El Parlamento andaluz dedicó este martes más de diez horas a escuchar a los 23 agentes sociales y económicos convocados para evaluar la proposición de ley de PP y Vox para regularizar cultivos de regadío ilegales en el entorno del Parque Nacional de Doñana. La imagen de conjunto proyecta un leve desequilibrio hacia las posiciones que defienden las derechas, porque la mayoría de comparecientes han sido propuestos por ellos y gran parte de los nombres sugeridos por las izquierdas fueron apeados.
Los primeros a favor de la ley; los segundos en contra. La iniciativa sale de la comisión de Fomento con más apoyos que críticas, fruto de la mayoría parlamentaria del bloque conservador. Pero el mensaje que ha primado es la reclamación casi desesperada de agricultores, regantes, sindicatos, alcaldes onubenses y ecologistas para que las fuerzas políticas alcancen un consenso sobre cómo solucionar un problema que todos reconocen.
La guerra del agua que libran el Gobierno central y la Junta de Andalucía en vísperas de otras elecciones está poniendo en riesgo la reputación medioambiental de Doñana y del fruto rojo de Huelva, con graves repercusiones a escala internacional. En eso coinciden todos, aunque el debate sobre la ley para ampliar regadíos dibuja dos bandos enfrentados que se culpabilizan mutuamente de empujar esta situación hacia el abismo.
Todas las comparecencias, a favor y en contra, han confluido hasta la última intervención, la de Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana, que ha puesto punto y final a una comisión maratoniana, desde las 10 de la mañana hasta pasadas las nueve de la tarde.
Compareció sobre las 21.15 horas e ironizó presentándose como “un intruso”, porque no había recibido ninguna citación y llevaba semanas “zarandeado, Delibes sí, Delibes no”, tras el veto de PP y Vox a su comparecencia (luego rectificado por los populares). Agradeció la rectificación, pero “lamentó” que se mantuviese el veto al director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla.
El discurso leído de Delibes retumbó en el Parlamento como un vaso de cristal estrellado contra el suelo: “Admitan conmigo que las cosas han ido demasiado lejos” -espetó a los grupos políticos-, “se ha generado la mayor crisis social, institucional, política y mediática sobre Doñana en muchos años. Detengamos la crispación, evitemos que la bola de nieve siga creciendo” (...) Asuman que el deterioro de Doñana representa un enorme fracaso para el Gobierno de la Junta de Andalucía“.
El presidente del Consejo de Participación, en tono pausado, exigió “responsabilidad” a la Cámara que tramita la ley. “No engorden esta absurda guerra que ya estamos perdiendo todos y ofrezcan una paz social que nos permita avanzar de verdad. Les pido que exijan la paz, tengan el coraje político de retirar la proposición de ley entiendiéndolo como una victoria, no como una derrota, y a los opositores a la ley, les pido que tengan el coraje de no aprovecharlo políticamente”, sentenció.
La crítica de Delibes fue durísima, “muy grave”, en palabras de los proponentes. El científico, reconocido con la medalla de Andalucía al compromiso ambiental por el presidente Juan Manuel Moreno, afirmó que “Doñana está seca” e ironizó con la solución que propone la ley al problema de un puñado de agricultores. “Declarar regable una zona sin agua es tan chocante como ofrecer un bono gratuito del AVE entre Sevilla y Huelva [que no existe] para solucionar los atascos. Es una tomadura de pelo”, dijo.
Delibes acusó a PP y a Vox de comportarse “como los magos que nos distraen con algo estrambótico para ocultarnos un truco escondido en otro sitio, y eso me hace pensar que hay gato encerrado”. Recordó que en su primera comparecencia, hace 15 meses, no podía transmitir la opinión del Consejo de Participación porque no había recibido información oficial ni había sido convocado.
El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, convocó este órgano el pasado 10 de abril, y esa reunión vislumbró “más opiniones fustigando la ley que apoyándola”. “Pero la mayoría expresó su preocupación y defendió que Gobierno y Junta alumbren un marco jurídico seguro para los problemas de la comarca”, apuntó.
Miguel Delibes de Castro es una figura de consenso en cuanto a defensa y compromiso con el medioambiente, una de las personas más autorizadas para valorar los riesgos del Parque Nacional, porque lleva media vida dedicado a la mayor reserva natural de Europa. Fue propuesto por las izquierdas, vetado por las derechas, y finalmente readmitido tras una rectificación del PP.
Se entendió que su discurso era inevitable y que el veto inicial tuvo más eco mediático que el discurso finalmente pronunciado, conocido por todos, con apenas diferencias en el fondo y en la forma respecto al que ya pronunció hace un año cuando el Parlamento evaluaba la primera proposición de ley de PP y Vox.
Este mismo martes, desde Málaga, el presidente Moreno volvió a insistir en que está dispuesto a modificar la ley en el trámite de enmiendas y criticó que ni el Gobierno central ni nadie haya “propuesto alguna alternativa”. “Eso no es verdad”, dijo Delibes. “La alternativa es el Plan [de la fresa], aprobado por consenso y validado por las organizaciones internacionales, y ese plan puede retocarse puntualmente para corregir errores”.
Por último, el presidente del Consejo planteó fórmulas para indemnizar a los agricultores afectados por los desajustes de la reordenación del suelo del Plan de la Fresa. “Impulsen un plan de ayudas a pequeños agricultores que clausuren sus pozos, a los que renuncien al regadío regular, aprueben prejubilaciones, subvenciones al cultivo de secano y un plan de estímulo al desarrollo sostenible en la comarca”, concluyó.
PP y Vox se mostraron incómodos con Delibes en el turno de preguntas. El diputado de Vox Rafael Segovia le espetó “usted no es experto en agua”, y éste le dio la razón sin alterarse y le conmino a reflexionar sobre que ninguno de los comparecientes era experto en todos los aspectos en los que influye la ley: ordenación del territorio, trasvases, conservación del agua, siembra de frutos rojos, condiciones laborales...
Sólo en el último minuto de su comparecencia, tras una jornada de casi 11 horas, Delibes pareció perder la paciencia y se despidió con una expresión de frustración y cabreo: “Que en 2023 tenga que venir alguien al Parlamento a explicar qué significa ponerse de acuerdo me abochorna”, sentenció.
La comisión de Fomento, retransmitida en directo por el circuito interno del Parlamento, tuvo momentos de tensión entre los grupos, conscientes de la enorme repercusión mediática que despertaba. Mientras los agentes sociales exponían sus posturas dentro de la sala, a las puertas de la Cámara se habían concentrado miembros de organizaciones sociales y de conservación de la naturaleza, como SEO/BirdLife, en un acto de protesta contra la ley impulsado por la Plataforma 'Salvemos Doñana'. “La aprobación sería el golpe definitivo para el humedal”, decían.
En el entorno de Doñana hay 9.400 hectáreas legales de cultivos de frutos rojos desde la regularización que se aprobó en el llamado Plan de la Fresa, en 2014. La ley que tramita el Parlamento andaluz ampliaría esa superficie de riego con 748 hectáreas más -aunque esta cifra no aparece oficialmente en el texto de la ley-, que necesitarían de tres a cinco hectómetros cúbicos más.
La proposición de ley, tramitada de urgencia en el Parlamento, ha provocado las amenazas de la Comisión Europea de multar a España si sale aprobada la norma, el Gobierno de Pedro Sánchez prevé recurrirla ante el Tribunal Constitucional, la Unesco avisa de que peligra el sello de Patrimonio de la Humanidad del Parque Nacional, la comunidad científica prevé un serio perjuicio para el entorno y los agricultores de fresa con permisos de riego temen el “daño reputacional” para su producto en los mercados internacionales.
Esto último ya ha tenido un episodio en la campaña de boicot de una ONG alemana, alentando a no vender fresa de Huelva en los supermercados del país, como Lidl o Aldi, por su potencial perjuicio al medio ambiente.
Por la mañana comparecieron agricultores, regantes, sindicatos y ecologistas, a favor y en contra. Las coincidencias están en el reconocimiento del problema, las diferencias aparentemente insalvables están en la fórmula propuesta para solucionarla. Las derechas impulsan esta ley, las izquierdas piden retirarla y abordar caso a caso con la comisión técnica de seguimiento del Plan de la Fresa. La mayor parte de los discursos reconocían que el acuífero de Doñana está sobreexplotado y que existen pozos ilegales que siguen esquilmando agua subterránea.
Tanto unos como otros defienden la ejecución de las infraestructuras hidráulicas programadas y postergadas por Gobierno central -la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre, el trasvase desde la cuenca Tinto, Odiel y Piedras- para garantizar agua en superficie. Hay consenso en que hubo “errores” en el llamado Plan de la Fresa de 2014 -que reguló qué parcelas podían regar y cuáles no en la corona norte de Doñana-, y que fruto de esos errores existen “injusticias” que afectan a agricultores y a familias concretas de la zona. Esa foto fija que autorizó a unos a cultivar y regar y a otros les denegó o retiró el permiso arrastra “desajustes” desde el principio, que algunos agricultores afectados han resuelto unilateralmente extrayendo agua ilegal del Parque Nacional.
El problema de Doñana es que ahora está sobredimensionado por el pulso brutal entre Gobierno y Junta en vísperas de otras elecciones, antes las andaluzas, después las municipales, ahora las generales del 23 de julio. Ese problema que tienen los agricultores y el Parque Nacional se dibuja con tiralíneas y bisturí sobre el terreno onubense, con muchos matices y aristas; pero el problema cobra dimensiones desproporcionadas a medida que uno se aleja del enclave afectado, y termina escuchando a los dirigentes políticos abordar la cuestión a brochazos y con motosierra.
A Delibes le precedieron los alcaldes de los cinco municipios onubenses donde se ubican las hectáreas afectadas por la ley, algunos ratificados por las urnas el pasado 28 de mayo, otros no. El regidor de Rociana del Condado, Diego Pichardo, pidió retirar la propuesta y crear “una reunión a tres partes” entre las administraciones: Gobierno, Junta y ayuntamientos afectados. “La solución es muy fácil: con los mecanismos que tenemos, siéntense a debatir y a llegar a un consenso entre todos. Si yo, que soy alcalde de un municipio de 1.900 habitantes, tengo que venir a decirles cómo solucionar esto, mal vamos…”.
La alcaldesa saliente de Almonte, Rocío del Mar Castellano (Mesa de Convergencia de Almonte), afeó al PP que haya vetado la comparecencia de la Estación Biológica de Doñana y de los agricultores de la asociación de regantes de Puerta de Doñana, que representa al 50% del regadío de la corona norte. “Se está engañando a los agricultores. Y esto no va de salvar pajaritos, esto va de que nuestros nietos puedan beber agua mañana”, dijo.
El alcalde de Bonares, el socialista Juan Antonio García, criticó que con la proposición de ley “se ha dado una patada al avispero y ahora nos van a picar a todos”. “Tenemos a toda la opinión pública en contra. Les pido que lo hagan con consenso. La imagen que estamos dando es de vergüenza. En el fondo sí estamos de acuerdo, en la forma no. El bombo mediático está perjudicando a la marca Huelva, a nuestros pueblos y a un producto estrella como los frutos rojos”.
El alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, no sólo avaló la ley, también defendió que es su pueblo “el que la ha impulsado”. Lucena tiene 7.500 hectáreas y más de 4.000 son de monte público. “Soy partidario del sí rotundo a la ley: no toca el acuífero, no modifica el Plan de la Fresa y no contradice la Ley Forestal de 1992”, ha dicho. Mora ha mostrado un mapa de su municipio de 1938 donde ya aparecen parcelas de regadío donde sembraban. “Nosotros engañamos a Franco, aprobamos la reforma agraria en pleno franquismo”, dijo, para defender los llamados “derechos históricos” de los agricultores que reclaman esta ley para regularizar sus tierras, que ahora riegan sin permisos.
El alcalde de Moguer, el socialista Gustavo Cuéllar, explicó ante la comisión que “a día de hoy la Junta está haciendo revisiones de oficio y cambiando la tipología del suelo, de tierra forestal a agrícola, sin necesidad de esta ley. Hay herramientas suficientes para solucionar injusticias”, dijo, mostrando la documentación del Gobierno autonómico.
Apenas se escucharon discursos negacionistas, a pesar de que el diputado de Vox, Rafael Segovia, trivializó los datos que aportó el portavoz del grupo ecologista WWF, Juan José Carmona, al mostrar un estudio técnico que eleva las hectáreas susceptibles de recalificación para riego de la ley de 750 a 1.900. “¿Y si son 1.900 hectáreas, qué?”, preguntó. El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA-Andalucía), Miguel Piedra, ironizó en la misma línea: “¿Se va a perjudicar el medioambiente por regularizar cuatro hectáreas de regadíos al lado de otras dos ya regularizadas? Los ecologistas durante la pandemia estaban todos escondidos, y los agricultores éramos los que salíamos para llevarles comida a sus casas”.
Juan Antonio Millán, presidente de la asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (COREHU), uno de los últimos intervinientes, posee una autoridad en el territorio reconocida por todos los partidos. “Cuando se dice que Doñana muere por falta de agua es un despropósito, es mentira. Huelva es rica en agua”, dijo. Millán restó importancia al impacto ambiental de la ley, subrayó que “las sequías son cíclicas” y que Huelva “está en mejores condiciones que otras partes de España”.
El ruido de fondo de esta polémica ley es un pulso entre dos alegatos que las fuerzas políticas han hecho irreconciliable: la defensa del medioambiente contra la economía local. La preservación de Doñana y la grave crisis de sequía que amenaza la zona por un lado; y por otro lado, la explotación del fruto rojo, que representa el 98% de la exportación del país, un sector que supone el 11,35% del PIB en la provincia, genera 160.000 empleos directos e indirectos y exporta productos por valor de 1.392 millones de euros al año.
La proposición de ley sigue su curso parlamentario por la vía de urgencia. Los grupos tienen hasta el 22 de junio para presentar alegaciones al articulado del texto (que consta sólo de cuatro puntos), aunque PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía ya han descartado hacerlo, porque invalidan todo el documento y exigen su retirada. También los ciudadanos podrán presentar por escrito enmiendas en el registro del Parlamento andaluz, pero con un plazo de 48 horas desde este martes, que finaliza el 15 de junio.
El PP calcula que la ley podría ser aprobada por la Cámara en el último Pleno de este periodo de sesiones, que tendrá lugar cuatro días después de las elecciones del 23 de julio, pero tampoco descarta que se postergue hasta septiembre. El Gobierno de Sánchez ha anunciado ya que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, una potestad que puede realizar estando en funciones tras los comicios.
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