El Comité de Garantías de Podemos en Andalucía propone convocar a todos estos órganos tras la crisis con Pablo Iglesias
El Comité de Garantías de Podemos en Andalucía aprobó el pasado sábado su resolución relativa a la polémica transposición de los estatutos hecha por el equipo de Pablo Iglesias a partir de lo aprobado en Vistalegre II y el expediente disciplinario contra la presidenta del Comité de Garantías Democráticas Estatal (CGDE), Olga Jiménez, y ratifica la posición contraria a estas decisiones de la dirección del partido.
En concreto, esta resolución, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, muestra su sintonía con los demás comités que se reunieron en Madrid el pasado 31 de agosto para confirmar esta rebelión contra las decisiones de Pablo Iglesias en la materia, en lo que coincide también con el posicionamiento del equipo encabezado por Teresa Rodríguez.
Su primer punto, es tajante: “Considerar nulo de pleno derecho los nuevos estatutos del partido, registrados en el Ministerio del Interior” por haberse “invadido” por parte de la ejecutiva las competencias y funciones de la asamblea. En consecuencia, instan a la revocación del acuerdo de aprobación de los nuevos estatutos y que se retiren del registro del Ministerio del Interior.
En otro punto exigen igualmente que se revoque “la decisión de apertura de expediente disciplinario contra la compañera Olga Jiménez”, quien “seguirá ejerciendo sus funciones legitimada y avalada estatutariamente por la votación de la asamblea” y su elección para el CGDE.
La batalla por la autonomía
El caso es también que este comité hace especial incidencia en la necesidad de evitar la transposición de los estatutos que se ha hecho orientada a frenar la descentralización, de la que el Consejo Ciudadano Andaluz (CCA) ha hecho bandera en el empeño de contar Podemos en Andalucía con autonomía plena dentro del partido en lo político, lo jurídico y lo económico.
En esta línea, la resolución recoge: “Solicitamos que en los estatutos se refleje fielmente y se respete el contenido del título III Podemos se organiza en cada territorio”. Paradójicamente, el dictamen del CGDE que desató esta guerra no hacía referencia a las limitaciones que el equipo de Pablo Iglesias ha puesto a la descentralización, que se ha convertido en el caballo de Batalla de Teresa Rodríguez por exigencia de la asamblea en su territorio.
Por otra parte, “dada la gravedad de la situación sobrevenida en este conflicto” la CAGD también acuerda proponer que se celebre a primeros de octubre de 2017 una reunión de todos los miembros del CGDE con los plenarios de sus órganos homólogos en cada territorio, la mayoría de los cuales se han posicionado en contra de las citadas decisiones de la ejecutiva. En la misma invitarían a la participación de la secretaría de Organización de Podemos, encabezada por Pablo Echenique, “el fin de concretar mediante el diálogo y la cooperación que supere esta crisis”.
En su resolución, los cinco firmantes recuerdan también “la necesidad de buscar de forma permanente el diálogo y la cooperación democrática para impulsar la construcción del partido y la sociedad que nuestros votantes esperan alcanzar a través de nuestras acciones y decisiones”. Por ello, proponen a las partes implicadas en el conflicto -CGDE y ejecutiva- “anular todas las actuaciones que se han llevado a cabo y retraerse al momento de origen del conflicto”.
Finalmente, en el mismo texto se exige de los diferentes consejos ciudadanos “la dotación de medios suficientes para el correcto desarrollo y ejercicio” de estos comités, que son independientes y deben resolver los conflictos de garantías dentro de los partidos.
