Las comunidades energéticas no llegan a cuajar en Andalucía, por debajo de la media nacional en ventajas fiscales

De los 128 proyectos de comunidades energéticas que han conseguido subvenciones en las cuatro convocatorias del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), solo 19 están en Andalucía, que tiene muy por delante a Catalunya y Euskadi, con más del doble. Y, según el primer informe de indicadores del Observatorio de Comunidades Energéticas, de las 353 experiencias en España solo 20 figuran en Andalucía, lo que la convierte en la séptima comunidad autónoma, por detrás de nuevo de Euskadi (90), Catalunya (52), Comunidad Valenciana (35), Navarra (31), Castilla y León (26) y Aragón (23). Tampoco en la convocatoria de subvenciones para oficinas de transformación comunitaria, con 79 concedidas para la promoción y dinamización de comunidades energéticas, Andalucía figuró entre las primeras. Se llevó siete proyectos, por detrás de Catalunya, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

¿Por qué no terminan de despuntar en Andalucía estas fórmulas de participación ciudadana en el sistema energético pese a sus privilegiadas condiciones para las energías solar y eólica? Estamos hablando de ciudadanos que, a través de la figura de la cooperativa o la asociación, toman el control de la producción, almacenamiento, consumo, e incluso comercialización de la energía, y logran importantes reducciones en su factura de la luz. No es simple autoconsumo, como cuando un ciudadano o incluso un bloque de pisos instala unas placas solares en la terraza, sino que van más allá y son entidades con personalidad jurídica propia llamadas a jugar un papel fundamental en la transición energética.

Las quejas

Una de las quejas está en las trabas administrativas, y otra en la falta de incentivos y ventajas fiscales. Desde la Asociación Andaluza de Comunidades Energéticas, su presidente Pedro Fuentes apunta: “Nuestra experiencia es que los trámites más farragosos no son los municipales. Se solucionan normalmente con declaraciones responsables de los técnicos. Los mayores retos administrativos están en la Consejería de Industria, Energía y Minas, y con las distribuidoras”.

En este sentido, “con la Junta de Andalucía en instalaciones que requieran autorización de construcción y explotación, al igual que con las ambientales, nunca se cumplen los plazos”, expone Fuentes. Señala que permisos que se deberían responder en seis meses llegan a tardar más de 18, y este plazo es el que se tiene para tramitar, ejecutar y poner en marcha las instalaciones si se quiere optar a subvenciones.

En cuanto a las distribuidoras, explica que estas entidades “son su competencia porque les quitan cuota de mercado e ingresos”. No lo tienen fácil: “Nos lo están poniendo muy difícil y no hay una normativa que les obligue a cumplir. Nuestra única herramienta es poner una reclamación ante la Junta de Andalucía, y ya he comentado cómo funciona”. Por ello, la asociación que preside “nace con el objetivo de ofrecer toda la ayuda necesaria para impulsar la creación de nuevas comunidades energéticas y apoyar a las que ya existen”, con divulgación, formación, poniendo en contacto a todos los agentes implicados.

Incentivos estatales y autonómicos

En cuanto a las bonificaciones y subvenciones, aunque no son indispensables para que una instalación puesta en marcha por una comunidad energética resulte rentable, sirven de efecto llamada y de estímulo para emprender estos proyectos. Entre los incentivos estatales, están los citados en el primer párrafo de la IDAE, pendiente de nueva convocatoria. En cuanto a los autonómicos, la Agencia Andaluza de la Energía cerró el 31 de diciembre de 2023 la última convocatoria, dirigida a la realización de instalaciones de autoconsumo eólicas o fotovoltaicas. Desde del Gobierno de la Junta insisten en que Andalucía es la comunidad autónoma que mayor respaldo ofrece. Las subvenciones sobre el precio de la instalación, explican, llegan a un 90% del total en función del perfil.

“Las ayudas, tanto para comunidades energéticas como para autoconsumo colectivo, tienen el principal problema del retraso en el cobro. No podemos pretender, por ejemplo, que unos particulares realicen una inversión de miles de euros y que no cobren las ayudas hasta dentro de dos o tres años con suerte”, apunta Pedro Fuentes en relación a este tema.

Más heterogéneo es el escalón de las administraciones municipales, que a su vez resultan claves como motores del cambio debido a su proximidad a la ciudadanía, y a que actúan como consumidores de energía, proveedores de servicios, propietarios de activos y, por supuesto, como promotores de normativas para facilitar el desarrollo de las comunidades energéticas. Y en este caso, Andalucía está por debajo de la media nacional en ventajas fiscales, con la excepción de Córdoba, que despunta en España.

Ventajas fiscales en el IAE, IBI e ICIO

Las bonificaciones en impuestos para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en municipios de más de 10.000 habitantes son aplicadas en 2024 en distinto grado, según revela un reciente informe de Fundación Renovables. El caso del Ayuntamiento de Córdoba es también paradigmático porque figura entre los que ofrecen las mayores bonificaciones en el IBI (impuesto de bienes inmuebles). En un ranking de 20, publicado también por la Fundación Renovables, ocupa la sexta posición, seguida por otros dos municipios andaluces: Priego de Córdoba y Andújar (Jaén). Los tres extienden sus bonificaciones del IBI a 10 años. Es la única provincia en Andalucía, junto con Sevilla (ligeramente), por encima de la media nacional en municipios de más de 10.000 vecinos que subvencionan parte del IBI a estas infraestructuras (65%). De hecho, Andalucía en conjunto se encuentra 20 puntos por debajo, con un 45%. Se calcula que las deducciones en el IBI pueden rozar los 600 euros por año en Andalucía.

El 80% de la población española reside en alguno de los 771 municipios de más de 10.000 habitantes (155 andaluces), que a su vez acogen a más del 95% de las empresas, por lo que es una muestra significativa. Desde dicha fundación, que en su informe incluye también el IAE (impuesto de actividades económicas) y el ICIO (impuesto de construcciones, instalaciones y obras), destacan que “a nivel municipal existe una base de soporte interesante, aunque muy heterogénea”.

Han elegido esos tres tributos porque impactan directamente en las instalaciones de este tipo y se centran en las fotovoltaicas porque son las más comunes entre las comunidades energéticas. “Se deben impulsar políticas y acciones que aseguren el avance del autoconsumo y por tanto el cambio de modelo energético con una reforma de la fiscalidad donde de una vez por todas se deje de subvencionar a los combustibles fósiles en detrimento de las energías renovables”, apunta Raquel Paule, directora de la fundación.

El ICIO, donde el porcentaje de municipios que lo bonifican roza también el 65%, los andaluces también se quedan por debajo, con menos del 40%. Eso sí, con tres de cada cuatro localidades con bonificaciones, Córdoba sigue a la cabeza en Andalucía, mientras que en España se sitúa en la primera mitad de la tabla. La bonificación puede llegar a un 95%, y se calcula un ahorro de 250 euros.

Incentivos en el Impuesto de Actividades Económicas

Finalmente, el IAE es el menos bonificado de los tres: por debajo del 30% de los municipios españoles de más de 10.000 habitantes lo contempla, e incluso hay una decena de provincias sin ningún caso. Frente a ellas, tres con un 100% de bonificados (Ávila, Segovia y Soria), aunque sólo sus capitales entran en la muestra. En este caso, es Granada, y no Córdoba, la provincia de Andalucía con mayor porcentaje de administraciones locales que prevén esta reducción para la fotovoltaica (casi el 40%). Le sigue Córdoba, y luego Jaén, las tres por encima de la media nacional. Se pueden ahorrar más de 1.800 euros por año, y las deducciones también van entre el 10% y el 50%.

Más allá de los números, otra realidad, y es la imposición de tasas que no deberían ser obligatorias para las comunidades energéticas, como, por ejemplo, la de residuos urbanos. El único desecho que generan es el embalaje del equipamiento que requieran, y es cierto que la tasa a veces se les devuelve, pero resulta “irracional” cobrarla, a juicio de la asociación de comunidades. No es la única que piden que se retire. Desde la Asociación Andaluza de Comunidades Energéticas, Pedro Fuentes apunta otra: “Deberían eliminar las tasas de licencias de obra para este tipo de instalaciones. Se debe priorizar el hecho de que es un bien social y que se está aportando desarrollo a nivel local”. Es más, recalca que no es sólo ahorrar en la factura de la luz: “Una comunidad energética es un instrumento ideal para el avance de la llamada smart city en municipios medianos y pequeños (puesta en servicio de farolas led, electrolineras, puntos de recarga de smartphones…)”.

Proyectos referencia

Paradójicamente, Andalucía cuenta con algunos de los proyectos que han sido más reconocidos, incluso internacionalmente, como referentes entre las comunidades energéticas. Entre ellos, destacan tres: Alumbra, en Arroyomolinos de León, Huelva; Torreblanca Ilumina, en Sevilla; y Rural Bridge, en Córdoba.

En este último caso son un grupo de emprendedores volcados en proyectos relacionados con el medioambiente, el desarrollo rural, la economía circular y la innovación. Han impulsado la creación de 17 comunidades energéticas basadas en una hibridación de tecnologías renovables en la comarca de Los Pedroches.

María José Caballero Gómez, su gerente, explica que el pasado 30 de junio acabó su tutorización para la puesta en marcha de estas comunidades energéticas, y confía en que sigan adelante los proyectos. “Ha sido con una subvención de la Diputación de Córdoba, cuya ejecución acaba de terminar. Nos hemos encargado de crear un grupo motor, que es fundamental para estos proyectos, y de la formación y asesoramiento de los participantes”, comenta. Confiesa que “es complicado, sobre todo en los municipios pequeños, que la gente entienda los beneficios de este tipo de proyectos”, pero confía en que sigan teniendo impulso para liderar la tan renombrada transición energética.