Una jueza advierte a Zoido de un posible delito de desobediencia si no suprime las rejas en los CIE de Algeciras y Tarifa
Llueve sobre mojado en el CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa, en Cádiz. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, con funciones de control jurisdiccional del Centro de Internamiento de Extranjeros, ha enviado una advertencia en forma de auto al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, instando a éste y a los directores de ambos centros a solventar las numerosas deficiencias de las instalaciones. Su inacción podría conllevar posibles consecuencias penales, apunta la jueza.
En un auto, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, el juzgado hace alusión al delito de desobediencia en el que se incurriría “por autoridad o funcionario público” en caso de persistir en el incumplimiento de una resolución judicial. Muchas de las cuestiones ya las hizo llegar el juzgado hace casi un año cuando solicitó adoptar hasta 31 medidas urgentes dirigidas a la mejora de la estancia de las personas internas y a facilitar el trabajo de las organizaciones sociales que intervienen en estos centros.
En dos autos anteriores (diciembre de 2016 y mayo de 2017) pedía diversas mejoras pero “únicamente” se han cumplimentado algunas, indica en el auto. Días después de trascender el primero de aquellos autos, el propio Zoido dijo en el Congreso de los Diputados Zoido que los CIE “no tienen carácter penitenciario”. La jueza, que ha lamentado en anteriores ocasiones la “impronta carcelario” del lugar (de hecho es una antigua cárcel) lamenta también que el Ministerio no acusó siquiera recibo formal cuando se le notificó el auto de mayo de 2017, instando ahora de nuevo a que se le notifique vía fax.
Ahora, tras su visita el pasado 31 de enero de 2018, la jueza insiste en la supresión de rejas en las habitaciones de los internos, así como la remisión, por parte del servicio médico, del parte de lesiones directamente al juzgado, o en su caso, en sobre cerrado a la dirección para su remisión a la autoridad judicial. La jueza pide que se garantice que los extranjeros puedan disponer de sus teléfonos móviles al menos durante un periodo mínimo de cuatro horas para hacer y recibir llamadas del exterior. También pide la construcción de espacios lúdicos adecuados, o la instalación de taquillas o mesas.
Además, la jueza sigue pidiendo la supresión de habitaciones con más de tres internos, así como la instalación en cada una de ellas de ducha, servicio con retrete y cisterna, y lavabo, así como pared o una puerta que cubra todo el cuerpo del interno. Para el centro de Tarifa, entre otras muchas cuestiones, pide instalar un sistema de apertura mecánica de las habitaciones y de un sistema de climatización en todos los módulos y espacios comunes, así como la asistencia médica las 24 horas del día.
Revisar la externalización de servicios
También pide la jueza lo necesario para garantizar la realización, en el momento del internamiento, de las pruebas necesarias para la identificación de, al menos, tuberculosis, VIH, sífilis, Hepatitis A, B, y C, sarcoptosis, pediculosis, scabiasis y parásitos intestinales.
Entre otras medidas a tomar se incluye la de habilitar a las organizaciones sociales para que puedan visitar y asistir a las personas internas sin limitar las visitas a una duración máxima de tiempo, además de establecer unas “directrices comunes para la asistencia social, jurídica y cultural” y revisar los términos de la subvención pública por la que se externalizan los servicios de asistencia social y cultural de los CIE tras “las significativas carencias detectadas en las visitas realizadas por el Defensor del Pueblo”, que se recogen pormenorizadamente en el auto.
Entre las medidas que “únicamente” se han tomado desde el 8 de mayo de 2017 están la adaptación del modelo de parte de lesiones, la instalación de buzones específicos para las ONG, la puesta a disposición de crema hidratante, la ampliación del número de cámaras de vigilancia, el libre acceso del jefe de seguridad para el visionado de imágenes grabadas, la instalación de máquinas de refresco o la creación de un registro de las separaciones temporales.
Andalucía Acoge ha recordado en un comunicado que el auto se produce después de las visitas de la jueza de control del CIE de Algeciras y las quejas presentadas por su asociación federada, Algeciras Acoge. Señalan que dicha resolución “constituye un avance con respecto a las condiciones tan deplorables en los que se encuentran los centros de internamiento de extranjeros, pero seguimos insistiendo en su cierre y rechazamos la apertura de nuevos CIE porque su único fin es criminalizar y excluir a las personas migrantes”.
“Este auto vuelve a evidenciar la ineficacia de estos centros y supone un logro en relación a la lucha por el cierre y la desaparición de estos centros que están fuera del respeto a los derechos humanos, son ineficaces y costosos para toda la sociedad, además de infligir un sufrimiento innecesario a seres humanos que sólo buscan un futuro mejor”, concluye la federación.
