La Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos,
que desde hace meses promueve que este monumento sea de titularidad pública y
se revise la gestión que de él está haciendo la Iglesia, ha reaccionado a la
ofensiva del Obispado de Córdoba lanzada a través de un folleto divulgativo para
contar “la verdadera historia de la Catedral” y ha puesto de manifiesto los
argumentos históricos y jurídicos que desmontan lo que se dice en esta
publicación.
Los 100.000 folletos editados por el Cabildo de la
Catedral –órgano dependiente del Obispado- pretenden difundir la “verdadera
historia“ del monumento y responder así a lo que califican como una ”campaña de desinformación orquestada contra el Cabildo en los
últimos meses“, en referencia al debate abierto sobre la gestión que en los
últimos años vienen haciendo del monumento, borrando su nombre de Mezquita y toda
huella islámica en la difusión del mismo.
Ante cuestiones que se publican en dicho folleto como los momentos
históricos en los que el Obispado se basa para decir que la Mezquita de Córdoba
se consagró al culto católico y así, “pasa a ser propiedad de la Iglesia
católica“, la
plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos ha respondido con los
argumentos que, tanto historiadores como juristas que la integran, desmontan lo
dicho por la Iglesia.
Para empezar, desde la plataforma
explican que la consagración de un bien al uso católico no implica el derecho de
propiedad del mismo. “La consagración de un bien no modifica su naturaleza
ni jurídica ni arquitectónica ni histórica. El Obispado olvida deliberadamente
que, aparte de una función religiosa, la Mezquita-Catedral tiene una dimensión
artística, histórica, cultural y patrimonial, que es la que le da al monumento
alcance universal y por la que millones de turistas e investigadores vienen
cada año a visitarla“.
En ese mismo sentido, sostienen que “el Obispado no puede argüir como título de propiedad la
consagración de la Mezquita-Catedral. No hay ninguna legislación en el mundo
que reconozca la consagración de un bien inmueble como prueba de dominio“.
Es más, según el documento con que el Obispado
inmatriculó la Mezquita-Catedral a su nombre en el Registro de la Propiedad en
el años 2006 por 30 euros, constaba que lo hacían sin poseer “título escrito de dominio” sobre el edificio
.
“Si es cierto que disponen de un título de propiedad privada
–como se infiere de lo publicado en el folleto del Cabildo-, ¿por qué no lo
hicieron valer en el Registro?“, se preguntan desde la plataforma. Y sobre la
propia inmatriculación, de la que en el folleto la Iglesia dice que es “simplemente
inscribirlo en el Registro de la Propiedad“, la plataforma inquiere: ”Si, en
efecto, la inmatriculación (realizada con dos normas inconstitucionales) no
tiene valor, entonces ¿por qué la inmatricularon?“.
Derecho de uso no es derecho de propiedad
Derecho de uso no es derecho de propiedad
“El Obispado tiene un derecho de uso del edificio”,
admite este colectivo al haber hecho uso del monumento durante siglos. Pero
aportan otro matiz importante históricamente para distinguir entre uso y
propiedad: el edificio “fue cedido por Fernando III, pero no donado”, es decir,
cedido en uso desde el Estado pero no pasó a ser propiedad de la Iglesia,
argumentan.
“Pretende confundir derecho de uso y título de propiedad de un bien inmueble
que es Patrimonio Mundial y memoria viva de todos los ciudadanos“, alertan
desde la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, que ha reunido ya
más de 367.000 firmas ciudadanas de apoyo y adhesiones de nombres relevantes
del mundo académico, del pensamiento y la cultura a nivel nacional e
internacional.
Para la plataforma, “la campaña de difusión impulsada
por el Obispado, con la distribución de 100.000 trípticos, ratifica la
estrategia de destrucción de la identidad y la historia de la Mezquita-Catedral
puesta en marcha desde hace unos 15 años con el objeto de borrar la huella
andalusí de un monumento excepcional conocido en todo el mundo por ser la joya
del arte hispano musulmán de Occidente“.
El borrado del término Mezquita
El borrado del término Mezquita
Y sobre la denominación del monumento que la Iglesia llama solo Catedral pero mundialmente es conocido como Mezquita y, en la
ciudad, reconocido oficialmente como Mezquita-Catedral, recuerdan que “es
absolutamente incierto que la Mezquita-Catedral de Córdoba se llame únicamente
Catedral desde su consagración en 1239 como trata de hacernos creer el Obispado“
en el folleto publicado.
“No solo todos los expertos mundiales, los más
prestigiosos manuales de arte, los más rigurosos historiadores y el uso popular
reconocen la denominación de Mezquita o Mezquita-Catedral sino que el propio
Obispado la ha llamado así en todos sus documentos divulgativos hasta 1998“,
algunos de los cuales ha rescatado de la hemeroteca la propia plataforma para
demostrar que el borrado del nombre del monumento por parte de la Iglesia se
viene realizando desde hace unos años para acá.
A su juicio, “es el Obispado quien debe explicar por
qué quiere desde hace 15 años liquidar la esencia islámica y andalusí de un
monumento universal que ha sido reconocido por la Unesco como símbolo de
concordia y encuentro de culturas y es parte indisoluble de la identidad de
Córdoba y de Andalucía“, aducen mientras critican que el Obispado se mantenga ”en su
actitud incomprensible de llamar al monumento solo Catedral, un término que no
utiliza nadie: ningún medio extranjero, ningún especialista en la materia y ni
siquiera los medios que legitiman su apropiación. Y es precisamente esa actitud
excluyente la que está poniendo en riesgo su declaración como Patrimonio
Mundial por la Unesco“.
Junto a todo eso, la plataforma recuerda que la
conservación del monumento se ha realizado con dinero público y con los fondos
recaudados de las aportaciones de quienes lo visitan “en su inmensa mayoría
para ver la Mezquita y al margen de cualquier interés religioso“.
Y, sobre los
beneficios de esas visitas, recuerdan que el Obispado “no presenta ningún tipo
de cuentas ante la opinión pública. Incluso a requerimientos de los medios de
comunicación se ha negado a facilitarlas. Su gestión económica, por
consiguiente, es absolutamente opaca y contraria a las obligaciones de
transparencia que cualquier ciudadano tiene en un estado de Derecho como el
nuestro“.