La delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz ha asignado centros concertados religiosos a niños cuyos padres habían optado exclusivamente por centros públicos y, por tanto, aconfesionales. Eldiario.es/Andalucía ha podido constatar documentalmente dos casos de estas reubicaciones en centros religiosos, todos en esta provincia. Una de estas adjudicaciones ha sido recurrida en alzada. Además, a algunos alumnos que habían solicitado su admisión en una de las líneas de bachillerato del IES Rafael Alberti, en Cádiz capital, no se les ha asignado aún ningún centro. La delegación está ofreciendo a los padres afectados la vía de recurrir en alzada contra la asignación de plazas en junio, o esperar a la posibilidad de que se abran nuevas unidades en centros públicos en septiembre. Según aseguró el delegado la semana pasada, “a nadie se le va obligar a matricularse en un centro concertado si no lo desea”.
Uno de los casos está ocurriendo en El Puerto de Santa María. Manuel (nombre ficticio), el padre del menor, ha mostrado a este medio documentación que acredita que solicitaron un centro principal y cuatro subsidiarios para que su hijo curse segundo de ESO. Todos eran públicos. En lugar de ofrecerle plaza en alguno de esos cinco centros, se le adjudicó en el Luisa de Marillac, un centro católico regido por la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Para este padre, la decisión, adoptada formalmente por la comisión territorial de garantías de admisión de El Puerto de Santa María, vulnera su derecho a la libertad religiosa, recogido en el artículo 16 de la Constitución. Los 24 colegios andaluces de las Hijas de la Caridad se definen como “un Centro Católico, de Hijas de la Caridad, que basa su estilo educativo en el Carisma de sus fundadores, Vicente de Paúl y Luisa de Marillac”, según su propia descripción de su modelo educativo. Su lema es “Educando con Dios de fondo”. La última publicación del colegio en su muro de Facebook da cuenta de una celebración religiosa en el centro.
“Parece que no han caído en que puede haber padres que no quieran llevar a sus hijos a colegios donde objetivamente se adoctrina”, protesta el padre, que asegura que el jefe de estudios le ha informado de que la religión es asignatura obligatoria y evaluable: “Mi hijo se vería obligado a ir a religión o lo señalarían si montáramos un pollo, generándole un daño psicológico”, advierte.
Esta familia ya ha presentado recurso de alzada, pero cree que esta perspectiva puede disuadir a muchos padres de protestar. La resolución que adjudica el Luisa de Marillac a este niño relaciona otros ocho alumnos “reubicados” en el centro, sin que lo hubiesen solicitado ni siquiera de forma subsidiaria.
“A efectos de escolarización, los centros públicos y concertados son indistintos”
Este caso no es el único que ha podido documentar este medio. En Vejer de la Frontera, una niña de quinto de Primaria fue reubicada en el concertado Divino Salvador, pese a que los padres no lo habían solicitado ni siquiera subsidiariamente. Ante las protestas, el servicio de planificación y escolarización les remitió un correo en el que negaba cualquier trascendencia al hecho de que el colegio fuese religioso. “En relación a la escolarización de sus hijos en un centro religioso concertado, le informo de que, a efectos de escolarización, los centros públicos y concertados son indistintos”, dice ese correo.
Una hora después anunciar que recurriría esta decisión y contaría públicamente de su caso, el padre recibió otra comunicación para informarle de que había aparecido una plaza en uno de los dos colegios públicos de Vejer, y que matricularían allí a su hija. Finalmente, el caso fue denunciado por el propio padre y por los sindicatos CGT y CNT.
Delegado: “Que me digan si hay un caso…”
Miguel Andreu, delegado territorial de Educación, aseguró la semana pasada que “a nadie se le va a obligar a matricularse en un centro concertado si no lo desea”. “Que me digan a mí si hay un caso de alguna familia que haya querido matricular a su hijo en la escuela pública y no haya podido”, exclamó.
La delegación de Cádiz explica que se garantiza plaza en un centro sostenido con fondos públicos, y que busca “la mejor solución dentro de los recursos de que dispone”. Según fuentes oficiales, tanto el de El Puerto como el de Vejer son “casos excepcionales” que resuelven las comisiones de escolarización. “Si la familia prefiere otro centro que no sea religioso, se estudiarán las vacantes en el resto que conforma la red de la Junta de Andalucía, o si puede haberlas en septiembre”, responden desde Delegación.
Para los casos en que no hay plazas ni en el centro principal ni en los subsidiarios, la delegación se remite a la web de la consejería, donde se aclara: “En la solicitud se puede marcar, en una casilla situada debajo de los centros subsidiarios solicitados, que desea ser admitido en alguno de los centros con vacante en el área de influencia y modalidad del centro solicitado como prioritario, en lugar de volver al centro y/o área de influencia de origen”.
Sin embargo, la solicitud del hijo de Manuel omite la mención a la “modalidad” del centro solicitado.
Protesta en Cádiz
En Cádiz ciudad se han producido situaciones similares. Juan José Ramírez explica que no sabe dónde estudiará su hija el próximo curso. Su búsqueda en el portal web no devuelve ningún resultado. Sin embargo, conserva el pantallazo del 24 de junio, día en que se publicaron las plazas definitivas, en el que su hija aparecía reubicada en el IES Amor de Dios, religioso concertado: “Yo no pienso matricularla en el Amor de Dios: es religioso y concertado. No tengo nada en contra, pero tenemos derecho a elegir. Si elijo uno público, que me manden a uno público”.
Ella había pedido plaza en el Rafael Alberti, sin elegir otros subsidiarios. “Dos días antes del confinamiento la directora nos dijo que tenían dos líneas de bachillerato de Humanidades, y que habría suficientes plazas”, relata su padre. Sin embargo, Educación suprimió una de las líneas y su hija fue reubicada inicialmente en el Amor de Dios, aunque ahora ya no consta.
La hija de Palma López es otra de las que, al menos por ahora, no tiene plaza. “Mi hija está en la calle, no la han reubicado en ningún sitio. He peregrinado a todos los centros y todos dicen lo mismo: que hay que esperar a septiembre. Los niños están mal anímicamente. Han aprobado todo y tienen derecho a tener su plaza ahora, no en septiembre”, protesta López, que ha interpuesto recurso de alzada contra la decisión.
El delegado pide esperar a septiembre
En Cádiz hay varios centros concertados que en bachillerato pasan a ser de pago, lo que explicaría, según las fuentes, la escasez de plazas públicas en bachillerato. “En bachillerato solo hay plazas públicas para el alumnado que esté estudiando ESO en la pública. Es más, en dos de ellos, San Severiano y Rafael Alberti, faltan incluso para ese alumnado”, asegura Marian Gil, portavoz de la coordinadora por la escuela pública de Cádiz, que protestó la semana pasada ante la delegación. Según la coordinadora, hay 24 solicitudes sin plaza en el Alberti, y 18 en el San Severiano.
El delegado aseguró la semana pasada que es “falso”. “Tienen asegurada su plaza en ese instituto, como ocurre en otros centros de la ciudad”, declaró la semana pasada. “Parece que les vamos a dar solo la concertada; ni muchísimo menos. En infantil y primaria que me digan un padre que haya querido estudiar, en Cádiz capital, en la pública y no ha podido”. El delegado acusó a la coordinadora por la escuela pública de “confundir” a las familias. “Si no quiere un colegio concertado, por favor que no los digan. Que va a haber plazas seguro”.
La polémica ya se produjo el año pasado, cuando se suprimieron dos medias líneas del IES San Severiano. En septiembre y tras las protestas, Educación rectificó. Para este año, la administración también promete nuevas aperturas si se comprueba que es necesario “ahora o en septiembre”. “Si se abren, llamaremos a los padres que lo hubieran pedido”, prometió el delegado. “Pero al no asegurar que haya vacantes suficientes, ese alumnado tiene que esperar, estar en vilo hasta septiembre, y que la Delegación diga si abre la línea o no”, explica Marian Gil.
“¿Dónde está la libertad de elección?”
El Gobierno del PP y Ciudadanos ha hecho bandera en los últimos meses de la libertad de elección de centro. En febrero aprobó un nuevo decreto de escolarización que modifica el sistema de planificación de oferta de plazas, garantizando que las familias siempre puedan elegir un centro concertado en su distrito escolar. Sindicatos de profesores y el Frente de Estudiantes realizaron una huelga el 4 de marzo, por entender que este criterio de “discriminación positiva” hacia la concertada iba en detrimento de la pública y provocará una privatización progresiva de unidades educativas.
CGT elaboró un informe que compara la situación de 2011 con la de 2019, a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía, el ministerio de Educación y del portal de transparencia. Concluye que la pérdida de unidades había afectado mucho más a los centros públicos que a los privados concertados. En este periodo se han eliminado 1488 unidades públicas de segundo ciclo de infantil (de tres a seis años), mientras que la concertada ha crecido en 33 unidades, según CGT. El sindicato denuncia que para este curso se han suprimido 411 unidades en los centros públicos, frente a 19 en centros privados concertados.
Además, la coordinadora denuncia que la libertad de elección parece no funcionar en los dos sentidos, y que esto beneficia a la concertada. “Se dan golpes de pecho sobre el derecho a decidir, pero siempre que sea para la concertada. A contrario no es la misma vara de medir”, protesta Marian Gil. Manuel ha recurrido en alzada y advierte de su voluntad de llegar ante la justicia, si es necesario. “¿Dónde está la libertad de elección? La que ellos deciden que es buena. Se amparan en el silencio de la mayoría de los padres, que por los motivos que sean no se meten en un procedimiento como este”.