La comunidad educativa echa un pulso al Parlamento andaluz para bajar el número de alumnos por aula

El pasado 26 de julio, la Mesa del Parlamento andaluz, con mayoría absoluta del PP, denegó la solicitud registrada por una veintena de asociaciones y representantes de la comunidad educativa para ampliar el plazo de recogida de firmas necesarias para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). No hay antecedentes de algo similar en los últimos 16 años.

Desde 2006 se han registrado en la Cámara autonómica ocho propuestas legislativas impulsadas por distintos colectivos sociales, de muy diversa temática, y hasta la fecha el órgano rector del Parlamento siempre había autorizado la prórroga del plazo legal establecido (seis meses) para recopilar las 40.000 firmas necesarias para debatir y votar sus iniciativas en el Parlamento.

La primera Iniciativa Legislativa Popular que recibe un portazo de la Mesa de la Cámara en más de tres lustros es una vieja reivindicación de la comunidad educativa: la reducción de las ratios escolares en Andalucía por ley. Limitar el número de alumnos por aula y profesor es, a ojos de los principales estudios de calidad educativa, el factor más determinante para mejorar el rendimiento de los estudiantes porque ayuda de forma decisiva a personalizar la atención que el maestro ofrece a cada uno de sus alumnos. Es significativamente importante en las etapas inferiores, cuando los niños son más pequeños.

La negativa del órgano de dirección del Parlamento a conceder una ampliación del plazo para que la Cámara aborde esta propuesta ha provocado una reacción de indignación en los colectivos proponentes. Apoyados en los grupos de izquierdas en la oposición -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, la iniciativa ha despertado un movimiento de protesta y solidaridad que se ha traducido en una campaña de recogida de firmas en pleno verano, a pie de calle, a pie de playa incluso, con el objetivo de alcanzar las 40.000 necesarias antes de la fecha tope, el próximo jueves 11 de agosto.

Bajo la canícula estival, con temperaturas extremas en todo el tercio occidental de Andalucía, está teniendo lugar un inédito pulso entre el Parlamento -cerrado durante el mes inhábil de agosto- y gran parte de la comunidad educativa. En el momento de denegar la prórroga, faltaban aún más de 4.000 firmas para llegar a las 40.000. Carmen Yuste, portavoz del sindicato USTEA y una de las promotoras de la iniciativa, asegura que el portazo de la Mesa sirvió de estímulo para movilizar a la gente, y que el pasado domingo rebasaron la cifra necesaria. “Tenemos hasta el mismo jueves para seguir aumentando las firmas, no queremos llegar con la contabilidad justa para evitar que por duplicidades o errores de última hora nos salgan menos de las que necesitamos”, advierte Yuste.

Cifras bajo tortura

La propuesta de estos colectivos -todos los sindicatos de la enseñanza, asociaciones de directores, inspección educativa y federaciones de madres de alumnos- consiste en bajar la ratio de 25 a 20 alumnos por clase en Infantil y Primaria, de 30 a 25 en Secundaria y de 35 a 30 en Bachillerato. Son los topes que fija la ley para cada etapa educativa, pero la realidad de las aulas no es homogénea en Andalucía. En los últimos diez años, el desplome de la natalidad ya ha actuado como factor determinante para reequilibrar el reparto de alumnos por clase en muchas escuelas de la comunidad, un dato al que se aferra el Gobierno de Juan Manuel Moreno para desestimar esta medida, y cerrarle el paso al trámite parlamentario.

Desde 2018, el sistema escolar andaluz ha perdido alrededor de 70.000 alumnos -23.000 menos el próximo curso-, según datos de la Consejería de Educación, rebautizada como Consejería de Desarrollo Educativo y FP en el recién constituido Ejecutivo de Moreno. La nueva titular es Patricia del Pozo, veterana diputada del PP y ex consejera de Cultura, que en su primera comparecencia tras un Consejo de Gobierno defendió la contratación de 1.700 profesores de refuerzo para el próximo año. En los dos últimos cursos, la escuela andaluza cuenta con 5.300 docentes extra, la gran mayoría para revitalizar la Formación Profesional, que venía de dejar a 30.000 alumnos al año sin plaza.

El debate sobre la ratio escolar es de los más engañosos que hay en la enseñanza: la Consejería de Educación defiende que ahora hay menos alumnos y más profesores que nunca en las escuelas andaluzas, una foto panorámica que es real, pero matizable. Con este retrato, la Junta habla de “ratio media en Andalucía” y asegura que el número global de alumnos por profesor es, de media, inferior a los topes que fija la ley: “19,8 estudiantes de media en Infantil y de 20,71 en Primaria”.

Pero la “ratio escolar media” es un concepto difuso, porque mezcla la realidad de los colegios en las grandes urbes -con alta densidad de alumnado y mayor concentración en la demanda de plazas- con la realidad de las escuelas rurales, donde el número de estudiantes es muy inferior, y en ocasiones un docente imparte clases a niños de distintas etapas educativas dentro de un mismo aula.

Esa ratio media también mezcla al alumnado por etapas, sin tener en cuenta que la demanda en el segundo ciclo de Infantil (3 años) es muy superior en Sevilla capital que en un pueblo de Almería. De hecho, es muy superior en los colegios del Casco Antiguo de Sevilla (donde sólo hay cinco escuelas públicas frente a 18 católicos concertados) que en los del barrio de Rochelambert. En Andalucía, el curso pasado hubo 1.792.021 estudiantes matriculados, desde el primer ciclo de Infantil (0-3 años) hasta Educación de Adultos, pasando por las etapas obligatorias. La ratio media no soluciona los problemas de un colegio con 28 niños en cada clase de Infantil del centro de Sevilla.

Supresión de unidades

Esta realidad heterogénea ha permitido históricamente a la Consejería de Educación argumentar a favor de la supresión de unidades en algunas escuelas públicas, alegando que hay una baja demanda por el desplome de la natalidad, mientras otros colegios (habitualmente concertados) mantienen la ratio por encima de los 25 niños por clase en Infantil, incluso llegan a apurar el máximo permitido (hasta 28 alumnos) con autorización expresa de las delegaciones provinciales. Ocurre ahora con un Gobierno del PP, pero durante años se repitió con los Ejecutivos socialistas, que alegaban falta de recursos para sostener aulas de 15 ó 20 niños, pero también la necesidad de dar respuesta a las familias que solicitan plaza para sus hijos en colegios muy demandados.

El asunto de la ratio dista mucho de ser un debate puramente estadístico. Tiene que ver con la oferta y la demanda de plazas y con la planificación escolar, y la planificación escolar se rige por criterios educativos, económicos y políticos. El Ejecutivo de Moreno se ha distinguido por defender “la libertad de los padres para elegir el colegio de sus hijos”, una consigna acuñada por el PP que, en la práctica, se ha traducido en una ampliación de los conciertos de la Junta de Andalucía con escuelas privadas católicas. La ratio de alumnos por clase está intrínsecamente relacionada con las solicitudes de plazas de las familias.

Es la administración educativa la que debe buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda. En ocasiones, la Consejería de Educación ha cerrado una unidad en un colegio por falta de alumnado, mientras ampliaba la ratio en el colegio vecino por presión de las familias. Tener clases de 20 niños cuesta más que tener 25 por aula. El exceso de estudiantes en algunos barrios, distritos y escuelas concretas -que terminaron el curso pasado por encima del tope que fija la ley- no lo arregla el hecho de que globalmente hayan disminuido los alumnos en Andalucía y aumentado los profesores de Formación Profesional (la etapa que más ha crecido durante la primera legislatura de Moreno).

Limitar por ley el número de estudiantes por clase también significa denegar a muchas familias el colegio que han elegido para sus hijos y derivarlos a las escuelas más próximas, si quedan vacantes. Ningún gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, se ha atrevido a librar esa batalla a largo plazo por la mejora educativa, arriesgándose a una rebelión de familias cabreadas y de docentes desplazados de su destino habitual.

El portazo de la Mesa de la Cámara

Tras las elecciones del 19 de junio, la Cámara autonómica se ha constituido a las puertas del verano, el ex consejero de Salud, Jesús Aguirre, juró el cargo como presidente 25 días después, y los 109 diputados tomaron posesión de su escaño bien entrado el mes de julio. La Mesa tiene siete miembros con derecho a voto, y cinco de ellos (cuatro del PP y uno de Vox) votaron en contra de ampliar el plazo de recogida de firmas, frente a los dos votos afirmativos del PSOE (Por Andalucía cuenta con una vocalía sin voto).

Para los grupos de izquierdas, fue la primera expresión de la mayoría absoluta del PP de Moreno, que ha prometido gobernar “tendiendo puentes” con la oposición y la sociedad civil, para evitar el “rodillo” que aplicaban sus predecesores socialistas cuando ostentaban la mayoría absoluta. Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha asegurado que la prórroga para la recogida de firmas contaba con el criterio favorable del letrado, que fue desoído por Aguirre.

Los servicios del Parlamento, en cambio, han advertido a este periódico de que la negativa a ampliar el plazo de recogida de firmas estuvo convenientemente justificada, teniendo en cuenta los antecedentes de las ocho iniciativas legislativas populares que han pasado por la Mesa desde 2006. En todos esos casos estuvo bien argumentada la prórroga de dos meses; en este último no, aseguran fuentes parlamentarias. Sin embargo, este periódico no ha podido tener acceso a los expedientes de las ocho iniciativas para contrastar por qué la Mesa sí amplió el plazo de recogida de firmas de aquellas iniciativas, y no lo ha hecho con ésta, por primera vez en 16 años.

Las ocho iniciativas populares previas

Las ocho iniciativas legislativas populares que llegaron al Parlamento, tras una ampliación del plazo para la recogida de las 40.000 rúbricas necesarias, fueron las siguientes: la que pretendía regular una red de apoyo a la mujer embarazada; la de modificación del Título III de la Ley Electoral de Andalucía; la del fomento de la participación ciudadana; la relativa a una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística; una segunda propuesta para modificar la Ley Electoral; otra para reformar la Ley de Educación de Andalucía; otra para regular un sistema de renta básica para la inclusión; y por último la relativa a la aplicación del sistema de concurso, sólo con la valoración de méritos, que regirá en la convocatoria de procesos selectivos para la estabilización del empleo público temporal en la Junta de Andalucía (funcionarios y personal eventual).

Los promotores de la iniciativa presentarán las firmas recogidas en el registro del Parlamento el próximo jueves. Llevará unos días hasta que los servicios de la Cámara validen las rúbricas para confirmar si la propuesta de bajada de ratio inicia el trámite ordinario. De ser así, será la primera prueba para cotejar si “la forma de hacer política” que defiende el presidente Juan Manuel Moreno -en diálogo con la sociedad civil- sobrevive a un Parlamento y a un Gobierno con mayoría absoluta.