Presión desde todos los frentes para que la Junta de Andalucía avale la refinanciación de Abengoa

No es solo que salvar a una empresa con dinero público está muy lejos de los preceptos liberales de un Gobierno formado por PP y Ciudadanos, sino que los antecedentes en la Junta de Andalucía en estas políticas, y el uso que la derecha ha hecho de los mismos como artillería contra sus predecesores, alejan cada vez más las posibilidades de que reconsidere su postura y participe en el rescate de Abengoa.

Gonzalo Urquijo, presidente de Abengoa, declara en una entrevista publicada este lunes por El País que sería “lamentable” que la empresa cayera por 20 millones de euros, los del aval que esperan de la administración autonómica y que el Gobierno de Andalucía ha dicho ya en varias ocasiones que no está en condiciones de otorgar. Las últimas palabras de Elías Bendodo, consejero de Presidencia, parecen definitivas: “Nuestra participación no puede ser decisiva, por ser una cantidad ínfima en el total de la operación [más de 500 millones de euros]”. Pero la multinacional cree que todavía hay margen para que recule en los días que quedan hasta que se cumpla el último plazo dado para cerrar la refinanciación: 15 de octubre.

El presidente de Abengoa usa, además, los mismos argumentos que ha empleado el principal partido de la oposición, el PSOE, contra el Gobierno de Andalucía a la hora de afrontar el futuro de la que ha sido una de las empresas más potentes de la comunidad autónoma, porque esta resistencia no casa con la línea de políticas verdes que ha prometido el presidente, Juan Manuel Moreno, asumiendo incluso competencias en energías renovables, precisamente el centro de la actividad de Abengoa.

Cree que incluso el contexto de crisis juega a favor de una operación de este tipo y por eso no han faltado alusiones a los 11 millones de euros de los fondos COVID que se han destinado a la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), y hay quien lo ha vinculado con la resistencia hacia Abengoa, y los “1.500 empleos en juego”, obviando claro que el ente público tiene otros tantos. “No hay 20 millones de euros para Abengoa y sí 11 para seguir con la manipulación en Canal Sur”, ha repetido este miércoles en una entrevista en RNE la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz.

Cuestión de imagen

Pero, efectivamente, la participación de la Junta de Andalucía como avalista puede no ser decisiva en cuanto a su importe, pero sí en la imagen que pueda proyectar en sus acreedores, es decir, es un termómetro sobre el riesgo de la operación. El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, argumentaba hace unos días que necesitarían “seguridad jurídica y garantía de viabilidad”, evidenciando que no ve ninguna de las dos cosas. “Hay un proceso judicializado por la denuncia de los minoritarios y mientras el juez no levante la suspensión y se pronuncie sobre las peticiones de los minoritarios, disponemos de algo más de margen”, declaró la pasada semana. Pero esa suspensión se levantó poco después, y el mismo día en que Elías Bendodo descartaba definitivamente el aval para el que sería el tercer rescate en menos de cinco años y con una deuda cercana a los 4.000 millones de euros.

Insiste el también consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior en que la Junta de Andalucía “no tiene mecanismo legal de financiación de grandes empresas y Abengoa lo sabe”, pero se están buscando “fórmulas” para colaborar en la medida de sus “posibilidades”, lo que no deja de ser una expresión cortés de que esto es lo que hay. El ejecutivo se parapeta en la responsabilidad en su gestión: “En otros tiempos se concedieron subvenciones directas a las empresas y ustedes saben perfectamente lo que ha seguido”. No es del todo cierto que la Junta de Andalucía -ni siquiera este Consejo de Gobierno- no suelte dinero para grandes empresas. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo aprobó 13,24 millones de euros en incentivos para Kimitec.

Pero lo cierto es que pese a la entrada del Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 250 millones de euros en el nuevo rescate, que parecía despejar la participación también de la Junta de Andalucía forzada por el paso adelante del Gobierno de España, de momento “no hay nada nuevo”, según confirman desde la Consejería de Hacienda y Financiación Europea a 10 días del ultimátum. Es el mensaje hoy, pero hace un par de meses, el presidente de la ingeniería aseguraba tener un “compromiso verbal” de San Telmo. Pero, efectivamente, nada por escrito.

Desde la plantilla a los accionistas minoritarios

Esa presión viene de Gonzalo Urquijo, pero también de la banca que se ha unido en la operación (liderada por BBVA, Bankia, Bankinter, Caixabank, Santander) y del PSOE, que lo aprovecha para convertirlo en arma contra el ejecutivo. Es más, preguntará por ello este jueves en el pleno del Parlamento de Andalucía. Pero no solo: un día después hay convocada una huelga a la que están llamados los en torno a 1.100 trabajadores de la central de Abengoa en Palmas Altas por los impagos de las nóminas, una movilización poco habitual en una empresa que siempre se ha caracterizado por la poca iniciativa de los sindicatos.

De hecho, los pequeños accionistas, agrupados mayoritariamente en la plataforma Abengoa Shares, sostienen que “la actual dirección de Abengoa pretende responsabilizar a la Junta de Andalucía de un conflicto laboral del que son los únicos responsables”, y ven la mano de la dirección detrás de esta convocatoria del sindicato UGT, con el objetivo de presionar más a las administraciones. “El impago de las nóminas es responsabilidad única y exclusivamente de Gonzalo Urquijo”, sostienen, a la vez que insisten en creer en la viabilidad de la compañía.

UGT a su vez, y tras conocer el rechazo de los juzgados a esas medidas cautelares que pedían los accionistas minoritarios, reprocha a la Junta de Andalucía su “falta de compromiso”, porque “es la única pata por cerrar”, y con su negativa “puede hacer peligrar la continuidad de la compañía y con ello la pérdida de muchos empleos directos e indirectos de Sevilla y Andalucía”.

Precisamente, la ya comprometida compra de las instalaciones de Palmas Altas a Abengoa por parte de la Junta, y el traslado de la empresa a instalaciones de alquiler más baratas y acordes con la merma de su plantilla y de un proyecto que se ideó para tiempos mejores, pretende aliviar las cuentas de la multinacional. Costará a las arcas públicas 78 millones de euros para instalar la Ciudad de la Justicia de Sevilla en una ubicación cuya idoneidad ha sido cuestionada para el traslado de los servicios por los problemas de accesibilidad.

Desde Isofotón a Cárnicas Molina: precedentes que pesan mucho

Sin duda lo que más pesa sobre el Gobierno de la Junta es el cúmulo de causas en los juzgados relacionadas con este tipo de operaciones. Sin ir más lejos hay en la Audiencia de Sevilla un caso “Avales” en el que se investigan a cuatro exaltos cargos del PSOE por incentivos de la Junta de Andalucía a 18 empresas por un total de 75 millones de euros. En este caso, se trata de ayudas a través de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Desde la misma subrayan que su papel “se ciñe al impulso de pequeñas y medianas empresas a través de incentivos” y evitan valorar cualquier responsabilidad en la decisión sobre Abengoa. Fuentes de la Agencia agregan también que IDEA no ha avalado a ninguna gran empresa “esta legislatura”.

Pero es cierto que la ristra de experiencias bajo sospecha tras incursiones de lo público en lo privado forma parte de la literatura mediática en la comunidad autónoma. Sin ir más lejos, estas semanas está de actualidad la investigación de los préstamos, incentivos a fondo perdido y avales a la malagueña Isofotón, una fotovoltaica a la que le llegaron más de 80 millones de euros que no evitaron el despido de sus 700 trabajadores. Pero hay más que se pueden recordar: Delphi, Santana, Cárnicas Molina...

La falta de mecanismos legales a la que aluden PP y Ciudadanos, y que desde Vox comparten, “a la vista del riesgo por las experiencias pasadas”, es interpretada por los socialistas como “ausencia de voluntad”. Recuerdan por ejemplo el caso de Hitemasa, “donde hubo unanimidad en el Parlamento de Andalucía”. En realidad fue un caso muy distinto, en el que se necesitó aprobar una ley (apoyada por PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos e IU) en 2016 para que cobraran los casi 200 trabajadores que quedaron en la calle y sin indemnización con el cierre de la textil malagueña.