El 'efecto Daniel Blake' amenaza con alejar del ingreso mínimo vital a las personas más necesitadas, según los gerentes de servicios sociales

Daniel Blake, de 59 años, era el personaje principal de la película del mismo nombre dirigida por el británico Ken Loach en 2016. “Soy carpintero, no he estado ni cerca de un ordenador”, lamentaba ante los obstáculos burocráticos e informáticos que se encontraba a su edad por el camino para poder acceder a una ayuda estatal y a un empleo. A la espera de que se firmen convenios con las corporaciones locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la tramitación del ingreso mínimo vital aprobado por el Congreso el pasado 10 de junio, algunas voces creen que la solicitud digital de la nueva prestación está dejando fuera de la misma precisamente a las personas que más la puedan necesitar.

Este próximo viernes 26 de junio ya cobrarán el ingreso mínimo vital los primeros hogares de España, aquellos a los que el Ministerio de Inclusión ha reconocido la prestación de oficio. En total, unas 255.000 familias. En apenas cuatro días (15-18 de junio), unos 212.000 hogares habían solicitado vía web la nueva prestación en España, según anunció el ministro, José Luis Escrivá.

Pese a esos datos de inicio, según Manuel Fuentes, miembro de la directiva de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, muchas personas que en estos primeros tiempos quieren pedir la ayuda se encuentran con la dificultad de que el acceso por el momento es solamente a través de internet. “Nos abrieron la lata de la página web pero eso no es suficiente”, dice. En Andalucía, desde la puesta en marcha de la Renta Mínima de Inserción, también hubo voces que criticaron la excesiva burocracia para acceder a ella, “una carrera de obstáculos humillante”, según Félix Talego, profesor de Antropología Política en la Universidad de Sevilla.

A juicio de Fuentes, hay personas “absolutamente normalizadas digitalmente que lo pueden hacer con preferencia y prioridad, pero habrá otros sin certificado digital y sin conocimientos suficientes que tendrán que esperar a que los servicios públicos les ayuden con la tramitación”. “Es una contradicción en sí misma porque es una renta pensada para las capas más pobres pero no se han tenido en cuenta los dispositivos de ayuda para esas personas”, explica a este periódico.

Solicitud multicanal

La semana pasada desde la FEMP también se llamaba a la firma pronta de los convenios, a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con los ayuntamientos y diputaciones de cara a que las corporaciones locales participen en la gestión del ingreso mínimo vital, algo que prevé el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno el 29 de mayo. “Pero los convenios nos han llegado todavía”, lamenta Fuentes. Desde el Ministerio están “pendientes” de que la FEMP lo apruebe “para firmar”, sugiriendo que “seguramente” podría ser esta misma semana “pero eso depende de la FEMP”, señalan fuentes del departamento dirigido por Escrivá.

La solicitud para acceder al ingreso mínimo vital, en cualquier caso, será multicanal. De momento, se puede presentar a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario. Durante tres meses, eso sí, los efectos económicos de la ayuda será retroactivos desde el día 1 de junio de 2020 siempre que, en esa fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. Para facilitar información a los posibles beneficiarios, el Ministerio puso en marcha el teléfono 900202222 y un simulador en la web donde también se pueden consultar dudas a través del asistente virtual.

El representante de los gerentes de servicios sociales también apunta, en cualquier caso, que “hace falta personal para que las corporaciones locales podamos actuar proactivamente con personas que ya tienen ayudas públicas”, previendo que puedan “reventar” los servicios sociales locales si no se cuenta con dispositivos y oficinas de información establecidos al efecto. Fuentes apunta que las oficinas que tiene el INSS “son mínimas, centradas principalmente en las capitales”, si bien desde el Ministerio aclaran que “físicamente en el INSS no hay aún atención presencial en ninguna parte”. El acceso al ingreso mínimo también se prevé en los centros de atención e información de la Seguridad Social.

Aparte de la dotación económica (una renta mínima de 461,5 euros al mes hasta un máximo de 1.015 euros mensuales), el ingreso mínimo vital también establece apoyos para la inclusión social y para la incorporación laboral, que “se han dejado para un desarrollo reglamentario posterior” pese a que “son cuestiones también muy importantes”, señala Fuentes. Un problema añadido para los ayuntamientos, según Fuentes, es el “incremento de la intervención social” que recaerá sobre estos, a sumar a la generada propiamente por la crisis del coronavirus, con más de 217.000 hogares andaluces a los que puede llegar en principio el ingreso mínimo.

Compatibilidades

En virtud del convenio con cada corporación local, esta también subsanará en cada expediente cuestiones relativas a la documentación complementaria, etc. que “suelen producirse” en este tipo de trámites, explica Fuentes. “El problema ahora mismo es que la capacidad tecnológica de los usuarios que van a hacer uso de estas ayudas es realmente limitada. Si todavía no tenemos una red potente a través de los ayuntamientos, quien obtenga mayoritariamente la ayuda no va a pertenecer al perfil de personas para la que estaba preferentemente contemplada”, reflexiona Fuentes.

Otro problema que se suma es el “desconocimiento” de si la petición del ingreso mínimo vital compensa respecto a otras ayudas, como por ejemplo la Renta Mínima Social de Andalucía o el subsidio agrario. Pese a su compatibilidad, “no se sabe qué sale mejor porque no está claro aún”, señala Fuentes, que valora que, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, el ingreso mínimo se conceda con efectos retroactivos al 1 de junio, esperando que en este tiempo “los convenios estén firmados y se regularice toda la situación”. En todo caso, hace unas fechas, la Junta amagó con suspender su renta de inserción social por el nuevo ingreso mínimo aunque reculó en 24 horas aludiendo a que es necesario un cambio normativo para su “armonización”.

El impacto económico anual en Andalucía sería de 767 millones de euros procedente de esta nueva ayuda, que multiplica por mucho la inversión que supone la Renta Mínima autonómica (122 millones en 2018, contando que hubo una dotación excepcional), según los datos aportados por Fuentes. “No podemos negar que es un salto cualitativo”, indica, mostrando una “valoración positiva” del nuevo derecho social aunque tendrá que mejorar durante su desarrollo reglamentario.

Superávit municipal

Por otro lado, el Real Decreto-ley establece que la cooperación económica de los entes locales con el ingreso mínimo vital será sufragada por los propios ayuntamientos con su propio superávit, “algo así como yo te invito a café pero tú pagas” según Fuentes, con el límite máximo del 5% de los gastos de personal del año anterior en servicios sociales y haber cumplido con la regla de gasto.

“Es kafkiano”, opina Fuentes, acerca de las “condiciones para el autofinanciamiento”, que será de 70 millones de euros en toda España por parte de las corporaciones locales, es decir, un 2,3% respecto a la inversión total de 3.000 millones“. ”En Andalucía, los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes y las ocho diputaciones provinciales deberán sufragar en su conjunto con 19,1 millones como gastos de gestión para tramitar el ingreso mínimo“, detalla Fuentes.

En ese sentido, el presidente de la FEMP, Abel Caballero, dijo hace unos días que iba a proponer a la Junta de Gobierno la elaboración de una enmienda para que se reconozca expresamente en la futura ley del ingreso mínimo vital que su gestión representa un coste para las entidades locales que se involucren en esta actividad y que ese coste tiene que ser satisfecho.