El Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres denuncia el “grave recorte sin precedentes” en la Ley de Igualdad
Las vocales del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres han mostrado su “rechazo absoluto al grave recorte, sin precedentes, que ha sufrido la Ley de Igualdad en nuestra comunidad autónoma por parte del gobierno de la Junta de Andalucía” con “un decreto que esquiva deliberadamente la fiscalización obligatoria de la perspectiva de género en los presupuestos autonómicos”, de lo cual informó este periódico esta semana antes de la aprobación de la nueva normativa, que el miércoles ratificaron PP y Vox, cambiando 176 leyes de sopetón sin dejar participar a los sindicatos ni a la izquierda.
En un comunicado, el Consejo recuerda que el artículo 8 de la Ley 9/2018, de 8 de Octubre de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, establece que el presupuesto de Andalucía incluye un informe de evaluación del impacto de género que realiza la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, formada por profesionales de la Consejería de Economía y Hacienda y del Instituto Andaluz de la Mujer, y que se encarga de hacer los anteproyectos de leyes con perspectiva de género, y promover que se realicen auditorías de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía. La Cámara de Cuentas de Andalucía comprueba si se cumple la perspectiva de género en el presupuesto y lo incorpora en el informe sobre la Cuenta General de Andalucía.
El Consejo de Mujeres denuncia que la Junta a través del Decreto-ley convalidado el miércoles “ha modificado el mencionado artículo 8, así como el 6.2 del mismo texto legal , eliminando la obligación que tenía la Cámara de Cuentas de Andalucía de incorporar en el informe sobre la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la fiscalización del cumplimiento de la aplicación de la perspectiva de género en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, eliminando la Comisión de Impacto de Género, dejando exclusivamente en manos de la Consejería de Economía y Hacienda, la emisión de ese informe de evaluación de impacto de género”.
“Es decir, no habrá quien fiscalice el cumplimiento de la ejecución presupuestaria conforme al impacto de género”, resumen en el comunicado, explicando que “el gobierno del Partido Popular borra de un plumazo a través de un Decreto Ley todo aquello por lo que venimos trabajando para conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres desde la IV Conferencia Mundial de la Mujer de Beijin en donde que incorpora un nuevo mecanismo de actuación denominado gender mainstreaming o transversalidad de la perspectiva de género, esto es, la incorporación de la sensibilidad de género como una herramienta para el diseño, la ejecución y la evaluación de todas las políticas públicas”.
“Desde entonces, nunca en Andalucía se había producido un retroceso de esta magnitud”, aseguran, añadiendo que el Decreto-ley igualmente modifica el artículo 27 ('Planes de igualdad y presencia equilibrada en el sector empresarial') de la citada Ley de 2007 “de forma que se elimina la necesidad de contemplar medidas para el acceso al empleo, la promoción, la formación, la igualdad retributiva, medidas para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, la protección frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, así como incluir criterios de evacuación y actuación, para aquellas empresas privadas que no están obligadas a la elaboración de planes de igualdad por ley, dejando en una indefinición el contenido de estos planes”.
“Estos mecanismos de control que el gobierno de la Junta elimina mediante decreto son los que nos permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres. Su eliminación supone una importante regresión en las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres”, sentencia el comunicado.
Añade el Consejo que “la falta de informes de impacto de genero de forma transversal, tendrá como gravísima consecuencia el aumento de la brecha existente entre hombres y mujeres en cuanto a: la participación, la distribución de los recursos, las normas y valores discriminatorios y la desigualdad estructural directa o indirecta, favoreciendo un retroceso hacia una igualdad efectiva”.
Dice el Consejo también que “las políticas públicas de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres están encaminadas a promover la plena integración en la vida política, social y económica favoreciendo así que la igualdad formal se convierta en igualdad real. Este mandato legal no solo es teoría, es obligación de los gobiernos legislar para conseguir este objetivo, sin embargo, está siendo una constante en el Gobierno de la Junta de Andalucía su falta de compromiso con las políticas de igualdad relegándolas al último lugar”.
“Desde este Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, al que el presidente Moreno Bonilla ha asistido a un solo Pleno desde 2020, fecha de constitución del actual mandato, EXIGIMOS al Gobierno de la Junta de Andalucía, que cumpla con la obligación de legislar con políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Ni un paso atrás en políticas de igualdad”, concluye el comunicado.
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