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Un juzgado envía a la cárcel al jefe de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Algeciras por su presunta relación con el narcotráfico

Detenido un capitán de la Guardia Civil en Algeciras por presunta relación con narcotraficantes

Europa Press

El Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras (Cádiz), en funciones de guardia, ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil en la Comandancia de Algeciras detenido este miércoles por su presunta relación con el narcotráfico.

Según ha indicado el TSJA, en principio, y a la espera de que se desarrolle la instrucción de la causa, la juez le atribuye presuntos delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

Además, según ha indicado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, durante el registro efectuado en dependencias del detenido los agentes que llevan a cabo la investigación hallaron 25.800 euros y diversa documentación.

Cabe recordar que la detención es fruto de una investigación interna de la propia Guardia Civil y que de momento está bajo secreto de sumario. No obstante, según ha adelantado Europa Sur, desde 2018 el servicio de Asuntos Internos de la Benemérita, en cooperación con la Policía Nacional, venía investigando sus actividades y relaciones con grupos de narcotraficantes y, especialmente, con una red desarticulada el mes de enero.

En este sentido, han avanzado que agentes de la Policía Nacional pudieron grabar una reunión mantenida el año pasado entre el capitán ahora detenido y un narcotraficante algecireño, Emilio José Mazuelo Mesa, más conocido como Emilio El Moro, detenido en el municipio madrileño de Alcobendas el 4 de enero.

“Honda preocupación”

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha mostrado su “honda preocupación” tras la detención porque, “de demostrarse” los hechos, “pondría en evidencia algo que ya en su momento se denunció, como la extensión de los tentáculos del narcotráfico en la provincia de Cádiz hasta altas instancias de la Administración y la función pública”.

En una nota, la AUGC ha señalado que van a “permanecer atentos a la evolución de los hechos”, así como que los servicios jurídicos de la asociación “estudiarán las medidas oportunas a adoptar”. En este sentido, ha recordado que “uno de los objetivos principales de AUGC, recogido en sus estatutos, es la lucha contra la corrupción dentro de la Guardia Civil”.

“La profundidad de la amenaza del narcotráfico en la provincia de Cádiz es de tal envergadura que, como ya venimos advirtiendo reiteradamente, requiere de un plan integral de seguridad permanente que aborde la situación en todas sus derivaciones”, ha añadido la AUGC.

Asimismo, ha añadido que “ha quedado demostrado que los parches que desde el Ministerio del Interior se vienen aplicando en los últimos meses son absolutamente ineficaces”.

Por ello, la AUGC ha vuelto a reclamar que el área de Campo de Gibraltar sea declarada zona de especial singularidad, con un plan que debería partir del incremento permanente y especialización de las fuerzas de seguridad, y debería abordar otras cuestiones como la “incentivación para compensar la mayor peligrosidad, penosidad y sobreesfuerzo que conlleva ejercer la función policial en esta zona”.

Además, ha afirmado que “es necesario el desarrollo de un plan de empleo en la zona y un proyecto de mejora de la escolarización, así como estrechar la cooperación entre las diferentes administraciones públicas, especialmente Junta de Andalucía, Gobierno de España y Europa, así como la creación de juzgados especiales contra el narcotráfico y la presencia de un mayor número de agentes especializados dedicados a las labores de investigación”.

Para la AUGC, otra de las medidas necesarias pasa por “algo tan simple como la creación de depósitos judiciales donde custodiar todo el material confiscado a los delincuentes”.

Además, ha añadido que el plan pasaría también por el “examen de todas aquellas actividades que se crean ante la necesaria ocultación de los beneficios obtenidos con el negocio principal, es decir, investigar empresas, bienes, operaciones comerciales, bancarias, nivel de vida, en la que deben de intervenir otros organismos ajenos a los cuerpos de seguridad como la Seguridad Social, Entidades Bancarias o Agencia Tributaria”.

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