Una ley digna y adecuada de vivienda

Por la magnitud del problema habitacional, por el esfuerzo requerido, por la trascendencia pedagógica cívica frente a intereses económicos, presiones y lobistas, llegar a un acuerdo sobre la Ley de Vivienda entre dos fuerzas tan diferentes en un Gobierno de coalición habría merecido una legislatura. Me atrevería a decir que se trata de una cuestión de Estado, en el sentido estructural de la expresión. El Estado, una sociedad avanzada, no se puede permitir que el espíritu y letra de la Constitución, de los Derechos Humanos, no alcance a una parte tan importante de la ciudadanía, mayores y jóvenes, que se siente maltratada, sin esperanzas, en una situación gravísima de injusticia habitacional.

Sin embargo, a día de hoy, las diferencias entre ambos miembros del Gobierno parecen insalvables a pesar de las expresiones públicas de confianza en el acuerdo del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Desde luego, no es un asunto fácil sino más bien complejo. Las experiencias sobre limitación de precios de alquiler en nuestro entorno europeo han dado resultados no definitivos aunque los informes de parte –inmobiliaria se entiende– se prodigan en una campaña aireada de desmotivación y desánimo.

Pero el problema está ahí. Ni Ana Hidalgo, ni Enmanuel Macron, ni los sucesivos dirigentes alemanes desde los años setenta, ni los escandinavos parecen bolcheviques. De Blasio, por saltar el charco, alcalde de Nueva York, tampoco. La Constitución tampoco es extremista; pese sobre la conciencia de los inactivos y pazguatos la afirmación contundente del derecho a la vivienda digna y adecuada así como la función pública de la propiedad privada.

Lo conocido hasta el momento sitúa a José Luis Ábalos, el proponente, más cerca de los intereses de los caseros que de los inquilinos; la solución, vía bonificación fiscal, desplaza la carga del esfuerzo de los propietarios a los contribuyentes de manera generalizada. Mil millones en bonificación está siendo la cifra anual de mengua presupuestaria que, lógicamente, aumentará. Todos sufriremos la pérdida de ingresos fiscales, otros pocos se beneficiarán de las bonificaciones y es dudoso que el resultado de lo dicho hasta el momento sirva para alcanzar el objetivo de limitar hasta lo razonable el precio de los alquileres.

Chaves Nogales, paisano, vecino y maestro, escribía 'La Ciudad' en Sevilla en 1921. Se hacía eco de la movilización ciudadana, una rebelión contra los caseros, sus precios abusivos y sus desahucios en favor de un objetivo claro de especulación urbanística

La dimensión política no es menor: que una formación política no cumpla lo pactado y tampoco lo prometido a la ciudadanía no hace sino añadir desconfianza e inestabilidad en un momento en que se necesitan certidumbres, compromisos y estabilidad ante las amenazas del populismo ultraderechista que acude a nutrir sus filas con los más desfavorecidos como la historia demuestra.

Manuel Chaves Nogales, paisano, vecino y maestro, escribía un ensayo, 'La Ciudad', publicado en Sevilla en 1921. Se hacía eco de la movilización ciudadana, una rebelión contra los caseros, sus precios abusivos y sus desahucios en favor de un objetivo claro de especulación urbanística. La ciudad siente la necesidad de una vida mejor y se subleva gritando “Ora pro nobis, mueran los caseros”, narra Chaves Nogales.

“En el corral del Jardinillo también han sido desahuciados los vecinos. Todos los días han aparecido en medio del arroyo los colchones remendados, las tinajas, las sillas veteranas, las escudillas y los líos de ropa de alguna infeliz familia... Dos o tres días, esta mujer atormentada veló su maltratado menaje por la inclemencia del casero”.

La rebelión de los inquilinos fracasó, “la fuerza pública ejerció su saludable acción”, nada nuevo. “En tanto, los rebeldes iban rindiéndose; el frío se les subía por las piernas hasta el corazón, y ateridos venían a refugiarse, otra vez, en sus amables habitaciones de los corrales, pordioseando a la puerta de los caseros la llave de aquellas celdas en las que habían nacido”.

No ha nacido un periodista mejor ni más digno capaz de contar hoy, con su honestidad, lo mismo que entonces, en una Sevilla despiadadamente desigual. Chaves Nogales lo contaría; tristemente, lo volvería a hacer un siglo después. Tendría motivos.

Han pasado más de cien años, estamos en democracia, con una Constitución en la mesita de noche del que quiera. Las batallas contra las graves desigualdades se libran en el Parlamento, no estamos en la Sevilla revolucionaria e inconformista. ¿De verdad que después de tanto y sin avanzar tan poco no hay posibilidad de que un Gobierno de coalición progresista acabe con esta lacra?

Por la magnitud del problema habitacional, por el esfuerzo requerido, por la trascendencia pedagógica cívica frente a intereses económicos, presiones y lobistas, llegar a un acuerdo sobre la Ley de Vivienda entre dos fuerzas tan diferentes en un Gobierno de coalición habría merecido una legislatura. Me atrevería a decir que se trata de una cuestión de Estado, en el sentido estructural de la expresión. El Estado, una sociedad avanzada, no se puede permitir que el espíritu y letra de la Constitución, de los Derechos Humanos, no alcance a una parte tan importante de la ciudadanía, mayores y jóvenes, que se siente maltratada, sin esperanzas, en una situación gravísima de injusticia habitacional.

Sin embargo, a día de hoy, las diferencias entre ambos miembros del Gobierno parecen insalvables a pesar de las expresiones públicas de confianza en el acuerdo del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.