El Correo de Andalucía, fundado en 1899, no estará este martes en los quioscos de Sevilla después de que la totalidad de la plantilla del periódico respaldara ayer la primera de las cinco jornadas de huelga convocadas para exigir el pago de sus nóminas pendientes y para reclamar garantías sobre el futuro de la empresa. El periódico está inmerso en un proceso de compraventa rocambolesco y de resultado incierto.
Los 53 trabajadores de El Correo recibieron ayer el apoyo de cientos de compañeros de profesión, representantes políticos, lectores y agentes sociales de la provincia en una concentración organizada a mediodía en la Plaza Nueva de Sevilla. Sólo unos minutos antes de esta reunión, en las oficinas del periódico situadas en La Cartuja, un notario notificó a Diego Israel Castrejón Barco su cese inmediato como administrador único de la empresa y la revocación de todos sus poderes. El gerente de El Correo y varios miembros del comité de empresa le informaron de que su mandato había finalizado y le invitaron a devolver su teléfono móvil corporativo y a abandonar las instalaciones. Él, contrariado, se marchó espetando un “esto no va a quedar así”, según relataron testigos de la escena. Y desapareció en su moto.
Fue un giro sustancial en el caso. El periodista Diego Israel Castrejón Barco se había hecho con la titularidad y con la dirección de El Correo el jueves. La empresa había llegado a sus manos por designación de Abra Invest, una sociedad de gestión de capitales que había actuado como mediadora en la operación, contratada por el propio Castrejón Barco.
Sin embargo, el traspaso de poderes se convirtió en un escándalo tanto dentro como fuera de la redacción al salir a la luz pública la trayectoria de Castrejón Barco, que atesora una pésima reputación profesional y varios antecedentes judiciales y penales por delitos económicos. Según las fuentes consultadas próximas al caso, tanto los representantes de Abra Invest como el abogado y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Luis Miguel Martín Rubio, que también había intervenido como mediador en la compraventa, iniciaron gestiones legales para revocar la toma de poderes, que se consumó ayer mediante acta notarial.
El futuro de El Correo de Andalucía es tan incierto como antes de la expulsión fulminante de Diego Israel Castrejón Barco. Fuentes del comité de empresa explicaron ayer que el periódico está en un “limbo jurídico” mientras se busca algún capital “salvador”. La empresa es ahora propiedad de Rumbo & Chip Edutainment S.L., que es la sociedad que utilizó Abra Invest para formalizar la compra al Grupo Alfonso Gallardo. La transacción se realizó a cambio de un euro, a cambio de que el comprador debía asumir una deuda adquirida con trabajadores, proveedores y administraciones públicas que supera el millón y medio de euros.
El Comité de Empresa de El Correo se ha mostrado muy crítico con el papel del empresario Alfonso Gallardo en la venta “indigna” del periódico. “No han tenido la decencia de darnos información sobre el cambio de propietario y han dejado a los trabajadores a los pies de los caballos”, lamentaron ayer fuentes del comité. Los sindicatos CCOO y UGT incluso han advertido de la existencia de indicios de delito en la forma en la que Gallardo se ha desprendido del medio para no hacer frente a sus compromisos económicos adquiridos.
Ayer, en una nota escueta, el grupo defendió la legalidad de la operación y señaló que en la venta de El Correo no intervino ni mediado “en modo alguno” Diego Israel Castrejón Barco. Según Gallardo, la gestión se realizó a través de Luis Miguel Martín Rubio, que fue la persona que designó a la sociedad compradora Rumbo & Chip Edutainment, de la que es “apoderado”. Fuentes consultadas por este medio sí han confirmado que Gallardo y Castrejón Barco no son desconocidos ya que negociaron la venta de El Correo en varias reuniones celebradas en junio pero no llegaron a un acuerdo.