Comparezco en esta Cámara a petición propia y lo hago cumpliendo un compromiso que adquirí cuando me presenté a la Investidura como Presidenta de la Junta de Andalucía.
La celebración de este segundo debate responde a un compromiso, y ese compromiso tiene una voluntad clara: aumentar la capacidad de debate de este Parlamento, fortalecer el diálogo e incrementar los mecanismos de rendición de cuentas.
No se me oculta que para algunos lo importante era la fecha de este debate y que hubieran preferido que condicionáramos la misma al calendario de otras instituciones del Estado. Para mí, sin embargo, lo esencial es que este debate se celebre. Y se hace aquí, en Andalucía, dos veces, este debate unido al Debate del Estado de la Comunidad, mientras que en el resto de los parlamentos de España, en el resto de las CCAA solo se celebra uno. Y es así porque fue un compromiso que adquirí en la Investidura, por voluntad propia y sin que nadie lo pidiera.
Subo a esta tribuna, pues, a hablar de Andalucía, de su realidad, de sus retos y sus problemas. Lo hago con voluntad de diálogo y entendimiento. Es lo que necesita Andalucía y, sin duda, lo que han demandado los ciudadanos en las urnas.
Se han cumplido apenas nueve meses desde que el gobierno que presido tomara posesión. Pudo hacerlo tras un acuerdo de investidura entre el Grupo Parlamentario Socialista, ganador de las elecciones de marzo del pasado año, y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Durante más de 80 días, sin embargo, Andalucía no pudo tener un gobierno y estuvimos atrapados en un escenario bochornoso con una maniobra de obstrucción parlamentaria por parte de algunos grupos parlamentarios que ni querían gobernar ni dejar que otros lo hicieran.
Un flaco favor a Andalucía y un mensaje negativo a los ciudadanos sobre el que todos, yo la primera, deberíamos reflexionar.
Desde el primer día en que mi gobierno tomó posesión, hemos tenido muy claras tres prioridades: la primera, combatir la insoportable tasa de desempleo, en segundo lugar, defender el Estado de Bienestar recuperando derechos sociales y, en tercer lugar, trabajar sin descanso no solo para impedir la corrupción sino para alejar cualquier sospecha de la misma.
Creo que en algo podemos estar de acuerdo. La elevada tasa de desempleo que vive nuestra comunidad es la principal preocupación de los andaluces y andaluzas. Muchos viven sin empleo y se levantan todos los días, cada mañana, con el deseo de encontrarlo. Muchos, especialmente jóvenes, han tenido que abandonar nuestro país para buscar una oportunidad. Y muchos más, incluso contando con un empleo, no es suficiente para poder sacar a su familia adelante. Por tanto, se encuentran en una situación extremadamente complicada, yo diría que rayana en la pobreza.
Esta es la realidad, todos debemos reconocerla, y en vez de utilizar el desempleo como arma arrojadiza entre unos y otros, debería ser el principal compromiso que tuviésemos como representantes de los andaluces con nuestros conciudadanos, que en estos momentos necesitan y nos obligan a poner remedio.
El Gobierno andaluz lo está intentando y nos autoexigimos hacer aún más, y pido para eso la colaboración de los grupos de esta Cámara y de todas las instituciones del Estado porque es nuestra obligación luchar por el empleo digno, de calidad y con salarios también dignos.
El reconocimiento de la realidad no es, en modo alguno, incompatible con la confianza que tenemos en nuestras propias posibilidades. La confianza es un activo fundamental, yo diría que imprescindible para afrontar los problemas.
Los datos del paro registrado referidos al mes de febrero que hemos conocido hoy muestran, es verdad, una gran debilidad de nuestro mercado de trabajo.
El desempleo en Andalucía está aún en tasas insoportables. Detrás de cada desempleado hay una persona, una familia, una casa, hay un drama que no les permite respirar. Y en esa carencia de oportunidades de empleo de miles y miles de andaluces está la principal asignatura pendiente que tenemos como Comunidad.
No hemos logrado solucionar este grave problema como tampoco ha sido capaz de arreglarlo el conjunto de España donde, conviene no olvidarlo, persiste un índice de paro que se ha agravado seriamente como consecuencia de estos años de crisis económica.
Pero a la vez de reconocer este problema, también estamos en la obligación de trasladar a la sociedad andaluza nuestra capacidad para superarlo.
En efecto, en un análisis amplio y cabal, que nos permita observar la evolución del empleo en Andalucía, podemos ver que supone un gran estímulo para creer en nuestras propias posibilidades.
Porque las cifras de paro y empleo del año 2015, que son las últimas con las que contamos completas, tienen algunos datos que son concluyentes:
El empleo en Andalucía crece a un ritmo muy superior de la media de España, casi el doble (5,13% andaluz frente al 2,99% español). Andalucía es la que crea más empleo tanto en términos absolutos (137.500 empleos) como relativos (ese citado 5,13%). Uno de cada cuatro nuevos ocupados en España, es andaluz.En cuanto al paro, en Andalucía baja en casi 200.000 personas (exactamente 197.400 parados menos en un año). Hemos reducido la tasa de paro en un 4,4%, frente al 2,81% del conjunto de España. Uno de cada tres parados menos es andaluz.
Dos conclusiones: aunque hemos logrado bajar del 30% de paro, seguimos teniendo un problema muy importante y hay que seguir esforzándose para combatirlo y generar más empleo y que el empleo sea de calidad. Pero estamos en el buen camino por esos dos motivos: porque Andalucía lidera en España la creación de empleo y al mismo tiempo la bajada del paro.
Gracias a ese esfuerzo, la economía andaluza crece en términos interanuales por séptimo trimestre consecutivo al 3,6%, por encima de España del 3,4%. Sendas subidas se dan en un contexto de crecimientos mucho más moderados en las economías de su entorno. La Zona Euro crece un 1,6% y la UE28 un 1,9%. Andalucía, pues, avanza más rápidamente en materia económica que el resto de su entorno.
Estos datos se reflejan igualmente en el dinamismo económico que presenta nuestra comunidad, que es la tercera de España detrás de Cataluña y Madrid en número de empresas (más de 480.000).
En 2015, el crecimiento neto de sociedades mercantiles (casi 13.000) refleja un ritmo de más del doble que en el conjunto España (5% frente al 2,3%). Igualmente, Andalucía presenta un índice de confianza empresarial que supera a la media española.
Igualmente, las exportaciones experimentan un ritmo creciente. Son ya más de 19.000 empresas exportadoras en Andalucía y la tasa de cobertura, esto es, la relación entre exportaciones e importaciones, alcanza el 94,1%, tres puntos por encima de la media de España.
Además, año tras año, Andalucía viene demostrando su compromiso con la consolidación fiscal. Hay que recordar que en el año 2013 no solo cumplimos con el objetivo de déficit establecido, sino que además conseguimos situarlo por debajo de la media del conjunto de las CCAA.
En 2014 volvimos a cumplir con ese objetivo de déficit y volvimos a dejarlo por debajo de la media de las CCAA.
En 2015 Andalucía habría cumplido con el objetivo del 0,7%, concretamente hubiese cerrado el año con un 0,6% de no ser por el recorte preelectoral de 265 millones de euros que el gobierno del Sr. Rajoy ha hecho a Andalucía, y que nos ha llevado al 0,8% que, no obstante, supone por tercer año consecutivo un cumplimiento más que razonable de los objetivos.
Andalucía es, pues, una comunidad cumplidora con los objetivos de déficit y cumplidora también en endeudamiento, a lo que luego haré referencia.
Por tanto, quiero trasladarles una idea fundamental: tanto en términos de creación de empleo y empresas, de reducción del paro y de crecimiento económico, de cumplimiento de déficit, Andalucía realiza una notable aportación al conjunto de España.
Con estos datos en la mano, no me gustaría volver a oír a nadie decir que Andalucía es un lastre para la economía y un lastre para la creación de empleo en nuestro país. Porque no es verdad, al contrario. Y creo que ya es hora de que se reconozca el esfuerzo que están haciendo las empresas andaluzas, el esfuerzo que están haciendo los emprendedores en Andalucía, los autónomos, las pymes y el conjunto de los trabajadores para generar riqueza, para generar oportunidades y para generar empleo en nuestra tierra.
Andalucía aporta también estabilidad económica a España. Fue la primera comunidad autónoma en elaborar y aprobar los presupuestos para 2016 en el conjunto del país, y eso es positivo.
Es positivo, en primer lugar, porque emite a la sociedad y los mercados un mensaje de estabilidad.
En segundo lugar, porque cumple con el mandato que nos dieron los electores en las urnas que era dialogar y llegar a acuerdos que fueran fructíferos para el conjunto de los ciudadanos. El Gobierno hubiera querido que ese acuerdo fuera más amplio, pero lo cierto es que únicamente el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos quisieron cabalmente llegar a un entendimiento. Y querer un acuerdo es la premisa básica para poder alcanzarlo.
En tercer lugar, y no por ello menos importante, porque los presupuestos para 2016 incluyen un potente paquete de medidas dirigidas a la reactivación económica, a la creación de empleo, a la consolidación del Estado de Bienestar y a la recuperación de derechos.
La inversión aumenta un 9,5% en el presupuesto de Andalucía, es el aumento más alto de todas las CCAA y supera los 3.500 millones de euros.
Se destinan 2.037 millones para combatir directamente el desempleo. Más de la mitad de esa cantidad, concretamente 1.141, corresponden a la política de fomento del empleo, que crece un 25,5%.
8 de cada diez euros se destinan a las políticas sociales. La partida de la Consejería de Salud sube un 4,8%; la de Educación, un 4,1, y la de Igualdad y Políticas Sociales, un 4,5%.
En mi discurso de Investidura me comprometí a adoptar un conjunto de iniciativas tendentes a favorecer el empleo y el crecimiento económico. El objetivo es avanzar en un nuevo modelo para nuestra tierra, con una economía más productiva, más innovadora, un modelo que nos permita competir a base de actividades de mayor valor añadido, y eso nos permitiese dar prioridad a la economía real sobre cualquier otro tipo de economía especulativa que tanto disgusto, desigualdad y ruina ha traído en los últimos años.
Favorecer el emprendimiento y convertir en oportunidades de empleo el enorme caudal de creatividad y esfuerzo de los andaluces es una obligación y por ello nos proponemos construir el sistema de apoyo al emprendimiento más ambicioso de Europa. Pieza clave de este sistema va a ser la Ley de Emprendimiento de Andalucía, que me comprometo a enviar a esta Cámara a lo largo del próximo mes de abril.
Favorecer el emprendimiento implica igualmente eliminar barreras de entrada y trabas innecesarias a muchas actividades económicas. Para ello, el Gobierno andaluz ha aprobado las medidas técnicas para la aplicación del trámite simplificado de declaración responsable que sustituirá a las licencias administrativas en 36 procedimientos que afectan a actividades económicas.
De este modo, los proyectos beneficiados podrán ponerse en marcha, como bien dije en la investidura, en menos de tres días, ahorrándose un promedio de en torno a seis meses, y con una rebaja de costes económicos de entre 100 y 140 euros.
En mi Investidura, también me comprometí a establecer líneas preferentes de financiación para los autónomos, tanto a través del sistema bancario, como programas públicos de microcréditos. Pues bien, en el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2016 se consignan 125 millones de euros para ayudas directas a los trabajadores autónomos dirigidas a la contratación, la conciliación familiar y la creación de empresas.
Y actualmente se encuentra en fase de información pública el Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo Horizonte 2020.
En 2016 vamos a abordar el desarrollo de la Ley de Medidas Urgentes para Favorecer la Inserción Laboral, la Estabilidad en el Empleo, el Retorno del Talento y el Fomento del Trabajo Autónomo, que fue aprobada el pasado mes de diciembre, con la que continuamos impulsando acciones dirigidas a paliar la difícil situación económica y social que atraviesan muchas familias, que están haciendo un esfuerzo importante y que estoy convencida van a valorar positivamente esos programas de empleo puestos en marcha en esta legislatura y que tengan, sobre todo, continuidad en el tiempo.
Los diversos programas de empleo contenidos en esta Ley supondrán en este año una inversión de 381,9 millones de euros, que se suman a los 40,4 millones de euros invertidos en 2015, y que se prevé que tengan un impacto global de en torno a 60.000 empleos.
También ha comenzado a cumplirse mi compromiso de movilizar, en el conjunto de la legislatura, 3.000 millones de euros de recursos públicos para promover el empleo. En el Presupuesto de 2016 destinamos 1.141 millones de euros para el fomento del empleo.
Hasta 2015, gracias a medidas tales como los Planes de Choque para el Empleo, los planes de empleo joven, el fomento de la construcción sostenible y las pymes industriales, hemos movilizado en torno a 1.500 millones para promover la creación de empleo en Andalucía.
Estamos dando un notable impulso a los sectores productivos de mayor peso en la economía andaluza. El Plan Estratégico para la Agroindustria Andaluza 2016-2020, va a sentar las bases de las políticas de apoyo a esta actividad clave de la economía regional, y se va a aprobar en el primer semestre de este año. Con 47.000 empleos, 13.900 millones de euros de facturación y más de 8.300 millones de euros en exportaciones, el sector es el segundo de España y el primero por ventas al exterior.
Igualmente, antes de final de marzo se va a presentar al sector un primer proyecto de Ley Integral de Agricultura. Queremos además que el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto en el mes de mayo. Esta ley va a dar un nuevo impulso en la mejora de las estructuras agrarias, en la modernización y redimensionamiento de las explotaciones, en el I+D+i aplicado al sector agrario y en algo que consideramos muy importante, en la incorporación de jóvenes a esta actividad económica.
En lo referente al turismo, los datos de visitantes del pasado año demuestran la vitalidad y el atractivo de nuestra oferta en un mercado que cada día es más exigente y altamente competitivo.
Hace apenas quince días el Consejo de Gobierno aprobó el Plan General de Turismo Sostenible, que define el marco estratégico para consolidar este sector como motor de crecimiento económico, pero también como generador de empleo de calidad. Integrada por ocho líneas de actuación y 30 programas, la nueva estrategia cuenta con un presupuesto de 420 millones de euros, y se va a desarrollar a lo largo de sus cinco años de vigencia. En ese periodo estamos convencidos de que en Andalucía se va a llegar a alcanzar la cifra de 31,5 millones de visitantes al año.
De otro lado, el Presupuesto del presente año incluye una partida destinada específicamente a la renovación de la planta hotelera en Andalucía. Vamos a empezar por las infraestructuras más modestas que son las que necesitan en estos momentos actualizarse con más urgencia. Nuestro compromiso es ir profundizando en las líneas de actuación para ayudar a un sector que consideramos estratégico y que tiene que ser competitivo para mantenerse con fortaleza en el mercado.
En cuanto a otro sector estratégico, el exterior, que en apenas unos años ha duplicado su peso en el PIB andaluz, alcanzando el 19%, el pasado 20 de enero se presentó el Plan de Internacionalización Horizonte 2020, el quinto de una planificación estratégica y el segundo que contempla la internacionalización de la economía en su conjunto, y que cuenta con un presupuesto inicial de 288,6 millones de euros.
Incorporar cada vez más empresas, emprendedores y profesionales de diferentes sectores a la actividad internacional (autónomos, economía social, sector servicios) será su principal estrategia para crear riqueza y empleo, potenciando también a las empresas ya exportadoras para que se conviertan en exportadoras regulares e inversoras, y que generen así un efecto arrastre en nuestra economía.
La energía es otro sector estratégico al que el Gobierno andaluz presta especial atención. La Estrategia Energética de Andalucía 2020, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de octubre, establece las bases de la política de la Junta de Andalucía en ahorro y eficiencia, fomento de las renovables y desarrollo de infraestructuras. El documento plantea, entre otros objetivos, dos que me parecen importantes que destaquemos: aportar con fuentes renovables el 25% del consumo final bruto, y reducir en un 30% las emisiones de CO2 asociadas respecto a los niveles previos a la crisis económica.
El sector de la minería ha experimentado un notable impulso en los últimos tiempos. En la cuenca de Huelva, en Aznalcóllar, en Alquife. El sector va a contar a partir de abril con la nueva Estrategia Minera de Andalucía 2020, una estrategia que viene a fortalecer el apoyo decidido y mantenido en el tiempo que este Gobierno viene prestando al sector de la minería. Un apoyo que ha sido fundamental a la hora de su reactivación y de hacerlo, además, con un modelo de minería completamente diferente al que se desarrollaba el siglo pasado.
Una minería moderna, donde la innovación ha sido un factor clave para la viabilidad y la sostenibilidad de muchas explotaciones. Y una minería responsable, donde además de la rentabilidad económica, ahora prevalecen también cuestiones sociales y medioambientales.
La minería está llamada a ser una importante fuente de empleo en nuestra comunidad. Y lamento profundamente que mientras el Gobierno andaluz se esforzaba en abrir nuevas explotaciones, otros, por interés político, parecían más empeñados en dinamitar estos proyectos y, con ellos, las oportunidades de crear puestos de trabajo en comarcas que lo necesitaban.
Igualmente, estamos impulsando medidas de incentivo para el desarrollo sostenible. Estamos hablando de una inversión total de 230 millones de euros. Los incentivos se articularán a través de tres programas:
Construcción Sostenible (164 millones de euros), que financiará inversiones de ahorro, eficiencia energética, aprovechamiento de energías renovables e infraestructuras en edificios, de uso privado o público, ubicados en Andalucía, que ayuden a la sociedad a mejorar las condiciones en las que usan la energía, sobre todo con especial atención a los colectivos desfavorecidos.PYME Sostenible (36 millones de euros).Redes Inteligentes (30 millones de euros), que tiene que ayudar en un desarrollo equilibrado y energéticamente sostenible de la región.
En cuanto al sector de la vivienda, el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación, que se aprobará a lo largo del presente mes de marzo, cuenta con una inversión de 700 millones de euros hasta 2020 y se prevé que genere más de 15.000 puestos de trabajo, mejorando las condiciones de habitabilidad y, por lo tanto, la dignidad de la vivienda.
Por otra parte, seguimos articulando instrumentos para atender las dificultades de financiación que se están encontrando las empresas y para estimular la inversión privada.
IDEA ha puesto en marcha a mediados de enero la nueva convocatoria de incentivos al desarrollo industrial y la creación de empleo (70 millones de euros). Estará abierta hasta el 31 de mayo de este año. Establece ayudas que van a incentivar la actividad empresarial de pymes y autónomos del sector industrial y servicios a la industria (o para otros sectores siempre y cuando se trate de proyectos altamente generadores de empleo), especialmente cuando se trate de proyectos de innovación vinculados a la especialización productiva, a los espacios de innovación y sobre todo al retorno del talento.
El impulso a los sectores económicos debe ir acompañado de una autoexigencia por parte de la Administración Pública para aumentar la eficiencia de su actuación. Para eso, es fundamental la evaluación de las políticas públicas. Tenemos que evaluar que los programas que se ponen en marcha den los resultados previstos. Y la Junta puede anunciarles que ya ha comenzado la primera evaluación, concretamente con el apoyo al sector de la TIC empresarial.
Una evaluación participativa, que da entrada a las empresas del sector, tecnólogos, científicos y agentes sociales, todo con el fin de promover una visión amplia e integradora sobre las mejores soluciones de apoyo al sector, verificando las tendencias y escenarios más favorecedores del desarrollo empresarial TIC y la creación de empleo de calidad.
Somos plenamente conscientes de la situación, delicada en algunos casos, en que muchas empresas, sobre todo pymes, se encuentran cuando se producen retrasos en los pagos por las Administraciones Públicas. Por ello, mi Gobierno se compromete a presentar antes de finales de abril un decreto de garantías en los tiempos de pago para proteger a sectores prioritarios relacionados con la salud, la educación y los servicios sociales.
No podemos olvidar que la Junta de Andalucía es una de las empresas más grandes de la Comunidad y queremos ser vanguardia en nuestro compromiso social y medioambiental a la hora de contratar. Saben que estamos comprometidos con las cláusulas sociales en la contratación pública y por eso vamos a traer en un espacio breve de tiempo el Decreto de Cláusulas Sociales para regular la contratación pública y proteger fundamentalmente a la economía social, a los autónomos, a los emprendedores y a los que han generado empleo en sectores con una terrible tasa de exclusión social y que han visto una oportunidad en esos yacimientos de empleo.
Estamos cumpliendo a buen ritmo nuestros compromisos en materia fiscal. El Gobierno andaluz no ha dejado pasar la oportunidad de trasladar directamente a los ciudadanos los primeros síntomas de mejoría económica que en 2015 parecen haberse manifestado. Por ello, los andaluces pagarán menos impuestos, por justicia y porque queremos estimular la economía en Andalucía.
Hemos aprobado la rebaja del tramo autonómico del IRPF, que supondrá un ahorro para las familias de rentas medias y trabajadoras de 120 millones de euros. Para ello, hemos optado por una rebaja sin perder progresividad, destinada sobre todo a reducir los impuestos de los contribuyentes de renta media, de los trabajadores, y manteniendo el gravamen de las rentas altas.Hemos abaratado el coste del transporte de personas y mercancías, aprobando la devolución del 100% del tramo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos para el gasóleo profesional. Medida que, sin duda, va a aumentar la competitividad de nuestras empresas y repercutirá en los bolsillos de la ciudadanía.En el área de impuestos, hemos puesto en marcha el grupo de trabajo para analizar y estudiar en profundidad el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, con el objetivo de modernizarlo y adaptarlo a las actuales circunstancias y en especial corregir el denominado “error de salto”.
En lo que se refiere a la lucha contra el fraude fiscal, en 2015 hemos superado los 200 millones de euros de ingresos y esperamos recaudar 400 millones en los dos próximos años.
En este primer trimestre, la Agencia Tributaria de Andalucía elaborará un nuevo Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal dirigido a las formas de fraude más elaboradas y complejas que existen en estos momentos. En febrero fue aprobado el Plan General de Control Tributario para 2016, con actuaciones no solo dirigidas a perseguir y prevenir el fraude sino a facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aumentando además en ese sentido la eficacia de la Administración tributaria andaluza.
Igualmente, en el actual período de sesiones, será sometido a la aprobación de esta Cámara el proyecto de Ley de Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude para que las ayudas públicas se dirijan y las reciban quienes verdaderamente lo necesitan.
Y en este año la Junta de Andalucía va a impulsar su propia Oficina de prevención contra el fraude y la corrupción. Su objetivo será garantizar un control riguroso de los recursos públicos. Se creará con plenas facultades de investigación e inspección, y se ocupará de prevenir, detectar y denunciar malas prácticas.
Si el Gobierno de España, en vez de ofrecer amnistías fiscales a los defraudadores, actuara con la misma competencia que la Junta de Andalucía en los impuestos que gestiona, y que corresponden además al grueso de las figuras e ingresos tributarios, los ingresos del Estado habrían aumentado en más de 6.800 millones de euros, cifra muy superior a la que este año ha podido aflorar el Gobierno de la nación.
Los modelos de financiación autonómica han ido trasladando capacidad normativa estatal en determinados impuestos a las CCAA. Esta mayor autonomía, que en principio pudiera parecer positiva, se ha traducido en una competencia fiscal a la baja que siempre perjudica a las comunidades con menor renta, y socava además el sostenimiento del Estado de Bienestar, los servicios públicos que garantizan la igualdad de oportunidades.
Andalucía tiene que levantar a voz contra la existencia de paraísos fiscales en España. Es necesaria una armonización fiscal en el conjunto de España y recursos suficientes para financiar los servicios públicos fundamentales en igualdad de condiciones para todos los españoles.
No nos equivoquemos: porque por el camino del dumping fiscal, Andalucía siempre saldrá perdiendo.
Al comienzo de mi intervención hice referencia al cumplimiento de Andalucía del objetivo de déficit. Puse de manifiesto cómo nuestra comunidad es cumplidora. Ha sido rigurosa en la gestión del gasto y eso nos ha permitido arrojar unos datos sobre la deuda pública que también son concluyentes:
La Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía es de 30.138 millones de euros. La deuda catalana es más del doble que la andaluza y la de Valencia es superior en 10.124 millones de euros.En términos relativos, la deuda de Andalucía se sitúa en el 21% del PIB, 2,6 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas, que es del 23,6%.La deuda per cápita de Andalucía se sitúa en 3.587 euros, frente a los 5.406 euros de la media de las regiones. Una deuda por habitante que supone, por ejemplo, comparando con otros territorios de España, que Andalucía se encuentra en la mitad de la de comunidades como Cataluña (9.056 euros por habitante), o Valencia (8.045 euros) o incluso de Castilla La Mancha (6.300 euros).
Lamento muy profundamente que el Gobierno de España no haya valorado en estos cuatro años este conjunto de indicadores, que revelan con claridad la notable aportación de Andalucía a la estabilidad económica de nuestro país.
Andalucía cumple con España, aporta a España. Y, sin embargo, el Gobierno de España no está cumpliendo con Andalucía.
El modelo de financiación en vigor desde 2009 ha mantenido e incluso ampliado las diferencias de financiación entre las Comunidades Autónomas. La brecha de recursos entre la mejor y la peor financiada es de un 37%.
Entre 2009 y 2013, los cinco ejercicios liquidados del sistema, Andalucía se ha visto discriminada por la aplicación del sistema al recibir 4.156 millones de euros menos que la media, que es lo que le correspondería según población.
En ese mismo período, Andalucía se ha situado por debajo de la media de financiación por habitante ajustado (2.052 euros/habitante frente a la media española de 2.138 euros).
Por eso he propuesto, y pido el apoyo de toda la Cámara, que esta diferencia en la financiación recibida se compense con la condonación de los préstamos adeudados al Fondo de Liquidez Autonómica.
Paralelamente, el sistemático incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de nuestro Estatuto ha sido un duro golpe para la economía andaluza. Durante estos últimos cuatro años, el Gobierno de España ha acumulado un importante déficit de inversiones reales y muy necesarias en Andalucía, y eso ha tenido también impacto en el empleo de nuestra comunidad.
Y, además, y hay que decirlo así, el Estado se ha quedado con casi 1.900 millones de euros correspondientes a subidas de impuestos que no ha compartido con Andalucía y que debería haberlo hecho.
El Estado en total debe a Andalucía casi 9.000 millones de euros. A una comunidad autónoma que, como decía, ha aportado, ha cumplido con España y que tiene necesidades, algunas de ellas urgentes, como nuestro desempleo.
El Gobierno, además, ha incumplido claramente la ley, tanto la LOFCA como el Estatuto de Autonomía de Andalucía, y el nuevo sistema de financiación debería haberse aprobado, de acuerdo a dichas previsiones legales, hace dos años.
La configuración de un nuevo modelo de financiación o la modificación del actual es una cuestión de enorme trascendencia para Andalucía, tanto en términos de autonomía efectiva como de sostenibilidad de los servicios públicos.
Por tales motivos, desde el Gobierno de Andalucía se considera de máxima prioridad abordar la reforma del actual sistema de financiación a fin de que:
Sea más justo y equitativo, que elimine las incomprensibles diferencias actuales en recursos financieros por habitante entre unos territorios y otros.Garantice la suficiencia de los recursos a disposición de todas las CC.AA.Aumente su transparencia a fin de que sepa bien cómo se financia en cada comunidad el sostenimiento de los servicios públicos, que son nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra dependencia y nuestros servicios sociales.
Yo creo que, sea cual sea el color del próximo Gobierno de España, los andaluces agradecerían un acuerdo unánime de esta Cámara para la defensa de una financiación justa para Andalucía. Me comprometo, una vez que se abra el proceso de negociación, a impulsar que ese consenso sea lo más amplio posible entre todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
He querido comenzar con un repaso a nuestra realidad económica porque soy plenamente consciente de que la redistribución de la riqueza exige que haya recursos que repartir. Lo contrario, es repartir miseria.
Andalucía está realizando un gran esfuerzo en este sentido. La renta indirecta que reciben los ciudadanos a través de la provisión de servicios públicos es muy importante y puede calcularse en una media por familia con cuatro miembros de en torno a 9.300 euros al año.
Como tuve ocasión de señalar en el discurso institucional del pasado 28 de febrero, la apuesta por la equidad no es solo cuestión de justicia social, sino que es también una decisión económica, la más correcta. Porque son las sociedades con mayor equidad y mayor igualdad las que avanzan más rápido y con más fortaleza.
En efecto, unos servicios públicos eficientes suponen un extraordinario factor de competitividad en nuestra economía.
Por eso es importante que defendamos y consolidemos el Estado de Bienestar y que elevemos a categoría de derechos irrenunciables todo un conjunto de servicios y prestaciones.
En estos nueve meses de Legislatura, mi gobierno está demostrando su compromiso con este objetivo.
En primer lugar, estamos culminando un proceso de recuperación de derechos para los trabajadores públicos, un paso imprescindible para mejorar la calidad de los servicios públicos.
En julio de 2015 se firmó con los sindicatos el Acuerdo para la Defensa y Mejora del Empleo Público que, entre otras cosas, ha permitido en este mes de febrero el abono de la parte proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. Además, a partir del 1 de enero de 2016 se ha recuperado el 100% de la jornada y retribuciones del personal funcionario interino y del personal temporal (estatutarios, laborales e indefinidos no fijos). Se fijará un calendario para la recuperación progresiva, a lo largo de la Legislatura, de todos los derechos que se vieron suspendidos como consecuencia de la crisis económica, y que fue una decisión política del anterior Gobierno, para proteger el empleo y para evitar que se produjera el despido a mansalva de empleados públicos y con ello el deterioro de los servicios públicos que prestaban.Como saben, los trabajadores eventuales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han recuperado el 100% de su jornada y retribuciones, cumpliendo con mi compromiso. 14.122 profesionales disponen ya de contrato a tiempo completo.
Las medidas incluidas en la Ley del Presupuesto para 2016 han supuesto un impacto sobre el mismo de 285 millones de euros: 102 millones la subida del 1%, 68 millones la recuperación del 10% de jornada y retribuciones del personal temporal, y 115 millones el pago del 25% de la paga extra de diciembre de 2012. A ello hay que sumar los 18 millones de euros que conlleva la recuperación de los días adicionales de asuntos particulares.
Porque, además, puedo anunciarles que en 15 días el Consejo de Gobierno aprobará otra medida más en la senda de recuperación de los derechos de los empleados públicos. Los funcionarios recuperarán así los días adicionales de permiso por asuntos particulares: dos más al cumplir el sexto trienio, y otro más por cada trienio a partir del octavo. Una medida enmarcada en el compromiso del Gobierno andaluz de que progresivamente se vayan recuperando todos los derechos congelados con motivo de la crisis.
La política de defensa de los servicios públicos desplegada por la Junta de Andalucía está teniendo un impacto directo en los mismos. Sin ánimo de ser exhaustiva, en lo que se refiere a la Educación, este curso se han ofertado 3.000 nuevas plazas de educación infantil 0-3 años, para cumplir el compromiso de 12.000 a lo largo de la legislatura.
En el curso 2015/2016 la plantilla de profesorado de centros públicos no universitarios se ha incrementado en 359 plazas.
En 2015 se celebraron las oposiciones a los cuerpos de maestros de Infantil y Primaria e Inspectores de Educación (1.054 plazas); y en este año, 2016, se celebrarán las oposiciones de secundaria y enseñanzas de régimen general (2.327 plazas).
Fortalecemos la educación pública porque creemos en la garantía de acceso de todos los niños y niñas a una educación pública de calidad.
Para este curso escolar 2015-2016, hemos ampliado la red de centros bilingües con 55 nuevos centros y 9 plurilingües, lo que hará un total de 1.211 centros sostenidos con fondos públicos.
Andalucía es la primera comunidad autónoma que ha aprobado ayudas a universitarios para la acreditación de competencias idiomáticas de nivel B1 o superior. Ya lo hicimos el curso pasado y este año hemos facilitado el acceso a dichas becas a un mayor número de alumnos.
Andalucía es también la única comunidad donde se puede fraccionar el pago de la matrícula universitaria en ocho plazos, e incluso en aquellas familias que tienen una situación de dificultad económica, puede llegar a fraccionarse en diez plazos.
En cuanto al Servicio Andaluz de Salud, el Consejo de Gobierno va a aprobar próximamente el Decreto que regulará una nueva Oferta de Empleo Público para 2016.
El total de plazas en turno libre que se ofertarán será de 2.502, que junto a las 889 previstas de promoción interna, suman 3.389 nuevas plazas para profesionales sanitarios y de gestión y servicios que adquirirán fijeza en el SAS.
En conjunto, se trata de la mayor oferta de empleo público de España: 7.100 plazas, 5.500 de libre acceso.
Esta oferta es coherente con el importante impulso que el Gobierno está realizando a las infraestructuras sanitarias. Y permítanme que en esto me detenga, porque sé que es una preocupación de muchos andaluces y una reivindicación de muchos territorios y comarcas de nuestra tierra.
A lo largo de 2016 se abrirán los centros de salud La Milagrosa y Jerez Sur, en Jerez, Cádiz.
Del mismo modo, está en marcha desde principios de febrero el centro de salud de Puente Genil (Córdoba), y el centro de salud de San Roque (Cádiz) está próximo a abrir sus puertas.
A lo largo de este año, abrirán sus puertas, además, los centros de salud de Íllora y Benalúa (Granada), Escacena del Campo y Cumbres Mayores (Huelva), Expansión Norte y Bailén (Jaén), Vera (Almería) y Coria del Río (Sevilla).
Dentro de unos días, concretamente el día 15, se abren consultas de especialidades (Medicina Interna, Digestivo, Cardiología, Neumología, Obstetricia y Rehabilitación) en el Hospital de Alta Resolución de Lebrija.
Las urgencias de Loja y Alcalá la Real entrarán en servicio en el mes de abril.
Los Centros de Alta Resolución de Cártama y La Línea están pendientes de finalización de las obras por parte de los respectivos Ayuntamientos. En el primer caso se prevé que se culminen en un plazo de cuatro meses y en el de La Línea, en octubre. Inmediatamente después, ambos hospitales entrarán en funcionamiento.
El Hospital de Écija abrirá sus puertas en la primera semana de abril.
El Hospital de Ronda abrirá sus puertas este mismo verano.
Los servicios de urgencia del hospital de San Carlos (Cádiz), en un plazo no superior a los cuatro meses; y la Unidad de Oncología Radioterápica del Hospital de Jerez de la Frontera, en un plazo de 8 meses, porque es nuestro compromiso.
Continuamos ampliando y mejorando la cartera de servicios en la sanidad pública andaluza. En este mismo mes se establecerá un plazo máximo no superior a 90 días naturales para las intervenciones de cirugía cardiaca, reduciendo a la mitad el plazo máximo de respuesta que tienen previsto actualmente.
Estamos avanzando en el cribado del cáncer de colon. Por otro lado, vamos a establecer en este mismo año un plazo máximo de garantías de atención para todas las mujeres que necesiten acceder a las técnicas de reproducción humana asistida.
Hemos impulsado el nuevo Consejo Genético Oncológico para el cáncer de mama, que actualmente se ofrece ya en 13 hospitales de la región. Y hemos ampliado a una treintena de enfermedades hereditarias las técnicas de Diagnóstico Genético Preimplantatorio, y estamos incorporando un conjunto de tratamientos biológicos con células madre en indicaciones en las que se ha demostrado su eficacia, para tratar complicaciones de la diabetes, de los trasplantes de médula ósea o problemas cardiacos.
Cuando los afectados por la hepatitis reclamaban el mejor tratamiento en España, la primera comunidad autónoma que dio un paso adelante fue Andalucía. Porque no quería que esos enfermos se quedaran sin tratamiento y sin esperanza. Desde el 1 de enero de 2015 hasta el 1 de febrero de 2016, han iniciado tratamiento para la hepatitis C en la sanidad pública andaluza un total de 6.818 pacientes.
Son solo unos ejemplos de los avances en excelencia y calidad de nuestra sanidad pública.
Pero quizás lo más importante es garantizar esa sanidad pública en nuestra tierra, blindarla. En este trimestre va a entrar en esta Cámara una norma pionera, de referencia en el conjunto de España y consensuada con el sector, que va a eliminar mentiras que durante estos cuatro años de crisis económica habíamos oído todos: que el sistema público de salud no era sostenible. Esa norma será la que garantice la sanidad pública universal en Andalucía, su sostenibilidad: la Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Blindará en el futuro nuestra sanidad pública ante cualquier tipo de ataque o agresión.
Quiero decirlo con claridad: mientras en otros sitios se ha intentado desmantelar la sanidad pública, en Andalucía la ampliamos, reforzamos y blindamos. Con más centros hospitalarios, más servicios y más profesionales. Eso no tiene parangón en ninguna otra Comunidad Autónoma.
En Andalucía hacemos un gran esfuerzo para que nadie quede atrás, para que ninguna persona deje de tener una vida digna, sea cual sea su situación. En el Presupuesto de la Junta de Andalucía la partida correspondiente a la financiación del Sistema de Dependencia sube un 2,5%. Desde que este Gobierno tomó posesión, 30.870 nuevos dependientes han comenzado a recibir su prestación y otros 10.000 nuevos dependientes moderados van a incorporarse de inmediato al sistema.
Se está finalizando el Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia para su próxima aprobación por el Consejo de Gobierno. El plan reforzará la atención al colectivo con la incorporación de nuevos instrumentos como servicios específicos para las personas reconocidas con Grado I.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios Sociales, norma pionera en España que convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia.
A lo largo de 2016 el Gobierno remitirá al Parlamento una Ley que desarrolle los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la que las “viviendas para la autonomía personal” (tuteladas o compartidas) serán una de las propuestas para favorecer dicha autonomía.
Puedo anunciarles igualmente que hoy mismo se ha publicado en el BOJA la orden que regula la concesión de ayudas públicas a distintos colectivos. Más de 42 millones de euros para ONGs y corporaciones locales que trabajan para y con distintos colectivos vulnerables (ancianos, personas con discapacidad, minorías étnicas, drogodependientes, zonas de atención preferente, entre otras).
Nuestras políticas sociales no serían posibles sin contar con el trabajo compartido con las entidades sociales.
Quiero agradecerles su trabajo, pero también sus esfuerzos en momentos de especiales dificultades con la crisis económica y los recortes del Estado. Siempre hemos estado de su lado y continuaremos estándolo porque desarrollan una función imprescindible para quienes más lo necesitan.
Este gobierno impulsa y amplia derechos de todos los ciudadanos.
Como saben, desde el Gobierno andaluz mantenemos un compromiso firme con la consecución de la igualdad de género. Y nuestras políticas de igualdad se implementan de manera transversal porque buscamos continuamente la sociedad libre e igualitaria que merecemos.
Recientemente aprobamos en el Consejo de Gobierno el II Plan de Igualdad de Género en Educación. Esta nueva estrategia refuerza las medidas orientadas a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y a erradicar también discriminaciones por identidad y orientación sexual, nuevos modelos de familia o formas de convivencia. Y para eso es fundamental una educación en valores y prevenir muchas de esas prácticas en edades tempranas. Ese es el objetivo de ese Plan de Igualdad de Género en educación.
Por otro lado, la reforma de la Ley andaluza de Igualdad se halla en trámite. Esta reforma es fruto de un intenso trabajo pero sobre todo de un gran consenso.
Una Ley que garantizará la perspectiva de género en todas las políticas y que introduce importantes medidas en materia de empleo, como la elaboración de un plan autonómico para luchar contra la brecha salarial; la creación del Registro Andaluz de Planes de Igualdad de las Empresas y la habilitación a la autoridad laboral de la Junta de Andalucía para perseguir y sancionar cláusulas discriminatorias. En el sector público, las principales reformas se dirigen a reforzar la presencia de la mujer en cuerpos, niveles y categorías de puestos en los que su representación es baja.
Y del mismo modo, se está llevando a cabo dentro del Consejo Andaluz de Participación de la Mujer (CAPM), el debate de ese Pacto Andaluz de lucha contra la violencia de género, que vamos a arrancar desde Andalucía y aspiramos a que se mantenga en el conjunto de España.
Cuando haya una propuesta por parte del CAPM, lo traeremos a esta Cámara para buscar el apoyo, el consenso de todos los grupos parlamentarios y buscaremos también el de las instituciones (diputaciones, ayuntamientos y Gobierno de la nación). Frente a esa vergüenza, a esa lacra, a ese horror, las mujeres, sus hijos y sus hijas, merecen que no escatimemos ni un solo recurso y ni un solo esfuerzo. Y ahí tenderé la mano al conjunto de la Cámara.
Por otra parte, hemos remitido a ésta la Ley de Protección de los derechos de los consumidores en la contratación de préstamos hipotecarios, para defender a la ciudadanía de las prácticas abusivas y estamos desarrollando un Sistema Andaluz de Información, Asesoramiento y Mediación para supuestos de desahucios, sobreendeudamiento o litigios por la existencia de cláusulas suelo.
El Consejo de Gobierno aprobará a lo largo de este periodo de sesiones el Proyecto de Ley de Retracto en desahucio de viviendas en Andalucía, que permitirá al Gobierno andaluz el ejercicio del derecho de compra preferente de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria garantizando que los ciudadanos puedan permanecer en sus hogares.
Ayer mismo, tuve la oportunidad de firmar con el presidente del CGPJ y con el de la FAMP un convenio que permitirá que los servicios sociales autonómicos y municipales tengan acceso rápido a información sobre la ciudadanía más vulnerable frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios y puedan buscar una solución al respecto. Así, cuando el juez detecte situaciones de riesgo, lo comunicará a los servicios sociales, pudiendo incluso suspender el lanzamiento, de conformidad con las leyes procesales. Es un paso importante que habían reivindicado los profesionales, los ciudadanos y el conjunto de las instituciones.
Ante un drama social como representa un desahucio para una familia, el Gobierno andaluz actúa con sensibilidad y solidaridad, y también con el rigor legal sin el cual, la ayuda a estas familias no resultaría eficaz. Ante un drama como éste, el Gobierno busca soluciones y allá aquellos que busquen otro tipo de titulares o fotografías.
El compromiso medioambiental es una exigencia ética y de solidaridad con las generaciones futuras.
En el terreno de la sostenibilidad, avanzamos en todos los terrenos, con una conciencia avanzada y progresista de los retos que se le plantean al planeta. Por eso, en el presente período de sesiones, el Consejo de Gobierno va a remitir a este Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático de Andalucía, la norma más avanzada de España con la que nuestra comunidad se dotará de un marco jurídico para la lucha contra un fenómeno global.
Hace solo unos días, hemos acordado con el Gobierno de la nación asumir a medias el coste de la demolición de esa vergüenza urbanística y medioambiental que durante años está siendo el hotel en la playa del Algarrobico. Pero antes de la declaración judicial del Tribunal Supremo, me escucharon decir en esta Cámara decir que no podemos olvidar a los vecinos y vecinas de esa comarca.
Lo planteé en ese momento y ahora con más motivo, después del respaldo judicial. Es fundamental la colaboración de todas las instituciones –y la Junta de Andalucía lo va a impulsar- para dar oportunidades de crecimiento económico y creación de empleo sostenible a quienes viven en una zona extraordinaria. En ese Plan de inversiones para la comarca del Levante, para Carboneras, espero contar con el apoyo de las instituciones y los grupos parlamentarios.
En el ámbito de la cultura, hemos aprobado el anteproyecto de Ley del Cine en Andalucía, que dotará por primera vez de un marco jurídico a la producción cinematográfica y audiovisual en la comunidad. El texto inicial, elaborado con la participación y el consenso del sector, tiene como principal objetivo fortalecer y respaldar una actividad que genera más de 7.000 empleos y cuenta con más de 1.500 empresas.
Asimismo, hemos iniciado la tramitación de la ley del Sector Audiovisual y el proyecto de Ley de Memoria democrática está solo pendiente de su aprobación por esta Cámara.
España vive, sin duda, unos momentos de gran incertidumbre.
Creo que hay tres factores políticos que explican esa incertidumbre: qué va a pasar con el Gobierno de España, qué va a pasar con España como proyecto nacional y si vamos entre todos a ser capaces o no de acabar con la corrupción que está socavando, y socavando gravemente, los cimientos de nuestro sistema democrático.
Ayer mismo, a esta misma hora, el candidato a la Presidencia del Gobierno propuesto por su majestad el Rey, Pedro Sánchez, desgranó ante las Cortes generales su programa de gobierno, que respalda el Grupo Socialista y el de Ciudadanos.
Hoy o en los próximos días, conoceremos a ciencia cierta si España logra un gobierno estable, o si por el contrario debe afrontar un nuevo período de interinidad que obligue a la celebración anticipada de elecciones generales.
Evidentemente, no vamos a resolver aquí esa cuestión. Pero como presidenta de la Junta de Andalucía puedo y debo decir que nuestra tierra, que es donde viven más españoles, no puede permitirse aplazar indefinidamente el contar con un Gobierno que, por serlo de España, también lo es de Andalucía.
Hay muchos aspectos que afectan seriamente a nuestra comunidad y que dependen esencialmente del Gobierno de España. Por citar solo uno, el nuevo modelo de financiación autonómica, que ya lleva un retraso de dos años, que, como he señalado anteriormente, es fundamental para la prestación de servicios públicos de todas las comunidades, incluida la nuestra.
España necesita acuerdos, necesita consensos. La gente ha reclamado en las urnas diálogo y espera legítimamente, soluciones a muchos y graves problemas. En Andalucía hemos demostrado que, sin maximalismos, sin rencores, y anteponiendo por encima de todo los intereses de la gente, esos acuerdos son posibles. Unos acuerdos sin los que, tengámoslo claro, la sociedad no avanzará.
Cuanto antes tomemos plena conciencia de ello, cuanto antes abandonemos posiciones de enroque, mejor nos irá a todos. La mera idea de que una y otra vez devolvamos el problema a los ciudadanos porque somos incapaces los políticos de interpretar el mensaje de las urnas es, en sí misma, profundamente desalentadora y genera una gran inestabilidad tanto política como económica.
Igualmente desalentadores son los continuos escándalos relacionados con la corrupción. Soy de la opinión de que para combatir la corrupción lo fundamental, lo primero, es querer combatirla, caiga quien caiga.
Creo, sinceramente, en la honestidad de la inmensa mayoría de los responsables públicos, incluidos los que en esta Cámara representan distintas opciones políticas.
Debemos tomar conciencia de que, en la batalla contra la corrupción, nos jugamos, nada más y nada menos, que nuestro ser como democracia y nuestra convivencia.
Hablaré claro: ante la corrupción debemos dejar la doble moral a un lado al tratar los distintos casos según creamos que nos afectan o le afectan al adversario político. No puede ser que quienes se escandalizan, con razón, que en el caso de los ERE se haya jugado con el dinero de los parados, miren sin embargo para otro lado cuando nos enteramos lo que, presuntamente, se hacía con un desfalco de 1.000 millones de euros que deberían haberse destinado a escuelas públicas o a los hospitales en otras comunidades de España.
Acabemos con la ley del embudo, pongámonos todos los políticos honestos de un mismo lado, o correremos el riesgo de que los ciudadanos nos sitúen a todos del lado de los corruptos. Sería una injusticia, pero a la vez sería una ruina para la democracia, porque los ciudadanos no confiarían en sus instituciones y se alegrarían aquellos que no creen en la democracia ni en las mismas.
Sinceramente, creo que en Andalucía hemos dado los pasos necesarios para garantizar la limpieza de la vida pública. Y los nuevos pasos que haya que dar, también los daremos, no lo duden.
El Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía se encuentra a pleno rendimiento, poniendo a disposición de la población toda la información relativa a la Administración pública andaluza, con el objetivo de abrir puertas y ventanas a los ciudadanos y que éstos conozcan hasta el último céntimo de cómo se gestionan sus recursos.
Hemos aprobado los estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía y elegido por un muy amplio consenso a la máxima autoridad independiente de la comunidad autónoma en esta materia en esta Cámara.
Hemos publicado las declaraciones del IRPF de la Presidenta de la Junta de Andalucía, y de los consejeros y consejeras del Ejecutivo. De igual forma, se pueden consultar en la página web de la Junta de Andalucía los datos fiscales relativos a las parejas de los integrantes del Ejecutivo autonómico.
No es excesiva esta absoluta transparencia. Al contrario, es imprescindible porque la gente está cansada de mentiras y triquiñuelas para esconder la verdad.
No quiero concluir esta intervención sobre la situación general de Andalucía sin hacer una referencia a las incertidumbres que se ciernen sobre el proyecto nacional de España y, más concretamente, sobre el papel de Andalucía en la misma.
Con motivo del 28 de Febrero hemos tenido ocasión todos de pronunciarnos profusamente en el debate sobre el modelo territorial.
Quiero ir al grano: todo lo que no sea garantizar la unidad de España, es malo. Malo para los españoles y malo para los andaluces.
Todo lo que no sea preservar el principio de igualdad de todos los españoles, es malo para los españoles y malo, muy malo, para Andalucía.
Algunos parecen defender que este debate es la ocasión propicia para que Andalucía obtenga ventajas comparativas con respecto a otras comunidades y resumen este propósito en una sola frase: “Andalucía, como la que más”.
No, señorías, no. Se llame como se llame, autonomía a dos velocidades, federalismo asimétrico, comunidades y naciones, derecho a decidir, introducir la desigualdad como principio ordenador de nuestro modelo territorial es malo para España, pero es malo, muy malo para Andalucía.
Aceptar esos principios, incluso con la excusa de obtener algún beneficio, no es más que dar coartada a los que nada quieren saber de España y, menos aún, de Andalucía.
Necesito ser muy clara en esto porque también es una cuestión en la que nos jugamos mucho. Siempre que ha habido españoles de primera y españoles de segunda, españoles con derecho a decidir, según qué cosas, y españoles con el único derecho a mirar y callar, a los andaluces siempre nos ha tocado ser de los de segunda.
Andalucía rompió con ese estado de cosas el 28 de Febrero. Y fue una gran aportación de Andalucía a la convivencia en España: abrimos, en la calle y en las urnas, una puerta por la que han transitado después el resto de comunidades autónomas.
Así fue y así debe seguir siendo porque los andaluces, siempre, y en toda ocasión, nos hemos comprometido con el proyecto nacional de España, que no se entendería sin lo que significa y representa Andalucía.
Y esto nada tiene que ver con una pulsión centralista o recentralizadora. Al contrario, Andalucía está a la vanguardia de España en autogobierno, lo defendemos con uñas y dientes, y debemos profundizar en él.
Pero la mejor garantía para nuestro autogobierno es que se enmarque dentro de un proyecto nacional coherente, solidario y a la vez respetuoso con la diversidad, que es una enorme riqueza de la nación española.
No esperen de mí como presidenta complacencia alguna con delirios nacionalistas, que están en las antípodas de cualquier ideología solidaria e igualitaria y que, por su propia naturaleza, lo que produce es exclusión y, en consecuencia, confrontación. Lo estamos viendo en toda Europa, en donde los nacionalismos se han convertido en un factor que amenaza a la propia Unión y, desgraciadamente, también a España.
Que nadie dude de que Andalucía hará oír su voz, como ha hecho siempre y, en lo que de mí dependa, buscaré que esa voz vaya respaldada por el más amplio consenso político, social e institucional. Que yo misma buscaré y facilitaré en esta Cámara.
Con esta intervención he abierto el debate que vamos a celebrar hoy sobre la situación general de Andalucía. Tienen todos ustedes, como la tienen todos los andaluces y andaluzas, mi mano tendida para trabajar por esta tierra, por y para los andaluces.
Muchas gracias.