El convenio de salud mental para menores infractores que pidió el Defensor Andaluz sigue esperando a la Junta nueve años después

Allá por 2014, cuando la salud mental aún no ocupaba mucho espacio en la prensa ni era una cuestión prioritaria en la agenda política, el Defensor del Pueblo Andaluz entregó en el Parlamento autonómico un informe especial sobre la atención a los menores infractores en centros de internamiento. En aquel extenso estudio, una de las resoluciones instaba a dos departamentos de la Junta de Andalucía a suscribir un convenio “para optimizar la atención que se ha de prestar a los menores con problemas de salud mental” que cumplen alguna medida judicial en ese tipo de centros.

Han pasado nueve años, la pandemia y la evolución de la sociedad ha hecho estragos en forma de trastornos mentales y los jóvenes que cumplen alguna medida judicial de internamiento siguen siendo una población vulnerable, muy expuesta a ese tipo de problemas. Ni rastro de aquel convenio, por el que el Defensor ha preguntado ahora a las correspondientes consejerías en una queja de oficio, teniendo en cuenta el plazo transcurrido e instando de nuevo a la posible elaboración o, en su caso, aprobación de un convenio específico que desarrolle las acciones de atención de este colectivo de menores en materia de salud mental.

Un informe, en este caso del Defensor del Pueblo de España, constató durante una visita sorpresa al centro de menores infractores Tierras de Oria (Almería) en junio de 2020 “la aplicación reiterada de sujeciones mecánicas a menores que se encuentran en el centro con una medida de internamiento terapéutico en salud mental, y que estaban en el centro en el momento del fallecimiento de su compañero en la Unidad de Salud Mental”. Estamos hablando de la muerte de Iliass justo un año antes, el caso que reavivó el debate sobre las inmovilizaciones mecánicas tras perder la vida atado boca abajo en un centro de titularidad pública aunque gestionado por una empresa privada.

“Para optimizar la atención”

La resolución de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia, en el apartado de recomendaciones y sugerencias, era clara: “Que la Consejería de Justicia e Interior y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales suscriban un convenio de colaboración que regule la necesaria coordinación entre ambas Administraciones para optimizar la atención que se ha de prestar a los menores con problemas de salud mental que cumplen o han cumplido una medida de internamiento, atendiendo a sus especiales características y su situación de vulnerabilidad”.

Según expone ahora el Defensor en la queja, “ciertamente la problemática de la salud mental en nuestra sociedad ha adquirido una dimensión especial debido a la confluencia de dos factores principales. De un lado, los efectos derivados de la situación de pandemia que apenas están aflorando tras los impactos que esta situación generó en el conjunto de la población y, en especial, para los más jóvenes. Además, y de la mano de esta misma situación, la sociedad va ganando conciencia sobre la importantísima dimensión que adquiere la salud mental y el importante reto que pesa en el sistema sanitario para dotarse de los recursos necesarios que permitan atender las necesidades de la población en esa delicada cuestión. Hablamos de un reto complejo, en el que, de nuevo, los más jóvenes reclaman su especial atención”.

La Defensoría, que viene advirtiendo de “los déficits en la atención de los problemas de salud mental infantil y juvenil” en todos los ámbitos y que considera que ha de ser “una prioridad en las políticas públicas andaluzas”, dirige la actuación de oficio ante la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y ante la Consejería de Salud y Consumo a fin de conocer “las acciones realizadas para promover medidas de colaboración entre ambos departamentos sobre la atención de salud mental para menores con medidas de internamiento”, así como “la posible elaboración o, en su caso, aprobación de un convenio específico que desarrolle las acciones respectivas de atención de este colectivo de menores en materia de salud mental”.

Siete unidades de salud mental

Fuentes de la Consejería de Salud indican, efectivamente, que no se firmó aquel convenio sugerido por el Defensor pero que “se está trabajando con Justicia en mejorar la coordinación y el análisis de necesidades (junto a asociaciones) para seguir mejorando la accesibilidad de estos usuarios a la red de salud mental, fundamentalmente cuando el menor termina su internamiento”.

Fuentes de la Consejería de Justicia, en similar sentido, explican a este periódico que hubo “contactos” con Salud tras la propuesta del Defensor hace unos años, pero que aquel convenio no llegó a cuajar. Añaden al respecto que la Junta, dentro de sus centros gestionados por entidades privadas, cuentan con siete unidades de salud mental, con 159 plazas. El año pasado hubo 201 menores con internamiento terapéutico, que recibieron un tratamiento más específico.

Asimismo, desde Justicia destacan que, al objeto de que forme parte del III Plan de Salud Mental de Andalucía, están procediendo a un análisis de las necesidades en la materia para incluir un protocolo o acuerdo para “estandarizar” la cuestión, también para cuando los menores salgan de los centros de justicia juvenil de acuerdo al trabajo que se viene realizando con las entidades.