Una sociedad puede sobrevivir al nepotismo e incluso a la corrupción, pero no a la indigencia intelectual de sus líderes políticos, a la falta de formación de éstos, a políticos orgullosos de su ignorancia o a tener dirigentes en puestos de responsabilidad que no conozcan la historia o, en el peor de los casos, que la retuerzan por puro beneficio oportunista para sus tesis políticas. Estos días, a raíz de unas declaraciones de Pablo Iglesias en las que afirmó que “si la ley no sirve, hay que adaptar la ley a la democracia, que es lo que el pueblo andaluz obligó a hacer a las instituciones hace 40 años”, Susana Díaz está intentando reescribir la historia del proceso autonomista andaluz para atacar al líder de Podemos y vincularlo con el independentismo catalán.
Susana Díaz acusa a Pablo Iglesias de reescribir la historia, por decir el líder de Podemos una obviedad: si Andalucía hubiera cumplido la legalidad vigente en la Transición no tendría hoy autonomía política. La presidenta andaluza señala con el dedo acusador a Iglesias por “mala fe” y confundiendo estar a favor con el derecho a decidir para resolver el conflicto catalán con ser favorable a la independencia. Da igual que no conozcan la historia o que truquen la verdad histórica, lo importante es disparar contra Podemos que propone algo tan sensato y democrático como la vía andaluza para resolver el conflicto catalán.
Si Susana Díaz se ciñera a los hechos tal como ocurrieron, sobre la gesta que protagonizó el pueblo andaluz en la Transición, sabría que fue la voluntad democrática de los andaluces y andaluzas, y no la legalidad vigente en aquel momento, lo que permitió que Andalucía fuera considerada una nacionalidad histórica al nivel de País Vasco, Cataluña y Galicia. Es la voluntad democrática la que consigue modificar la ley y no las leyes las que consiguen modificar las voluntades democráticas de la ciudadanía. Póngaselo en un cartel en la puerta de su despacho.
Fue la voluntad democrática de las mujeres que abortaban fuera de la ley lo que consiguió que el aborto fuera un derecho; fue la voluntad democrática de los negros por acabar con el apartheid, que los separaba en los baños públicos o en el transporte público, lo que cambió la ley y consiguió que la igualdad racial fuera legal; fue la voluntad democrática de los obreros por lo que la explotación laboral dejó de ser legal; fue la voluntad de los periodistas por ser libres, sacando a las calles publicaciones contrarias a la ley, lo que permitió la libertad de prensa.
Fue la voluntad democrática de los españoles, haciendo huelgas ilegales, manifestaciones ilegales, reuniéndose ilegalmente y militando en partidos políticos y asociaciones ilegales para el franquismo, lo que permitió que la democracia fuera legal. Fue la voluntad democrática de los andaluces y andaluzas, escenificada en las históricas y épicas manifestaciones del 4 de Diciembre de 1977 en las que dos millones de personas abarrotaron las ocho capitales de provincia por el derecho a decidir de los andaluces a ser como los primeros y no como los demás, lo que obligó a la UCD a aprobar la ‘Ley del Referéndum sobre el Proceso Autonómico de Andalucía’, que permitió una consulta vinculante, legal y pactada en la que el pueblo andaluz votó masivamente a favor de tener autonomía política de primera división.
A pesar de que la mayoría absoluta de los andaluces votaron a favor de la autonomía plena el 28 de febrero de 1980, Andalucía no cumplió con la legalidad vigente porque en la provincia de Almería, aunque ganó el sí, no votó a favor la mayoría absoluta del censo, que era uno de los requisitos de la legislación aprobada para la ocasión por el Gobierno de Adolfo Suárez.
Con la ley en la mano, el 28 de febrero de 1980 los andaluces no habríamos conseguido la autonomía. Una de las protagonistas de aquella campaña por el referéndum, la inolvidable Concha Caballero que tanta falta nos harían ahora sus reflexiones, escribió en un capítulo de un libro sobre la autonomía andaluza cómo muchos militantes de la izquierda andaluza la noche del referéndum estaban abatidos por los resultados electorales. La misma Concha Caballero contaba en este capítulo que la ultraderecha quemó banderas andaluzas delante de la sede del PCE de Jaén aquella noche de alegría cortocircuitada por los resultados en Almería. De la pena, Concha Caballero se fue a su casa porque no había motivos para celebrar nada. Había ganado el sí, pero no se cumplía la ley. Concha Caballero aquella noche se fue a la cama pensando que Andalucía no tendría autonomía política. Así lo hicieron todos los andaluces.
Sin embargo, la ley no fue un impedimento para que Andalucía entrara en la autonomía por la misma puerta que Cataluña, Galicia y País Vasco. Un atajo político permitió que Andalucía fuera como la primera incluso no habiendo cumplido la ley. La voluntad democrática de los andaluces se impuso a la Ley del Referéndum. Todos los obstáculos los superó el pueblo andaluz gracias a la negociación política, al diálogo y a la reforma de la ley, que es justo lo que ahora se le niega al pueblo catalán para que se pueda celebrar un referéndum legal, pactado y vinculante en el que los contrarios a la independencia puedan decir que quieren seguir siendo parte de España sin necesidad de tener que usar la fuerza bruta policial contra los independentistas.
Finalmente, los cinco diputados del Partido Socialista de Andalucía de Alejandro Rojas Marcos dieron su voto favorable a una moción de confianza a la que se sometió el Gobierno de Adolfo Suárez, a cambio de que Andalucía pudiera acceder a la autonomía política y ganándose una campaña del PSOE andaluz en la que acusaron a los andalucistas de traidores a la causa andaluza por pactar con UCD.
Así, el 23 de octubre de 1980 se firmó el acuerdo para modificar la legislación vigente que permitió eliminar el requisito que impedía el acceso a las mayores cotas de autogobierno al pueblo andaluz. Andalucía no consiguió su autonomía cumpliendo la ley, sino derribando la legalidad vigente para construir una nueva en la que cupieran nuestros sueños de libertad, igualdad, amnistía y Estatuto de Autonomía. Póngaselo en la puerta de su despacho y hágaselo llegar a Mariano Rajoy, señora presidenta de Andalucía.
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