La diputada y exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García Pelayo, declarará este lunes, 22 de febrero, ante el Tribunal Supremo (TS), en calidad de investigada -figura que sustituye a la de imputada tras la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal- por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. El instructor de la causa es el magistrado Antonio del Moral.
Desde el PP de Cádiz han venido subrayando desde que se conoció esta declaración que la misma se produce a petición propia de la exalcaldesa y que el TS aún no ha pedido el suplicatorio al Congreso de los Diputados por este caso. El alto tribunal abrió causa contra ella dada su condición de aforada en relación con determinados contratos realizados para Fitur 2004 cerrados por el consistorio a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por un importe de 355.000 euros.
María José García Pelayo concurrió como número dos a la cámara baja por Cádiz, donde los populares han obtenido tres escaños. Era senadora del PP en la pasada legislatura, por lo que mantiene el fuero del que ya disfrutaba. El alto tribunal advirtió de “la trascendencia de los indicios” recogidos por el instructor del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.
El TS mantiene así la competencia para investigar a la aforada aunque no lo hará respecto a los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela, imputados también en esta pieza.