El obispo de Cádiz quiere desahuciar a los porteros del convento de las capuchinas
El convento de las madres capuchinas de San Fernando abrió sus puertas en 1889, hasta que el Obispado de Cádiz decidió cerrarlo en enero de 2017 y las monjas fueron trasladadas a la sede de El Puerto de Santa María. Esta decisión cambió la vida de Ildefonso Portillo y Carmen Guerrero, ya que ambos eran porteros en el convento desde 1975. Ahora el Obispado los quiere desahuciar y el matrimonio le ha plantado cara en los tribunales.
En noviembre de 2018, Ildefonso recibió un burofax en el que se le informaba que tenían que abandonar las dependencias del convento en un plazo de diez días. Iniciaron entonces una demanda contra el desahucio en la que de momento la jueza que instruye el caso no se ha decantado en ninguna sentencia porque el juicio previsto para marzo fue suspendido.
Carmen cuenta con un compromiso por escrito firmado por la abadesa donde se reconoce una relación laboral entre las partes que se aportará en el juicio. La retribución se realizaba mediante el uso de la vivienda y el pago mensual de la luz y el agua y ahora la parte demandante considera que el Obispado con el desahucio ha incumplido con la obligación con la trabajadora.
El matrimonio se basa también en que había un compromiso por escrito para mantenerlos en la vivienda y en el Juzgado de Lo Social de Cádiz habrá un juicio por vía laboral el 19 de junio contra el Obispado, al que se le reclama una indemnización por extinción de relación laboral de Carmen como si fuera un despido improcedente, lo que conlleva una indemnización de 45 días por año trabajado antes de noviembre de 2011 y de 33 días al año a partir de ese año, por el cambio en la legislación. La situación de Ildefonso sí estaba regularizada desde un primer momento.
12.000 euros por toda una vida
En el acto de conciliación celebrado en el CMAC el abogado del Obispado no presentó ninguna propuesta, pero recientemente sí ofreció 12.000 euros a Carmen, según cuenta, una propuesta que fue rechazada por el matrimonio. Como quiera que el desahucio está suspendido, Ildefonso y Carmen siguen viviendo en el lugar donde han pasado las últimas cuatro décadas y donde han nacido sus hijos, pero lo hacen con la angustia de no saber qué será de ellos.
Carmen comenta a este medio que sólo busca la normalidad y lo que entiende que se debe esperar del Obispado: “Yo quiero que se haga justicia porque no veo normal cómo se han comportado con nosotros después de 43 años trabajando aquí. Somos personas razonables y si nos hubieran hecho alguna propuesta, seguramente ya nos habríamos ido pero no creo que sea normal que nos manden un burofax. La relación con las monjas es muy buena y seguimos visitándolas en El Puerto. De haber estado ellas esto no habría pasado nunca, pero con el obispo no hemos podido contactar nunca porque él no habla con nadie”.
Carmen lleva toda su vida laboral sin cotizar y ahora se encuentra sin derecho a nada y con la posibilidad de perder su vivienda. “Han sido muchos años trabajando para las monjas día y noche. Yo abría la iglesia, el torno, hacía la compra de ellas... Y todo sin cobrar y sin vacaciones, a cambio de la casa, luz y agua. Teníamos la promesa de tener esto para siempre y ahora nos dicen que nos tenemos que ir”.
El Obispado de Cádiz ha declinado el ofrecimiento de hacer declaraciones al respecto.
