casa enorme en Mangueta. El Ayuntamiento le ha dado todos los permisos, incluso para construir una pista asfaltada. Sabemos que puede estar interesado en Malcucaña o en Mangueta, donde el Plan de Ordenación del Territorio de La Janda contempla finalmente un hotel.

¿Descarta a los inversores actuales?

No, no están descartados, lo que están es callados. No sabemos cuál es su pretensión. Pero el promotor es el mismo que el de Valdevaqueros, lo que demuestra que lo de Tarifa es una pura especulación, porque si de verdad quisiera invertir, tiene El Palmar para hacerlo ya.

¿Cuáles son sus argumentos legales para oponerse a la urbanización de Valdevaqueros, en Tarifa? Los legales, no los de conciencia.

No tiene informe de la Junta Rectora, aunque se mete en el Parque Natural del Estrecho. La normativa del Parque le exige hacer un estudio de Impacto Ambiental que no se ha hecho. Cuando se aprueba el Plan General de Tarifa, que es del 92, y el plan parcial, de hace 17 años, no había obligatoriedad de impacto ambiental. Esos son los modelos normativos de referencia. El Ayuntamiento de Tarifa tiene siete u ocho Valdevaqueros pendientes. Nosotros nos dirigimos al consejero y al presidente de la Junta indicándoles que estamos en un país en el que se está revisando todo, absolutamente todo: los salarios, los puestos de trabajo, las vacaciones, la contratación laboral, las pensiones, la edad de jubilación, el IVA... Todo, menos los planes urbanísticos. Qué pasa: que lo que precisamente ha sido causa indudable de la crisis en España, aparte de otras, es justo lo que no revisamos. No es lo mismo un plan que se aprobó hace veinte años, en un contexto determinado de boom y expansión urbanística, sin condicionantes ambientales, que un plan actual en un contexto social y de conciencia económica y medioambiental que no tiene nada que ver.

Un promotor defendería ahora que él necesita seguridad jurídica para invertir, que no le pueden cambiar las reglas de juego a mitad de la partida.

El sacrosanto lucro cesante... Ahora Tarje, la promotora de Valdevaqueros, si su proyecto se para, alegará lucro cesante, un concepto que con la Administración y los jueces va a misa. Cosa que nos da mucha rabia. Hay que revisar esto. ¿Quién ha dicho que usted se tiene que lucrar con la aprobación de un plan parcial de hace veinte años? A lo mejor los que nos tenemos que lucrar somos los ciudadanos. Estos señores compraron un terreno rústico, muy barato, y dan el pelotazo típico. Ahora que ya es de mi propiedad y tengo todo aprobado, ya veré cuándo urbanizo. Los promotores y los alcaldes se están poniendo en la pole position para estar bien situados cuando vuelva el ladrillazo. Ellos están convencidos de que esto vuelve.

Y usted, ¿qué opina? ¿cree volverá? ¿Esto es sólo un paréntesis?

Yo espero que la sociedad no sea tan inocente frente a los cantos de sirena del urbanismo. Tendremos que aprender de lo que ha pasado. La crisis no es un paréntesis. No es como otras que hemos pasado en los noventa, o en los setenta. Es una crisis más profunda. Las otras no llegaron a afectar a los derechos sociales como ésta, la educación y la sanidad, pilares de la democracia, los derechos laborales. No mandan los gobernantes, mandan los contables; ni siquiera Merkel, que también se debe a sus bancos.

La respuesta de la Junta ha sido el decreto de protección del litoral. ¿Es una garantía de algo?

A nosotros no nos deja satisfechos. Defendemos que esta protección tiene que tener un carácter retroactivo. Es bueno que se anticipe al futuro porque la Junta nunca ha tenido una política de litoral. Aquí todo eso se ha hecho a salto de mata. A salto de promotores, mejor dicho. A nuestros políticos le gusta ese maná que aparezca de pronto. ¿Quiere Trafalgar? Se lo recalifico. Da igual que sea un lugar emblemático. El decreto de la Junta dice que con lo que ya está tramitado o en tramitación, no hay nada que hacer.

Ahora que Defensa ha cedido el Hospital del San Carlos, en San Fernando, aproveche para pedirle algún territorio bajo servidumbre militar.

Mire, desde aquí oigo cómo nos estamos bombardeando a nosotros mismos. Desde Janer, en San Fernando, resuenan los cañonazos. Estamos tirando bombas al mar, y con muchísima frecuencia. ¡Nos tiramos bombas!

Hay quien le agradece a Defensa el haber velado por ciertos tramos de costa, como El Retín, en Barbate, que en otras circunstancias hoy estarían urbanizados.

Lo de que el levante y los militares nos han protegido del ladrillo es una leyenda urbana. Creo que la historia de Cádiz no es esa sino que la inversión vino más tarde. El Franquismo optó por la Costa del Sol, pero si todo lo que se hizo allí se hubiera hecho aquí, ni los militares ni nada lo habrían parado. Es mi opinión.

¿Está sirviendo para algo el decreto de regularización de viviendas de la Junta de Andalucía?

El decreto se está malinterpretando por los alcaldes. El decreto no quiere decir que las viviendas se legalicen, sino que se va a intentar regularizar su situación, aportar servicios, suministrar agua y electricidad... Pero eso lo tienen que pagar los usuarios.

Pero ocurre que, salvo excepciones, se están negando. Al final el problema es siempre el mismo.

Es lo que está ocurriendo, como por ejemplo, en El Palmar, en el que el anterior alcalde elaboró un plan de regularización con unos costes que nadie quiso pagar. Ahora, el nuevo sigue bajando esos costes pero no se avanza. Seguimos igual.

¿Cómo ha vivido el auge del gran lobby de los propietarios de casas ilegales?

Lo que ha pasado en Chiclana es surrealista. No entiendo cómo un partido que reivindica la legalización de lo ilegal como es el PVRE [Partido Vecinal Regionalista] se presenta a las elecciones. Y no sólo sale airoso sino que ostenta la concejalía de Urbanismo. Este país es surrealista. Es de El Roto. Nosotros decimos que las viviendas ilegales no se pueden legalizar. Eso sería una amnistía urbanística y eso sólo lo puede hacer el Gobierno central, que la está haciendo, por cierto, sobre todo a banqueros.

¿Cuál es la amenaza del dragado del Guadalquivir para los ciudadanos?

El dragado es la muerte definitiva del estuario, que ya está fatal; sólo hay que asomarse. Siempre turbio. La pérdida de biodiversidad es espectacular. La urbanización y erosión de los márgenes, también. El agua no se renueva. Cuando surge el proyecto del dragado del Guadalquivir, en los tiempos de Narbona como ministra de Medio Ambiente, ella pide un estudio científico del estuario. Han estado 12 años estudiando con unas técnicas de primera y la conclusión es que el río está moribundo, sobre todo, entre la presa de Alcalá de Guadaíra y Sanlúcar. Y que es un río que sólo admite medidas para recuperarlo. Meter una obra en 80 kilómetros de longitud, con una profundización de hasta más de tres metros, es demencial.

La Autoridad Portuaria de Sevilla le dirá que también quiere sus barcos, oiga...

En Sevilla se ha hecho una esclusa que ha costado millones de euros y que es como el aeropuerto de Castellón: una obra megalómana y costosísima para unos barcos de enorme calado que no pueden llegar. Es como hacer una estación de tren donde no hay vías. Entonces, qué han dicho, ya tenemos la sxclusa, vamos a hacer la vía: draguen el Guadalquivir para que entren unos supertrasatlánticos. Allí ya entran barcos, pero ahora quieren que entren los más grandes del mundo. El dragado no resiste el más mínimo análisis. La única reserva pesquera de Andalucía está en la desembocadura del Guadalquivir; el río aporta nutrientes a todo el Golfo y la arena que forma las playas. El coste ambiental del dragado es clarísimo, pero es que socialmente sólo beneficia a Sevilla en perjuicio de Cádiz y Huelva. Esto es sálvese quien pueda. ¿Por qué no pueden llegar los cruceros al puerto de Cádiz y que los visitantes utilicen un autobús para ir en una hora a Sevilla? Para acabar con ese traslado de una hora de autobús, ¿tenemos que destrozar el río más importante de Andalucía?

Andalucía ya está en el punto de mira de las empresas gasísticas dedicadas al fracking. ¿Qué se nos viene encima?fracking

Aquí no están buscando gas convencional. Los permisos de investigación son para hacer fracking, porque investigar ya implica aplicar la técnica. Me parece que esto es estrujar la tierra a ver lo que sale. Se trata de romper la roca profunda, a presión litoestática, para que el gas que haya en sus enlaces moleculares se libere. Es el colmo. Hemos alterado la atmósfera, la hidrosfera, el suelo y ahora vamos a por el subsuelo. En Andalucía, tenemos media región bajo amenaza... Cádiz incluida. Lo hemos denunciado a la Junta.

¿Y qué le ha respondido?

Es de lo más ambigua sobre este tema. En una reunión mantenida con el secretario general de la Junta, Sergio Moreno, él nos dijo que sólo hay permisos de investigación, que no es explotación. Pero cuando una empresa hace una inversión de esta categoría es para explotar el recurso. El fracking, por un mínimo principio de precaución, no se debe hacer. No descarto los problemas de microsísmica. Los terremotos se originan por movimientos muy pequeños en el interior de la corteza. Es como si en un cubo de agua quieta tiras un altramuz. El tren de ondas es inevitable. Esta técnica no está experimentada, no tenemos datos y no tenemos información.