La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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La pasada semana tuvo lugar en La Valeta (Malta) una cumbre euroafricana que reunió a representantes de la UE, de sus Estados miembro y de países africanos para tratar la “gestión” de los flujos migratorios que desde África se dirigen a suelo europeo. Este encuentro fue precedido por el anuncio por parte de la Unión de que va a habilitar un fondo de cooperación al desarrollo de 1.800 millones de euros (que podría llegar hasta 3.600) destinado a nuestros vecinos del continente situado al Sur del Mediterráneo.
Esta aparente buena noticia queda correctamente contextualizada cuando nos asomamos a las conclusiones de la citada cumbre: tras unas alusiones genéricas a la atención a las causas de los movimientos migratorios involuntarios o a la protección de las personas migrantes y refugiadas, las concreciones prácticas se concentran en la “lucha” contra la inmigración irregular y en facilitar las expulsiones/devoluciones desde Europa hacia los países africanos de origen y tránsito. De forma poco sutil se vincula directamente la cooperación al desarrollo con el control de los flujos migratorios desde una perspectiva de seguridad y policial, algo que explícitamente llevan propugnando las instituciones comunitarias desde que, hace unos años, se puso en marcha el llamado “enfoque global de la migración”.
El mensaje político es claro. Se condiciona el acceso a la cooperación europea por parte de los Estados africanos a su implicación en la política de externalización de la UE, que conlleva el refuerzo de los controles fronterizos en estos países, para evitar la salida o tránsito de los flujos migratorios, por vías irregulares, a través de sus territorios y la suscripción de acuerdos de readmisión que favorezcan la expulsión de migrantes africanos en situación irregular desde Europa. Lo anterior se agrava si se tiene en cuenta que la realidad institucional de muchos de estos países africanos oscila entre el “Estado fallido”, los regímenes dictatoriales o las estructuras democráticas extremadamente débiles y/o incipientes, lo que pone en cuestión la indemnidad de los derechos fundamentales de las personas objeto de ese incremento de controles fronterizos o del principio de no devolución a través de los tratados de readmisión. España tiene el triste honor de ser destacada como ejemplo pionero de “éxito” en la utilización de la cooperación condicionada como herramienta de control de flujos migratorios, gracias a los conocidos como Planes África que se pusieron en marcha en África Occidental tras la “crisis de los cayucos” que afectó a Canarias en el año 2006.
Cuando a finales de los 70 y principios de los 80 del pasado siglo empezó a consolidarse la cooperación al desarrollo “moderna”, la justificación ético-política de la misma se formuló como una suerte de “deuda histórica” contraída por los países del Norte respecto a los del Sur, consecuencia de siglos de expolio colonial. Desde este punto de vista, cualquier condición o contrapartida política exigida a cambio de la misma debería ser considerada como contraria a su esencia. Sin embargo, ni la Unión Europea ni sus Estados miembro tienen pudor alguno en presentar sus iniciativas de cooperación al desarrollo integradas dentro de sus políticas de control de fronteras y gestión de flujos migratorios, a pesar de que además se tenga la certeza de que ello conllevará un alto nivel de vulneración de Derechos Humanos como “daño colateral”.
Desde la ciudadanía europea deberíamos exigir a nuestros representantes políticos nacionales y comunitarios un radical cambio de rumbo tanto en las políticas de cooperación al desarrollo, para que se guíen exclusivamente por criterios de solidaridad, justicia y reparación histórica, como en las de fronteras/migratorias, para que sometan de una vez por todas a un estricto respeto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La pasada semana tuvo lugar en La Valeta (Malta) una cumbre euroafricana que reunió a representantes de la UE, de sus Estados miembro y de países africanos para tratar la “gestión” de los flujos migratorios que desde África se dirigen a suelo europeo. Este encuentro fue precedido por el anuncio por parte de la Unión de que va a habilitar un fondo de cooperación al desarrollo de 1.800 millones de euros (que podría llegar hasta 3.600) destinado a nuestros vecinos del continente situado al Sur del Mediterráneo.
Esta aparente buena noticia queda correctamente contextualizada cuando nos asomamos a las conclusiones de la citada cumbre: tras unas alusiones genéricas a la atención a las causas de los movimientos migratorios involuntarios o a la protección de las personas migrantes y refugiadas, las concreciones prácticas se concentran en la “lucha” contra la inmigración irregular y en facilitar las expulsiones/devoluciones desde Europa hacia los países africanos de origen y tránsito. De forma poco sutil se vincula directamente la cooperación al desarrollo con el control de los flujos migratorios desde una perspectiva de seguridad y policial, algo que explícitamente llevan propugnando las instituciones comunitarias desde que, hace unos años, se puso en marcha el llamado “enfoque global de la migración”.