El juez da cinco días a Rafael Gómez para entrar en prisión por fraude a Hacienda
El juez del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba ha ordenado que el empresario cordobés Rafael Gómez,conocido como 'Sandookán', ingrese en prisión en el plazo de cinco días para cumplir la condena de 5 años y tres meses que le fue impuesta por diversos delitos de fraude a la Hacienda pública.
De esta forma, el juez ha desestimado la petición de los abogados de Gómez de suspender su ingreso en la cárcel se tramita el indulto que ha solicitado el empresario y también exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, que fue condenado por dos delitos de fraude a la Hacienda Pública por un montante de 29 millones de euros desde su entramado empresarial entre 2003 y 2006, además de a pagar una multa de casi 140 millones de euros.
En el juicio, celebrado el pasado mes de enero, también se imputaban por delitos similares a sus cuatro hijos, miembros de los consejos de administración de las sociedades familiares. Ellos, sin embargo, fueron absueltos de los siete delitos a los que se enfrentaba cada uno y el único condenado resultó ser el cabeza de familia.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado señalaron la “ignorancia deliberada” del empresario y sus hijos como modus operandi en un entramado societario que desarrollaba “un conjunto de acciones tendentes a defraudar” a la Hacienda Pública tanto en las declaraciones de las empresas como en las del IRPF del propio Gómez.
La defensa del empresario y sus hijos, sin embargo, se escudó en la falta de formación de estos y en la confianza depositada en los asesores –internos y externos a sus empresas- que eran los encargados de llevar la contabilidad y fiscalidad de las sociedades, así como de presentar las distintas declaraciones de impuestos ante la Agencia Tributaria.
La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Córdoba, quien mantuvo la pena para Gómez, por lo que los abogados del empresario han seguido interponiendo recursos y peticiones para dilatar su entrada en prisión. Pero la orden de ejecución de la pena ya no otorga más plazo al empresario, que deberá entrar en la cárcel en cinco días, sin esperar a que se resuelvan los recursos ni la petición de indulto.
