¡Qué fácil y qué miserables es legislar contra los pobres!

En estos últimos días hemos podido tener acceso a diferentes informes que, de una manera u otra, confirman la realidad social alarmante que estamos viviendo desde que comenzó la crisis-estafa en 2007. La EPA del tercer trimestre nos presenta una situación aterradora con un 35,25% de paro (casi doce puntos por encima de la media estatal, 23,67%). El informe 'Los niños de la recesión: el impacto de la crisis económica en el bienestar infantil en los países ricos', que ha presentado Unicef, desvela que los ingresos medios de los hogares formados por familias con menores se hundieron en España a niveles de hace 10 años.

El informe de OXFAM 'Iguales: acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas' nos alerta de la creciente desigualdad, de unas sociedades duales donde unas pocas personas lo tienen casi todo frente a una mayoría que no tiene casi nada. El 'Informe sobre exclusión y desarrollo social en Andalucía', de la Fundación Foessa, dice que el 25% de la población andaluza, 2,1 millones de personas, viven en situación de exclusión social (697.000 hogares) y que para más de un millón de esas personas la situación es de exclusión severa (334.000 hogares). Andalucía, continúa el informe, tiene una tasa de pobreza y exclusión del 38,3%, siendo la segunda más alta del Estado. El 46,4% de los hogares tienen dificultad o mucha dificultad para llegar a fin de mes, 10 puntos más que la media estatal (36,7%).

Estos informes, que reflejan de una forma clara y convergente la situación de emergencia social que estamos viviendo en Andalucía, coinciden en el tiempo con la entrada en vigor de la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Municipales, en Sevilla, y la Ordenanza de Higiene Urbana de Córdoba, cuyo Ayuntamiento está a punto de aprobar.

Estas ordenanzas dedican, sin ninguna necesidad, un espacio y unas sanciones dirigidas a las personas que intentan sobrevivir y buscarse la vida de la misma manera que llevan haciéndolo desde hace años: rebuscando entre lo que una parte de la población consideró, a su modo de ver, que ya no era válido y lo abandonó o tiró a la basura.

Con estos desperdicios las personas excluidas intentan salir adelante y alimentar, en la medida de lo posible, a su gente. Esto muestra claramente una sociedad fragmentada, una sociedad en la que las respuestas de estas administraciones no pasan por ir a las causas por las que la gente se ve abocada a rebuscar en los contenedores, que no son otras que las expuestas en los informes antes mencionados y que son una clara violación del artículo 25.1 de la D.U. de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, la alimentación, la vivienda, los servicios sociales necesarios, los seguros en caso de desempleo…”.

Sus respuestas, y estas han indignado una vez más a las personas de bien, han sido estigmatizar y criminalizar a quienes son víctimas de un sistema económico y político que produce desigualdad y pobreza. Multas para las personas pobres, “a ver si se enteran de una vez que no está bonito rebuscar comida, chatarra, etc.”. Multas de hasta 750 euros en el caso de Sevilla (y similares en el borrador del Ayuntamiento de Córdoba).

A veces, los responsables políticos, como así ha pasado en las dos ciudades mencionadas, reculan un poco al comprobar que la estigmatización y la criminalización de las personas que se ven obligadas a vivir al margen de la sociedad indigna, una vez más, a mucha gente. En ese recular aparece la batería de propuestas absurdas y de cara a la galería: “trabajos sociales en vez de multas para los indigentes que rebusquen comida en la basura”, “modificación en la ordenanza que la haga más acorde y entendible”, “modificaciones para que la ordenanza recoja la posibilidad de que quien extraiga basura de los contenedores por problemática social elija entre pagar la multa de hasta 750 euros o recibir atención social”.

Pero la realidad es que las personas excluidas nunca deberían aparecer en una ordenanza municipal de limpieza para sancionarlas, sino que deberían aparecer en planes de inclusión, en medidas urgentes para paliar esta situación que están viviendo tantas personas. El informe de Foessa dice “es primordial ofrecer atención de urgencia a los 334.000 hogares (1,1 millones de personas) que están en situación de exclusión severa”. Las causas de la exclusión tienen que ver principalmente con el desempleo y la prolongación de esta situación en el tiempo, así como la falta de alternativas para estas personas.

A esto hay que sumarle la dificultad de acceso a la vivienda. Ahí es donde tienen que poner todo el esfuerzo las administraciones, en mostrar a las personas, de forma real, que no están en desamparo, que las personas que se encargan de la gestión de lo público están preocupadas y ocupadas en esta tarea, promoviendo políticas inclusivas que garanticen soluciones concretas a las distintas necesidades que produce este sistema desigual. Sin embargo, la realidad es que no existe una inversión que guarde proporción con la situación de emergencia social. Los servicios sociales públicos están desbordados y no dan respuesta, ni de lejos, a las demandas reales.

Es absurdo que para acabar con la rebusca en los contenedores se recurra a la sanción o el blindaje de los mismos, bastaría con que todas las personas, todas, tuvieran garantizados los derechos básicos. En este sentido la Renta Básica Universal garantizaría unas condiciones de vida mínimas para todas las personas. Es la hora de políticas nuevas y valientes que pongan los cimientos para acabar con la desigualdad extrema y que apuesten por una sociedad más justa. Se dirá que no se puede, pero sabemos que sí se puede, pero no quieren. ¡Qué fácil y qué miserable es legislar contra pobres!