Torquemada según San Juan

Desde que el Tribunal Constitucional, al bendecir la LOMCE, se ha convertido en una franquicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Torquemada es un trendingtopic. La inquisición, en los tiempos que corren, va por dentro y cualquier Gobierno, como el actual, se siente con el derecho de recortar libertades con el mismo denuedo que recorta presupuestos: no olvidemos que las reformas laborales y la proclamación del dogma de la sagrada contención del déficit vinieron acompañadas en 2015 por la Ley de Seguridad Ciudadana –Ley Mordaza para sus enemigos—que consagra los cacheos preventivos, crea una lista negra de infractores, permite que cualquiera pueda pasar seis horas en un calabozo por el simple hecho de no identificarse ante la policía, consagra el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad, entre otros barruntos totalitarios.

Los apóstoles del Santo Oficio florecen en los tiempos actuales y así no extraña que dos concejales de la localidad granadina de Pinos Puente reclamen que la diputación y los ayuntamientos retiren de su programación la obra “Autorretrato de un joven capitalista español” protagonizada por Alberto San Juan. Y no tanto por el contenido de la función sino, a juicio de los ediles presuntamente liberales, porque el actor, “con sus incendiarias declaraciones contra víctimas del terrorismo, contra el Rey o contra la conferencia Episcopal, ha sido incluso objeto de querellas”.

Debe ser algo contagioso: hace apenas un año, dos concejales de Huetor Tajar la emprendieron dialécticamente contra el cantaor Juan Pinilla porque se había metido en Facebook con el aguilucho franquista: “El día que acepten que perdieron la guerra, ese día, se podrá vivir, se podrá respirar, se podrá convivir entre unos y otros con mayor respeto, y por supuesto, se podrá vivir”, le replicó uno de dichos representantes municipales por la misma vía.

“Soy capitalista –puede oírse a Alberto San Juan en el monólogo que rechazan los populares--. Tengo cuenta en un banco que especula con alimentos. Tengo un seguro médico privado. Tengo la luz contratada con una empresa que roba a sus clientes porque su objetivo es el máximo beneficio. Cuando trabajo cobro el sueldo más alto que pueda conseguir, sin preocuparme de cuál es el sueldo y el resto de las condiciones laborales de mis compañeros. Puedo ayudar económicamente a un amigo, pero nunca a costa de rebajar mi nivel de vida. Quiero preservar mi fama, mi cotización comercial, mis propiedades. La sociedad en la que vivo es injusta hasta la crueldad. Me gustaría que cambiase, pero no estoy dispuesto a perder en el intento aquello que he logrado acumular. Estoy hablando muy en serio”.

A lo mejor, comprobando estas palabras, puede que hasta hayan ido a ver la representación y hablen con conocimiento de causa, como si todo esto fuera un homenaje a Carlos Marx en su segundo centenario. En todo caso, nada más leer la noticia tuve una regresión y recordé las pancartas de Alianza Popular contra “Te Deum”, de Els Joglars, allá en aquellos tiempos en los que, reinaba UCD, quien tenía que exiliarse era Albert Boadella y no Carles Puigdemont.

El Partido Popular, que defiende la libertad de expresión como se demostró hace unas horas cuando el ministro Méndez de Vigo defendió la legitimidad de que nuestros gobernantes y legionarios canturreen lo de somos novios de la muerte, no lo lleva igual de claro cuando las leyes que promulgaron con mayoría absolutista sirvan para que los jueces enchironen a raperos, tuiteros, titiriteros y otras gentes de mal vivir.

Alberto San Juan se defendía ayer de las acusaciones asegurando que él nunca declararía contra las victimas del terrorismo, especialmente cuando el Estado se convertía en terrorista como durante la dictadura de Franco que el PP sigue sin condenar abiertamente y despreciando a las víctimas de dicho régimen que todavía mal duermen el sueño eterno en las cunetas.

Tras la muerte del dictador, la transición democrática estuvo plagada de vulneraciones de la libertad de expresión, desde “El crimen de Cuenca” de Pilar Miró a las canciones de Chicho Sánchez Ferlosio. En 1981, recién estrenado el artículo 20 de la Constitución, el periodista Xavier Vinader, de “Interviú”, y el policía Francisco Ros Fruto fueron condenados a prisión tras la muerte de dos ultraderechistas vascos, uno de los cuales había sido identificado y mencionado como tal en dos reportajes publicados por la citada revista en diciembre de 1979.

Las sanciones económicas, en muchos casos por motivos ridículos, sustituyeron a la trena durante mucho tiempo. Y el blindaje de la Casa Real - en el artículo 56.3 de la Constitución Española, se declara que la persona del Rey ‘no está sujeta a responsabilidad’, por lo que según numerosos juristas el monarca podría cometer cualquier delito y no sería posible abrir diligencias penales en su contra- provocó que caricaturistas, periodistas e incluso historiadores tuvieran que hacer frente a multas onerosas por cuestionar las costumbres del monarca emérito.

Ahora, Torquemada acecha detrás de cualquier pliegue legislativo. Por ejemplo, el supuesto de delito de odio ha sido utilizado para detener a un joven salmantino por atacar a la ideología nazi que se basa, históricamente, en el odio. El caso se suscitó a finales del pasado año y podría resolverse en un juicio de faltas porque el detenido le partió la nariz a otro individuo. Sin embargo, se justificó, según La Tribuna de Salamanca, “por efectuar comentarios difundidos a través de las redes sociales por razones de ideología, pegar carteles de contenido similar en el negocio que regentan las víctimas y en sus alrededores, efectuar buzoneo de panfletos para tratar de boicotear el mismo, fracturar en diversas ocasiones las lunas del establecimiento e incluso llegar a proferir insultos y amenazas directas hacia ellas”.

A semejante botarate se le podría haber aplicado el código penal al uso, pero la Policía Nacional justificó su detención por los siguientes motivos: “La intolerancia mostrada por este tipo de actitudes y comportamientos racistas que atacan los derechos fundamentales, principalmente los principios de libertad y respeto a la dignidad de las personas, se considera como conducta discriminatoria que provoca e incita al odio o la violencia o difunde informaciones injuriosas por pertenencia a grupos o asociaciones determinados por motivos referidos a ideología, religión, creencias, situación familiar, pertenencia a una etnia o raza, origen nacional, sexo, orientación sexual, enfermedad o discapacidad o simplemente aspecto físico”.

¿Realmente es aplicable el delito de odio para defender la libertad de las ideologías que odian? ¿Me estaré convirtiendo también en Torquemada o simplemente en un demócrata? No me queda claro. Agradecería sus insultos para hacerme una idea más precisa al respecto.

Desde que el Tribunal Constitucional, al bendecir la LOMCE, se ha convertido en una franquicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Torquemada es un trendingtopic. La inquisición, en los tiempos que corren, va por dentro y cualquier Gobierno, como el actual, se siente con el derecho de recortar libertades con el mismo denuedo que recorta presupuestos: no olvidemos que las reformas laborales y la proclamación del dogma de la sagrada contención del déficit vinieron acompañadas en 2015 por la Ley de Seguridad Ciudadana –Ley Mordaza para sus enemigos—que consagra los cacheos preventivos, crea una lista negra de infractores, permite que cualquiera pueda pasar seis horas en un calabozo por el simple hecho de no identificarse ante la policía, consagra el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad, entre otros barruntos totalitarios.