La aventura de acudir a un banco para miles de personas en la Huelva rural

Conseguir que vivir en un pueblo pequeño no suponga carecer de servicios básicos como contar con una oficina bancaria es uno de los objetivos de la Diputación de Huelva en los trabajos paralelos asociados al Reto Demográfico.

Eso, basándose en la situación concreta de la demografía en una provincia donde se concentran grandes municipios en la costa occidental y puntos dispersos de la provincia, con diferencias en la población entre el pueblo con más habitantes, Lepe (27.340) y Cumbres de Enmedio (54). A ello se une que la provincia cuenta con 60 de 79 municipio con población inferior a 5.000 habitantes, sobre los que se ha realizado el diagnóstico de su “situación bancaria”.

Refleja el estudio que en estos municipios operan sobre todo Caja Rural y La Caixa, con presencia testimonial del Banco de Santander y Unicaja. Algunas cifras son llamativas igualmente: hay 15 pueblos donde solo hay un operador (La Caixa), y cinco con solo una oficina de Caja Rural.

Una isla sin servicio alguno

Lo peor para nueve pueblos en concreto es que no tienen ni cajero automático ni oficina de banco alguno. Son Castaño del Robledo, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Linares de la Sierra, Los Marines, La Nava, Puerto Moral y Valdelarco. Todos están localizados en la sierra, en la zona norte de la provincia. Más al suroeste, le pasa lo mismo a La Granada de Riotinto.

Caso aparte para Campofrío, que no dispone de cajero automático, pero sí de una oficina que funciona de lunes a viernes. Sin oficina, están 15 pueblos: Cañaveral de León, Castaño del Robledo, Cortelazor, Cumbres de Enmedio, Fuenteheridos, Hinojales, Linares de la Sierra, Los Marines, La Nava, Puerto Moral, Santa Ana la Real, Valdelarco, La Granada de Riotinto y Santa Bárbara de Casa.

Otra cosa es cómo funciona el servicio allá donde existe, porque se han tramitado quejas por el mal funcionamiento del único cajero que existe en Berrocal e Hinojales (Caja Rural), o Cala y Galaroza aunque cuentan con otro cajero de La Caixa.

Medidas propuestas

Por encima de la apertura de nuevas oficinas o ampliar la red de cajeros, las patronales bancarias CECA y AEB presentaron el 9 de febrero pasado un paquete de medidas a nivel nacional, de cara a municipios de la “España vaciada”, que contemplan ideas como ‘Cash in shop’, para que se pueda sacar dinero en efectivo o realizar operaciones bancarias básicas en tiendas, gasolineras, bares, etc que suplan la falta de oficinas bancarias o cajeros automáticos; la ampliación de los autobuses que operan como oficinas bancarias o la ampliación de la Red de Agentes en zonas rurales. En el caso de la provincia de Huelva solo operan los del Banco de Santander.

Se quiere, además, potenciar acuerdos con Correos, similar al que tiene con el Banco Santander, para atender a la España Rural a través de sus oficinas; o la creación de departamentos que hagan un seguimiento de las necesidades de colectivos digitalmente desfavorecidos.

Santander y Abanca además se comprometen a mantener abiertas indefinidamente las oficinas en los 134 municipios donde es la única entidad con actividad y ampliación de horario en ventanilla para mayores de 65 años. En Huelva, no hay ningún pueblo que cumpla con esta premisa.

Trato desigual

La Diputación lamenta que la situación no favorece la cohesión territorial ni la de toda la ciudadanía en general, con un problema generado por las entidades financieras, “que no tratan a sus clientes por igual, y excluyen a buena parte de ellos, sobre todo a los mayores y a los que viven en los municipios más pequeños o menos rentables”.

En Huelva, en los pueblos más vulnerables, no solo por la pérdida de población sino por la tasa de envejecimiento que mantienen, se da una doble discriminación y exclusión, por lo que se pide sobre todo a La Caixa y la Caja Rural, que se comprometan a mantener abiertas indefinidamente las oficinas y los cajeros en los municipios donde son la única entidad.

También se pide que los cajeros que están obsoletos sean reemplazados, como en Berrocal, donde las averías son constantes, y los vecinos tienen que desplazarse más de 30 kilómetros para tener dinero en efectivo. Algo parecido pasa en Galaroza, con un cajero obsoleto que obliga a los vecinos a ir a Jabugo o Aracena más veces de las que quisieran.

Desde la Diputación a través de la Agencia Provincial Tributaria, se está estudiando la ubicación de cajeros, y se rechaza que haya que hacer inversiones públicas para ello, “porque se nos quita a los municipios de otras necesidades, y en este caso para dárselo a la banca”. Concretamente, piden 16.000 euros al año por cajero más el mantenimiento y la seguridad.

La presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, recuerda que, desde el comienzo de su mandato, una de las líneas estratégicas de la Diputación de Huelva a la que mayores esfuerzos se está destinando es el Reto Demográfico, “que es trabajar por la cohesión territorial y la justicia social”. 

“Cuando hablamos de infraestructuras -ha señalado- siempre pensamos en las grandes: aeropuertos, alta velocidad, grandes obras… Pero, ¿qué pasa con esas otras infraestructuras más pequeñas, menos visibles, pero igual de importantes o más para la vida de quienes han decidido vivir en el entorno rural?”, explica.

La retirada de cajeros y sucursales, recuerda, provoca “una brecha generacional y territorial que se está produciendo, y esto no es competencia ni de los ayuntamientos ni de las diputaciones pero que al final debemos asumir”.  

Conseguir que vivir en un pueblo pequeño no suponga carecer de servicios básicos como contar con una oficina bancaria es uno de los objetivos de la Diputación de Huelva en los trabajos paralelos asociados al Reto Demográfico.

Eso, basándose en la situación concreta de la demografía en una provincia donde se concentran grandes municipios en la costa occidental y puntos dispersos de la provincia, con diferencias en la población entre el pueblo con más habitantes, Lepe (27.340) y Cumbres de Enmedio (54). A ello se une que la provincia cuenta con 60 de 79 municipio con población inferior a 5.000 habitantes, sobre los que se ha realizado el diagnóstico de su “situación bancaria”.