El escándalo de iDental, clínicas que se presentaban publicitariamente como “dentistas con corazón”, abarca ya a más de 240.000 personas repartidas por todo el Estado con necesidades urgentes de tratamiento, con procedimientos cobrados y no concluidos, con secuelas graves, y –para aquellos que no las sufren ya- con la incertidumbre de quién se responsabilizará de su atención cuando aparezcan los previsibles problemas generados por la evidente mala praxis en la ejecución de los trabajos.
Hace unos días un juzgado de Asturias condenó a iDental y al odontólogo interviniente a indemnizar a una paciente en casi 25.000 € por los daños irreparables acarreados. También la policía allanó 23 clínicas de la compañía, recuperando los expedientes de pacientes allí encontrados, necesarios para la práctica judicial y su posterior atención médica, depositándolos para su clasificación y custodia en hospitales públicos, que estarán disponibles para los afectados a partir del mes de octubre.
Los engaños, haciendo alusión a supuestas subvenciones estatales y una política comercial agresiva ofertando descuentos y financiando las operaciones con créditos bancarios (los bancos, ¡cuando no!) consiguieron un elevado éxito entre nuestras vecinas menos pudientes, que creían haber encontrado un tratamiento barato y accesible.
Dada la envergadura de la presunta estafa, la Audiencia Nacional, a través del juez De la Mata, decidió recientemente asumir la investigación de lo sucedido.
A posteriori, cuando ya habían transcurrido largos meses y después de que se ignoraran miles de denuncias presentadas ante distintos estamentos del Estado nacional y regional, en Andalucía la Junta reacciona... expedientando al inspector que, con varios meses de antelación, venía solicitado el cierre preventivo de algunas de esas clínicas.
Para entonces, el ex alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, ya había abandonado el cargo de Subdirector de Inspección de los Servicios Sanitarios de la Junta, días después de que el escándalo -por la pasividad y abandono con que las administraciones competentes sometieron a los afectados, estimados en 62.000 en Andalucía- estallase de lleno y cobrara relieve público.
Saltan de inmediato las preguntas: ¿Pura coincidencia o huída de la quema inminente? Expedientando al inspector en Andalucía, ¿se busca un cabeza de turco con el que aventar las responsabilidades inherentes a las más altas autoridades sanitarias?
Ante todo este despropósito, sólo cabe exigir justicia y reparación para los miles de afectados de iDental, investigación de los hechos y actuación rigurosa de la justicia con los culpables. También es urgente la paralización de los pagos a financieras y la devolución de lo cobrado indebidamente. Por último, demandamos la cobertura universal de los tratamientos bucodentales por parte de la sanidad pública.
No estamos ante un caso aislado, sino una dinámica extendida en el sector, sustentado en un modelo de negocio basado en franquicias. Se aprovechan así, sin miramientos, del hueco abierto por las débiles prestaciones públicas en la salud dental -parcial y desigual según en el territorio del Estado en el que nos encontremos- y en el dejar hacer de las áreas de Salud y Consumo de las propias administraciones públicas.
NOTA: Los afectados de iDental, después de meses y a veces años de peregrinaje por bancos, oficinas de consumo, Salud Pública, etc., denunciando sus problemas -mala praxis, irregular prestación de los servicios, utilización de material experimental, falta de atención adecuada, tratamientos interrumpidos o sin empezar, devolución del dinero pagado directamente o previamente a través de una financiera, cancelación de las deudas- y dado el olvido al que habían sido condenados por las Administraciones Públicas, han constituido asociaciones para la defensa de sus derechos, que se concentran y manifiestan habitualmente en sus ciudades, reclamándolos. Como ejemplo, en Sevilla existe desde el pasado mes de junio ASAI (Asociación Sevillana de Afectados de iDental) que se reúne habitualmente en APDHA, en nuestra sede de Sevilla en la calle Blanco White.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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