La Junta de Andalucía ampliará las plazas a estabilizar mediante convocatoria extraordinaria con el fin de convertir en funcionarios a algunos de los más de 1.000 interinos que en estos días están siendo cesados tras haber encadenado contratos con la administración durante años. La convocatoria de esas plazas deberá producirse antes del 30 de julio de 2023 y haberse resuelto antes de que termine 2024. El objetivo es hacer hueco a gran parte de estas personas, la mayoría mujeres y/o con más de 50 años, con malas perspectivas de encaje en el mercado laboral. Para eso, será necesario modificar la ley.
El ajuste legal es el requisito indispensable para explorar una solución, cuyo alcance todavía no se sabe. Falta por concretar el número de plazas que podrán sacarse mediante este mecanismo, lo que hace que algunos interinos se teman que se trata más de un parche que de una solución suficiente.
En todo caso, la propuesta cuenta con el respaldo de la mayoría sindical (CSIF, ISA y CCOO), que este lunes se ha reunido con Natalia Márquez, directora general de Recursos Humanos y Función Pública, mientras decenas de estos interinos se manifestaban a la puerta. Del acuerdo se ha desmarcado UGT, mientras que SAF ha manifestado reiteradamente su oposición a cualquier proceso que suponga la incorporación de nuevos funcionarios sin oposición.
¿Cuántas plazas?
No se sabe aún cuántas plazas saldrían a concurso ni el calendario, que deberá concretarse en la próxima reunión de la mesa sectorial. Serán el 100% de las vacantes que tengan dotación, según el acuerdo. Teniendo en cuenta que de las 1.049 ya hay 578 en procesos de estabilización actualmente abiertos, los sindicatos confían en que podrán ofertarse plazas suficientes para todos los interinos que cumplan los requisitos de haber ocupado la suya desde antes de 2016.
Sin embargo, hay interinos que no lo ven tan claro, que esperaban una propuesta más concreta y que lamentan la falta de información. También, que el acuerdo está sujeto a demasiados condicionantes. El principal, la necesidad de que la vacante tenga dotación presupuestaria, lo que limitaría la oferta. Calculan que podrán acogerse unas 150 plazas de administrativo (que este martes salen por bolsa prioritaria) y, quizás, el equivalente de auxiliares. A esto habría que sumar las 578 actualmente en proceso, que sin embargo, y a diferencia de otros procesos de estabilización, están abiertas también a interinos de otras administraciones.
“No puede quedarse tanta gente fuera. Lo que pedimos es que saquen todas las plazas [1079]. Podría hacerse, si pidieran una dotación extraordinaria al Estado, pero la Junta no lo hará porque sería reconocer su error”, opina M.V., una interina con tres décadas en la administración recientemente cesada. Entre los interinos hay “desconcierto” por no saber, tras tanto tiempo, si esta estabilización de última hora va a servir para resolver la situación de unos pocos o de todos ellos.
En el plano político, la propuesta tiene los visos de salir adelante, porque el PP disfruta de una holgada mayoría absoluta para modificar la norma. El resto de grupos lleva semanas abogando por dar una solución a los 1.049 interinos que estos días están siendo cesados. El PSOE pidió en una PNL evitar el cese de estas personas y Juan Espadas les recibió minutos antes de una comparecencia del consejero José Antonio Nieto.
100% de las vacantes estructurales ocupadas antes de 2016
En el acuerdo entre Función Públicas y los sindicatos, al que este medio ha tenido acceso, se establece que se ofertarán el 100% de las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas por interinos a fecha 30 de diciembre de 2021 y al menos desde antes de 2016, aunque ya hubiese sido ofertada en el pasado, con dos condiciones: que tengan dotación presupuestaria y que ello no suponga un incremento de personal.
Son las condiciones que establece la Ley 20/2021, con la que el Gobierno central puso las bases para la estabilización del numerosísimo personal interino en todas las administraciones españolas, pero que la Junta de Andalucía no ha aplicado hasta ahora a su personal de la administración general.
La segunda pata del acuerdo es promover una enmienda de la Ley de Función Pública, que en estos momentos se tramita ante el Parlamento Andaluz, para que prevea una convocatoria extraordinaria de las características referidas más arriba, con el doble límite temporal inexcusable derivado de la ley estatal: convocatoria anterior al 30 de julio de 2023 y resolución antes del 31 de diciembre de 2024.
Las plazas saldrían por concurso, lo que facilitaría que acabasen en manos de los interinos que las han ocupado encadenando contratos durante años, en algún caso décadas. Esta práctica constituye un abuso de temporalidad y un fraude de ley y abuso de temporalidad, y ha sido duramente censurada por la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, ha sido práctica común en todas las administraciones españolas durante décadas.
Los procesos de estabilización iniciados tras la aprobación de la Ley 20/2021 han permitido que decenas de miles de trabajadores de todas las administraciones (entes locales, comunidades autónomas, universidades e, incluso, el SAS y Educación en Andalucía) estabilizaran su plaza mediante concurso de méritos después de años encadenando interinidades.
No ha sido así en la administración de la Junta de Andalucía, porque la Consejería de Presidencia (entonces liderada por Elías Bendodo) realizó las convocatorias de estabilización antes de la entrada en vigor de la Ley estatal. El resultado es que sacó las plazas sin dar a los interinos las mismas facilidades que en las convocatorias de otras administraciones. Es decir, por con concurso-oposición, y no por concurso puro. Esto provocó que otros candidatos ganaran la plaza, y que los interinos que la han venido ocupando durante décadas hayan ido cesando. 800 de ellos, el pasado 3 de mayo. Ellos denuncian un agravio comparativo y la paradoja de que se hayan estabilizado plazas sin estabilizar a los trabajadores.
“No transgrede la normativa básica estatal”
Esta es una patata caliente difícil de resolver por los requisitos y los plazos de la norma estatal, cuyo plazo de aplicación ya pasó, a priori. En las últimas semanas, la Junta de Andalucía ha buscado la complicidad del Gobierno central, lo que le permitía también desviar el foco de su responsabilidad. El consejero José Antonio Nieto, con el aval de CCOO, ISA y CSIF, preguntó por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el margen jurídico con el que contaba. Se encontró con una respuesta en la que la ministra le reprochaba que la Junta de Andalucía no hubiera hecho los deberes a tiempo, y le aconsejaba consultar a sus propios servicios jurídicos.
A pesar de ello, Nieto (que comparecerá este miércoles ante el Parlamento Andaluz) parece dispuesto a explorar esta posibilidad, modificando la Ley de Función Pública andaluza, cuya aprobación definitiva está prevista para finales de mes. Esgrime una respuesta de la Directora General de Función Pública del Ministerio de Hacienda a la Comunidad Valenciana, manifestando que aún se podían publicar convocatorias y terminar procesos selectivos.
Con este antecedente, la Junta considera que sacar plazas a estabilización al amparo de la Ley 20/2021, aunque sea a estas alturas, “no transgrede la normativa básica estatal”, aunque no se puede descartar que sean los tribunales quienes acaben dirimiendo la cuestión.