Nos encontramos en nuestro país en una clara situación de emergencia social, como lo demuestran los datos económicos conocidos por la EPA del último trimestre del 2013.
Los datos en Andalucía son aún más catastróficos. El paro alcanza ya 1.446.600 personas, lo que sitúa la tasa de desempleo en nuestra comunidad en el 36,32 % de la población (10 puntos por encima de España); cerca de 3,5 millones de andaluces, el 31,68 % (en España es el 27%), viven bajo el umbral de la pobreza. Seis de cada 100 niños andaluces están en situación de extrema pobreza, por lo que la Junta de Andalucía aprobó un decreto para garantizar que los menores cuyas familias están en situación más extrema coman al menos tres veces al día. En nuestra Comunidad, cada día son más frecuentes “las caravanas de la miseria”, es decir, grupos de hombres, mujeres, ancianos y niños, que corren hacia los contenedores donde el Supermercado cercano ha arrojado los desperdicios del día, para apoderarse de su ración, así como se multiplican los “rebuscadores de los contenedores” de la vía pública, los modernos “traperos de antaño”.
Frente a la miseria de esta gran mayoría, los ricos son cada vez más ricos. Según el Informe FOESSA de Cáritas, los ingresos medios de las personas más ricas de España son siete veces superiores al nivel medio de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y desde el comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30%. Amancio Ortega, el dueño de Inditex, es la tercera persona más rica del mundo y el número de españoles con más de 1.000 millones de euros ha ascendido de 16 a los 20, a pesar de la grave crisis económica por la que atraviesa el país. Entre ellos, Marta Ortega Mera, la hija de Amancio Ortega, Emilio Botín y Juan Roig, propietario de Mercadona, se sitúan en los primeros puestos.
El problema de nuestra sociedad no es la producción de bienes, sino su distribución. Según el sociólogo suizo Jean Ziegler, actualmente se producen alimentos suficientes para alimentar a 12.000 millones de personas y sólo somos 7.000. Lo que ocurre es que las grandes multinacionales los acaparan y los trasforman en escasos para poder sacar mayor beneficio con su venta. Las cosas no sirven ya por su uso intrínseco —el pan para alimentarnos, la casa para guarecernos, decía Bertolt Brecht —sino por su capacidad de dar ganancias a quien las posee. Pues, precisamente para remediar estas desigualdades, hemos constituido a nivel español y andaluz diversas Plataformas para proponer y trabajar por el establecimiento de una Renta Básica Universal. Su implantación contribuiría a distribuir mejor la riqueza de nuestro país y haría desaparecer la pobreza.
¿Qué es la Renta Básica Universal (RBU)? La RBU es una asignación monetaria individual, universal e incondicional. Eso quiere decir que a diferencia de las rentas básicas de inserción y otros subsidios más o menos generalizados en el Estado o Comunidades Autónomas, no hay que cumplir ninguna condición previa, como ser pobre o estar en el paro para percibirla. Se recibiría del Estado sin ninguna condición, sólo por ser ciudadano o residente acreditado, independientemente de que trabaje o no.
¿Qué cantidad se recibiría? La cantidad a percibir debe estar por encima del umbral de la pobreza. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del 2013, publicada por el INE, el umbral de riesgo de pobreza en ese año se situó en 7.040 € por persona/año, por lo que la cantidad a percibir por cada persona como RB debe fijarse en 7.500 € al año, 625 € mensuales.
¿Cómo se financiaría? Distribuyendo y repartiendo la riqueza de los que más tienen, mediante una reforma fiscal del IRPF, para reducir lo más que se pueda esa brecha del 30% que separa a ricos y pobres en nuestro país. Amancio Ortega, Botín etc., también recibirían esta RB porque, por principio es para todo ciudadano, universal, pero con esta reforma fiscal ellos pagarían mucho más de lo que lo hacen ahora, en beneficio de los que nada tienen.
¿Qué efectos positivos tiene su implantación? Además de ser un instrumento de distribución de la Renta, la pobreza desaparecería de España y, al ser un colchón económico para todas las personas, les permitiría vivir con cierto desahogo y emprender nuevos modos de vida más saludables. Es también un medio de lucha por la igualdad de género, porque la mujer se enfrentaría mejor a las relaciones patriarcales dentro de la familia y de desigualdad en el trabajo y, sobre todo, es un instrumento de resistencia para la lucha de los trabajadores. Haría perder el miedo al paro y al hambre.
La implantación de una RBU no pretende sustituir al gasto público del Estado en enseñanza, sanidad, dependencia etc., sino que, además de exigir el cumplimiento efectivo de estos DDHH, asumidos en nuestra Constitución y que, junto al trabajo y la vivienda, sean reales y no solo formales, sus defensores pretenden además que se haga realidad también otro derecho anterior y fundamental, como es el “derecho a la vida”, señalado en el art. 3º de la Declaración de los DDHH y en el art. 15 de nuestra Constitución. Derecho a la vida, no solo del nasciturus, como reclama el PP, sino del ya nacido, lo que supone que cada persona tenga el mínimo vital de subsistencia, concretado en el párrafo 3 del art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, como un Derecho a la Renta básica o Ingreso ciudadano universal.
Y ello, junto a un techo, la enseñanza, la sanidad etc., para que todo ser humano se pueda desarrollar como persona, aun siendo dependiente o discapacitado y, al final de sus días, tenga también una asistencia garantizada. Por lo que, otorgar esta RBU a los ciudadanos/as, no es quitar la responsabilidad del Estado, ni de los partidos que deben luchar porque eso se cumpla. La RBU es el principal y más básico de los DDHH, que no quita el uso del resto de derechos sociales adquiridos tras muchas luchas: al trabajo, a la vivienda, a la enseñanza, la sanidad, la dependencia etc., con las correspondientes obligaciones que tales derechos conllevan.
Esta propuesta de una RBU no es una vana utopía. En Alaska está establecida desde hace 25 años y ni la misma Sarah Palin se atrevió a suprimirla siendo gobernadora. En nuestro país se han hecho estudios de viabilidad en Catalunya, Extremadura y Galicia y se presentó también otro estudio de viabilidad en Guipúzcoa, en el XIII simposio sobre la RB que se celebró en Donosti, en enero pasado. Esperamos que el gobierno andaluz encargue también ese estudio de viabilidad, como se ha comprometido Manuel Baena, de IU, con la plataforma sevillana por una Renta Básica Universal. Ciertamente, nuestra propuesta de una RBU no es una utopía, pero solamente del pueblo, de todos nosotros en particular, depende el que esta RBU se haga realidad un día.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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