La Gavidia: se vende centro de tortura como hotel

Estoy abrumada por la desvergüenza de que la Presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, no dimita tras obtener el máster de la Rey Juan Carlos que no hizo (ni clases, ni exámenes, ni TFM). Contengo el aliento a la espera de que se vaya. O la echen. Me cuesta creer, aún viéndolo en la convención del PP en Sevilla, que les da igual cargarse las instituciones -el Gobierno de Madrid, una Universidad pública-, con tal de enrocarse. Saben que ha sido un fraude y que lo sabemos gracias al trabajo periodístico. Y en vez de rectificar, se querellan contra Ignacio Escolar y Raquel P. Ejerique. Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino con un fin clarísimo: que aceptemos el abuso de poder, que dejemos que pudran más nuestra democracia. Son un caballo de Troya contra el Estado de Derecho, hundiéndolo desde dentro. Y se está viendo el apoyo de Ciudadanos.

Eclipsado por este enorme desafío democrático, por las gravísimas encarcelaciones preventivas de líderes del independentismo catalán todavía más en cuestión tras la negativa del juez alemán a extraditar a Puigdemont, incluso por el culebrón de baja estofa de la pelea de reinas y la aún más bochornosa –por falsa y cínica- reconciliación, con la servil Letizia abriendo el coche a su suegra (¿por quiénes nos toman?) hay un terrible ataque al patrimonio democrático sevillano, andaluz y, por tanto, español que no puede pasar inadvertido. Ni podemos consentirlo: quieren borrar la memoria del gran centro de torturas del franquismo que fue la Comisaría de la Gavidia.

La niña que yo era, al empezar los 80, jugaba en la plaza a la sombra del siniestro edificio. Nadie me había hablado aún de lo que, poco antes, allí pasaba, cuando vivía Franco, o incluso en los primeros tiempos tras la muerte del dictador. Yo tenía 6 años. Pero el terror estremecía todavía a mi madre y su temblor latía en el aire contagiándome. Experiencia compartida con hijos de cientos de activistas por la democracia (aquí vídeo de testimonios hecho por CCOO) que, como ella –en su caso dos veces, la última embarazada de mí-, entraron arrestados en el epicentro, en la capital de Andalucía, de la represión del largo régimen fascista de 40 años.

Las gentes del PTE, de la Joven Guardia Roja, del PC, de la ORT, comunistas, troskos, maoístas, socialista –“Si por lo menos fuerais de Felipe”, decían policías a los primeros- entraban con horror, a pie o en furgón, esposados, empujados y amenazados al edificio donde el tiempo se detenía, en principio 72 horas, donde todo podía pasarles sin que nadie hubiera sido avisado del arresto, ni familia, ni abogados (la cárcel, por comparación, era lugar mejor).

A los calabozos colectivos donde aguardaban, llegaban los golpes, los gritos, aullidos, llantos de quienes habían salido sólo un instante atrás para ser interrogados. Deseando ser fuertes para negar la pertenencia al partido, no delatar a un compañero, abjurar del compromiso con la democracia. Esta que hoy disfrutamos, que incluso representan como parlamentarios los herederos –ideológicos y hasta biológicos- de quienes torturaron. Al cabo, volvía el interrogado, herido, golpeado, amoratado, con el tímpano reventado, orinado o cagado y humillado, amputada su dignidad, rebajado como humano, para ejemplo de quienes aún aguardaban que se les interrogara.

Y sobre todo para escarmiento de la ciudadanía fuera, de quienes pasaban por la calle, bajo las ventanas, de la Comisaría de la Gavidia, sabiendo que allí cada día se torturaba, consintiendo, por miedo, cabeza gacha, mirada al suelo.

La plaza frente a la puerta se rebautizó en la Transición como Plaza de la Concordia. El edificio opuesto fue muchos años nuestro primer parlamento autonómico.

Ningún alcalde del PP se ha atrevido estos 40 años de democracia a lo que acaba de hacer el alcalde del PSOE Juan Espadas. Ni siquiera el hoy Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que en su cargo actual debe aprobar la permuta del edificio por otro lejos del centro. Y lo hará, feliz, si como sociedad civil no impedimos este robo.

Porque quieren robarnos la historia y el futuro vendiendo el edificio como hotel, gimnasio o centro comercial. Rindiendo al dinero un patrimonio que no tiene precio, que la pasta no alcanza: el valor de las mujeres y hombres a los que debemos nuestra democracia.

Menos palabrería de cargos del Ayuntamiento, Diputación y Junta (¡que la llegó a declarar  Lugar de Memoria Democrática en 2017!) diciendo respaldar la lucha por la “Verdad, Justicia y Reparación” de las asociaciones de víctimas y familiares de represaliados del franquismo. Lo que hace falta es rectificar esta vergüenza y crear un proyecto público para la Gavidia cuyo corazón sea un museo de la memoria en homenaje a los que allí sufrieron y como escuela cívica para que la barbarie fascista nunca se repita.

Estoy abrumada por la desvergüenza de que la Presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, no dimita tras obtener el máster de la Rey Juan Carlos que no hizo (ni clases, ni exámenes, ni TFM). Contengo el aliento a la espera de que se vaya. O la echen. Me cuesta creer, aún viéndolo en la convención del PP en Sevilla, que les da igual cargarse las instituciones -el Gobierno de Madrid, una Universidad pública-, con tal de enrocarse. Saben que ha sido un fraude y que lo sabemos gracias al trabajo periodístico. Y en vez de rectificar, se querellan contra Ignacio Escolar y Raquel P. Ejerique. Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino con un fin clarísimo: que aceptemos el abuso de poder, que dejemos que pudran más nuestra democracia. Son un caballo de Troya contra el Estado de Derecho, hundiéndolo desde dentro. Y se está viendo el apoyo de Ciudadanos.