A principios del verano Mauricio Mejía no podía intuir que hoy se vería así: sin trabajo, sin paro y con una denuncia recién puesta contra la Junta de Andalucía. Y, por ahora, sin ingresar un euro. Hace un mes, no sospechaba que sería despedido igual de rápido que había encontrado el trabajo ideal. El 15 de junio, Mejía se convirtió en uno de los 3.000 auxiliares de playa contratados por la Junta de Andalucía para garantizar la seguridad ante la epidemia. Trabajó tres semanas. El 8 de julio recibió una llamada para que no volviese. Su contrato es nulo y no cobraría nada, le dijeron. Después ha descubierto que ni siquiera consta de alta en la Seguridad Social. La Junta de Andalucía ha asegurado a este medio que “respeta sus derechos económicos” por el tiempo que prestó sus servicios.
Mejía, de origen hondureño y nacionalidad española, tiene 45 años y un hijo. Es electricista de profesión y lamenta por teléfono que este verano ya había aceptado una oferta para trabajar en Palma de Mallorca. “Quedé mal con la empresa y les envié un correo pidiendo disculpas”, cuenta. “Pero iba a ganar lo mismo quedándome en las playas de Cádiz cerca de mi familia”.
Como muchos, había visto una oportunidad mejor: auxiliar de playa para la Junta de Andalucía. Presentó su solicitud con la rapidez que exigía la administración, en 24 horas. Pasó los siguientes días atento a su teléfono, porque si no respondía a la llamada su turno pasaba. Le llamaron y entregó la documentación que le pidieron, primero por correo y luego presencialmente, el 4 de junio: DNI, currículum y “copia de título de formación”, para lo que aportó un certificado de profesionalidad de electricista industrial de la Junta de Andalucía y un título hondureño de “bachiller en electricidad”.
Después de aprobar con nota el curso de formación, el 15 de junio firmó su contrato de trabajo, modalidad “eventual por circunstancias de producción”, como el resto de auxiliares de playa. Ese mismo día empezó a trabajar. Durante tres semanas, Mejía recorrió las playas de Rota dando indicaciones a los bañistas sobre las medidas de seguridad contra el coronavirus. Pero el 7 de julio recibió una llamada para informarle de un problema en la tramitación. Su título de bachiller no estaba homologado.
“¿Me van a pagar?” “No”
En Delegación le dieron una opción: solicitar urgentemente la homologación ante el Ministerio de Educación. Así lo hizo, ese mismo día: abonó la tasa (48,78 euros pagados el 7 de julio en una oficina de Caixabank) y el 8 de julio a primera hora estaba en Cádiz capital para presentar por registro la solicitud. Lo hizo a las 8:53 de la mañana. Después llevó la copia del registro a la Delegación de Cádiz. Pero poco después, y apenas dos horas antes de empezar la jornada, volvieron a llamarle. Le dijeron que no se molestase más, y que mejor se quedase en su casa. Su intento por homologar el título daba igual. El contrato era nulo. Además, la Junta de Andalucía le informaba de que no le pagarían las tres semanas trabajadas:
- Le estoy diciendo oficialmente que el contrato está anulado porque no reúne los requisitos, que la titulación esté homologada en España.
- Entonces, los días que he trabajado, ¿me van a pagar?
- No. Porque el contrato es nulo de pleno derecho.
- ¡Cómo que no se me va a pagar! Si he estado laborando, exponiéndome, recibiendo una preparación, me he evaluado… ¿Cómo me dice que no se me va a pagar y que es nulo?
Hasta este lunes, Mejía no ha recibido por escrito la resolución que declare la nulidad de su contrato, tal y como le prometieron en un correo. Fuentes oficiales de la Consejería de Presidencia explican que la Junta “respeta los derechos económicos y de cotización [de los auxiliares cuyo contrato es nulo], el tiempo prestado”
Sin alta en la Seguridad Social, según la vida laboral a 12 de julio
En respuesta a eldiario.es/Andalucía, la consejería asegura que “todos los vigilantes activos estaban metidos en nómina y en seguridad social a fecha 12/7/2020”. Sin embargo, eso no ocurría con Mejía. Su vida laboral, consultada el 12 de julio, no registraba ni un día cotizado por el trabajo de auxiliar de playa que desempeñó para la administración del 15 de junio al 7 de julio. “He estado expuesto al calor, al propio virus o a tener un accidente sin estar asegurado”, exclama.
La Junta de Andalucía explica que está autorizada por la Seguridad Social para dar de alta a trabajadores hasta 30 días después. También esgrime un convenio suscrito con la Seguridad Social en 2007 donde se establecen unos mecanismos de liquidación y pago de las cuotas de todo el personal, sin mención expresa a cuándo debe dar de alta a sus trabajadores.
Adelante Andalucía y el PSOE ya habían advertido a finales de junio que muchos vigilantes no constaban en alta, y los socialistas han presentado varias denuncias ante inspección de trabajo para comprobarlo. La Junta de Andalucía replicó que todos cotizaban “desde el primer día”.
Las particularidades de las convocatorias exprés
Mauricio Mejía es el único caso de nulidad por falta de homologación de título, según los datos facilitados por la Consejería de Presidencia. Hay otros ocho que no habrían superado el periodo de prueba.
El caso expone las carencias de unos procesos realizados a toda prisa para contratar personal de todo tipo. La Junta de Andalucía está realizando estos procedimientos exprés amparándose en la situación de emergencia de salud pública. Se trata de convocatorias abiertas durante 24 horas y cuyo criterio de selección es el orden de llegada. Usó por primera vez este método para seleccionar a 3.000 auxiliares de playa, entre ellos Mejía. Los sindicatos, que recibieron múltiples denuncias por este proceso, siguen sin conocer el número de solicitudes y el orden en que llegaron.
Después, la administración lo usó para seleccionar unos 200 técnicos de prevención de riesgos laborales; y la semana pasada seleccionó a interinos archiveros, conservadores de patrimonio, técnicos de pesca o ingenieros de minas, siempre “en el marco de la emergencia de salud pública”, tal y como informó eldiario.es/Andalucía.
Estas convocatorias se publican sin previo aviso en el portal del empleado, donde duran 24 horas y luego se borran. El mecanismo prescinde de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, se basa únicamente en la rapidez de presentación (el primero en llegar se queda el puesto) y es tan rápido que impide conceder un plazo de subsanación a los aspirantes.
“Me dieron el visto bueno. Presenté los documentos por correo electrónico y presencialmente. Me llamaron para firmar un contrato y me incorporé a trabajar. Todo esto pasa por una revisión. ¿No me pueden decir que necesitan la homologación en el momento en que lo presento? ¿No lo comprueban? Nadie me dice que esto no es válido, sino que me dan un cursillo y me mandan a trabajar”, protesta Mejía, que además de renunciar a la oferta de Mallorca, ha perdido el paro que venía cobrando hasta junio y cuenta con amargura que pagó los 48 euros de la tasa de homologación, “que no tenía”.
“Yo lo que quiero es volver al puesto de trabajo”, pide. El sábado puso una denuncia ante la Policía Nacional por un posible delito contra los derechos de los trabajadores.