La trama andaluza del 'cártel del fuego' debe más de 4 millones por incumplir la ley de subvenciones

“Los proyectos no podrán estar iniciados antes de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda”. Así lo dicta el artículo 7 del Decreto 24/2001 que establece los requisitos mínimos para que un proyecto pueda ser subvencionable. Es precisamente en ese punto donde 'pinchan en hueso' dos de los proyectos por los que Faasa, empresa aeronáutica andaluza que la policía conecta con el 'cártel del fuego' nacional y que presuntamente se dedicaba a manipular los concursos públicos de lucha contra incendios, obtuvo 4.459.282 euros en subvenciones, que ahora tendría que devolver al erario público.

En un informe que forma parte del sumario del cartel del fuego andaluz al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía, el interventor general de la Junta de Andalucía, Vicente Fernández Guerrero, sostiene que habría que reintegrar “la totalidad de la ayuda” de “dos de los proyectos examinados”. Dichos proyectos habrían servido para financiar la compra de dos helicópteros Kamov, aeronave rusa muy empleada en la extinción de incendios.

El interventor incide en que las operaciones de compraventa se llevaron a cabo antes de que se recibiera la ayuda y que, por tanto, se habría incumplido así con la normativa de subvenciones y con el “efecto incentivador” que éstas han de tener. El funcionario acude a la normativa europea para recordar que las ayudas concedidas a una PYME como Faasa “tienen un efecto incentivador si, antes de comenzar a trabajar en el proyecto o actividad, el beneficiario ha presentado una solicitud de ayuda al Estado miembro de que se trate”.

Vicente Fernández recuerda que “existe un efecto incentivador cuando la ayuda cambia el comportamiento de una empresa de modo que esta emprenda una actividad adicional que contribuya al desarrollo de una zona, actividad que no habría rechazado sin la ayuda, o que sólo habría emprendido de una manera limitada o diferente o en otro Jugar. La ayuda no debe subvencionar los costes de una actividad en los que la empresa habría incurrido en cualquier caso, ni debe compensar el riesgo empresarial normal de una actividad económica”.

De este modo, el interventor demuestra que la compra de un helicóptero Kamov (“contrato de compraventa suscritó entre la mercantil y Kamov con fecha 8 de febrero de 2006”) se llevó a cabo dos semanas antes de la solicitud de la ayuda, el 21 de febrero, para el proyecto 'Faasa ante un nuevo camino: la modernización y la innovación su gran reto', con el que se estipulaba, entre otros, la construcción de un hangar y la adquisición de dos aviones y dos helicópteros por más de 3 millones de euros.

Por otro lado, la Junta de Andalucía aportó más de un millón de euros para que Faasa pudiera ampliar su flota con la “adquisición de un helicóptero Kamov, con objeto de mejorar sustancialmente la prestación de los servicios de la empresa” en su proyecto 'Faasa abre fronteras'.

En este caso, según hace constatar el funcionario, “la mercantil suscribió un contrato de leasing el 16 de noviembre de 2007 con el BBVA por importe de 4.314.109 euros”, pero “la solicitud del incentivo se presentó con posterioridad a dicha fecha, concretamente, el 19 de diciembre de 2007”.

El interventor recalca que el arrendamiento financiero (leasing) fue una manera de financiar una operación de compraventa firmada entre Faasa y Kamov el 25 de octubre de 2007, de la que quedó constancia en el contrato mercantil, es decir, casi dos meses antes de la solicitud de la ayuda.

Audiencia Nacional: integro de la totalidad

Intervención tira de jurisprudencia para determinar que Faasa ha de reintegrar “la totalidad de la ayuda” y apunta a una sentencia de la Audiencia Nacional del 16 de febrero de 2015: “sentado lo anterior, no cabe sino declarar que el incumplimiento del referido requisito sobre el inicio de las inversiones, por su propia naturaleza, implica un incumplimiento total de una condición establecida como premisa básica y esencial para el disfrute de los incentivos (…), pues la subvención no se hubiese concedido de conocer previamente la Administración el incumplimiento de dicho requisito, con la consiguiente pérdida total de los beneficios otorgados a la entidad, ya que no cabe efectuar graduación alguna de dicho incumplimiento, a efectos de reducir la subvención concedida en el porcentaje que pudiese corresponder”.

Fuentes de Faasa le aseguran a eldiario.es Andalucía que no han tenido acceso al sumario y que no pueden hacer valoraciones a priori, pero que en cualquier caso, recurrirán a la vía administrativa, cuando se le solicite el reintegro de las ayudas. Creen que estos reintegros no deberían ser totales, porque los helicópteros se han adquirido.

Subrayan que, en cualquier caso, “no se puede hablar de irregularidades, sino de mala praxis” y recuerdan que, según las informaciones que tienen sobre el informe, “se cumplen todos los requisitos” para recibir una subvención, menos en este apartado al que hace mención el interventor.

Desde Ecologistas en Acción, que están personados en la causa como acusación, señalan que están “absolutamente extrañados con la magnitud que está tomando el caso. Esperamos que la Junta de Andalucía le reclame a Faasa la devolución de los más de cuatro millones de euros. Esperamos también que no haga más recortes ni de recursos humanos de los bomberos forestales, ni de recursos materiales para la prevención de incendios”.

Investigaciones policiales

Investigaciones policialesLas investigaciones de las ayudas concedidas a Faasa proceden de un sumario en el que la UDEF (Unidad Adscrita a juzgados, tribunales y fiscalía) de la policía nacional asume que cuatro empresas aeronáuticas andaluzas se ponían presuntamente de acuerdo para “alterar los precios de mercado” en concursos del Infoca.

La investigación parte de un concurso público denunciado por un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente que se encontraba presente en la mesa de contratación. Faasa, Trabajos Aéreos Espejo, Saeta y SAP se presentaron, junto a Inaer, a una adjudicación del Infoca para fletar medios aéreos de lucha contra el fuego por 70 millones de euros para las campañas comprendidas entre 2015 y 2018.

Al cometer el presunto delito de alteración de concurso público, Faasa, la principal beneficiaria, se hizo con tres de los cinco lotes de la adjudicación por la máxima cantidad (más de 60 millones de euros) y sin temor a que otra empresa pudiera arrebatársela.

El funcionario de cuya denuncia parte la investigación policial advirtió al jefe de la mesa de contratación de que se estaba cometiendo una colusión de empresas. El jefe de la mesa de contratación, que también es jefe de los servicios de contratación de la Consejería de Medio Ambiente, hizo caso omiso a la advertencia de su funcionario.

“Las empresas concursantes venían concertándose para alterar los precios de mercado, extremo que se hubiese podido evitar si el jefe de la mesa de contratación hubiese remitido sus sospechas a la Comisión Andaluza de la Competencia, desde donde probablemente incoara expediente de sanción administrativa”, indica la Udef (Unidad Adscrita a juzgados, tribunales y fiscalía) en el informe que remite al juzgado de instrucción número 8 de Sevilla.

En informes anteriores, la policía conectó la trama andaluza del 'cártel del fuego' con la nacional. El juzgado número 2 de Sagunto (Valencia) ha estado instruyendo las investigaciones de una “colusión de empresas del sector aeronáutico”, un pacto entre una decena de empresas que se reparten el pastel de los concursos públicos de la lucha contra el fuego en España, Italia y Portugal. Al igual que en Andalucía, se les imputa el delito de alteración de los precios de concursos públicos en contra de los intereses de los consumidores. Según la policía, las cuatro empresas andaluzas conforman “un porcentaje considerable de las empresas investigadas” a nivel nacional .