El pánico electoral del PP reabre la hucha de los ayuntamientos

Si quieres entender por qué ahora, después de años de apretarles el cinturón hasta la asfixia, el Gobierno ha anunciado que va a permitir que los ayuntamientos gasten los 5.000 millones de euros de superávit que guardan en sus cajas, apúntate un número y una letra: 9J. La fecha de las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. Y si quieres saber por qué el ministro Montoro, mientras afloja el nudo a los municipios, sigue sin dar ninguna señal de querer negociar la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace años, apúntate la misma respuesta.

¿Contradictorio? Seguramente no, si se mira el mapa del poder local y autonómico del Partido Popular tras los últimos comicios de 2015. El batacazo del PP, que había arrasado sólo cuatro años antes, fue brutal. Perdió el Gobierno en seis comunidades (pasó de 11 a 5, frente a siete gobiernos socialistas) y sufrió un doloroso fracaso en grandes ciudades como Madrid, Valencia o Valladolid. Pero, a pesar del golpe, se mantuvo como el partido más votado y con más alcaldes (más de 3.000), aguantando mejor en los municipios más pequeños del interior del país.

Diez millones de personas viven en estos momentos en pueblos y ciudades gobernados por el PP, y en ellos parece estar pensando Rajoy al anunciar este balón de oxígeno, que va a permitir desbloquear miles de millones para inversiones. A poco más de un año para las elecciones locales, y con las encuestas anunciando una catástrofe ante el auge de Ciudadanos, al Partido Popular le interesa apuntalar su poder local, importante palanca para las elecciones generales, en especial en la llamada 'España vacía' del interior. Desbloquear estos 5.000 millones de euros va a dar enormes opciones de lucimiento a sus alcaldes sin que eso suponga entregar demasiada cancha a Ciudadanos (que no llega a 90 alcaldías en toda España).

Y con la misma lógica, le interesa de momento mantener el grifo cerrado para las autonomías. No sólo porque esto perjudica sobre todo a los socialistas (que gobiernan en siete comunidades), sino porque cada mes que se mantiene activo el caducado sistema de financiación, el Gobierno se ahorra cientos de millones de euros que puede emplear para regalos electorales, como esa promesa que (también hoy) se ha sacado Montoro de la manga de aplicar deducciones en el IRPF a los jubilados de mayor edad.

Hay que tener en cuenta que el hecho de que el Gobierno tenga el enorme poder de abrir o cerrar el grifo del dinero para ayuntamientos y autonomías tiene mucho que ver con uno de los mitos o medias verdades que con más fortuna se han instalado en la opinión pública durante estos años de crisis: que las comunidades (y también los ayuntamientos) eran administraciones manirrotas, mal gestionadas (si no directamente corruptas), secundarias del Gobierno central, prescindibles, llenas de rotondas imposibles, aeropuertos sin aviones y obras infladas. Necesitadas de tutela, control y mano dura por parte de papá Montoro.

Aunque, como está comprobado, el único que ha incumplido el déficit durante todos estos años haya sido, precisamente, el Gobierno, mientras la mayoría de autonomías se ajustaban con mucho esfuerzo y los ayuntamientos llegaban a tener superávit (es decir, dinero de sobra). Unos fondos que Montoro ha utilizado para cuadrar las cuentas estatales y aprobar (sin méritos propios) el examen de los hombres de negro de Bruselas. Con la campaña electoral tomando velocidad y mucho miedo en el cuerpo ante las malas perspectivas, la consigna ahora para los alcaldes es clara. Como decimos en el sur, que no falte ni gloria.